El gobierno uruguayo denuncia "golpe de Estado" en Brasil
La coalición gobernante Frente Amplio (FA) de Uruguay manifestó su "total rechazo" a la decisión de la Cámara baja de Brasil de continuar el trámite para un proceso con fines de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, medida que denunció como un "golpe de estado".
"El instrumento de juicio político (impeachment) sin fundamento jurídico que lo sustenta es, en los hechos, un golpe parlamentario", advirtió la declaración del secretariado ejecutivo de la fuerza oficialista uruguaya.
Asimismo, el comunicado indicó que "no existe ninguna acusación de acto de corrupción" sobre Rousseff "en tanto existen investigaciones concretas sobre el 50% de quienes votaron a favor del juicio político".
El FA señaló que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, está "acusado de tener cuentas ilegales en Suiza vinculadas a coimas".
Además, señaló que el vicepresidente brasileño, Michel Temer, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, ex aliado del oficialista Partido de los Trabajadores), está involucrado en el "lava jato", nombre de la operación judicial contra la gigantesca red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
La agrupación de partidos de izquierda de Uruguay afirmó también que el objetivo de la derecha para cesar a Rousseff es "retomar el poder político y económico para sacar a Brasil del liderazgo del proceso de integración continental soberano y autónomo (Mercosur, Unasur, Celac)".
La declaración, difundida por la agencia EFE, añadió que este movimiento político persigue también el objetivo de "alinear" a Brasil con "las políticas económicas desde los grandes centros de poder".
El escrito recordó que esta "arremetida continental de la derecha con golpes de estado de nuevo tipo" ya tuvo sus efectos con las destituciones de Manuel Zelaya en Honduras y de Fernando Lugo en Paraguay.
Rousseff está a un paso de enfrentar un juicio político con miras a su destitución, después de que la Cámara de Diputados decidiera el domingo por 367 votos frente a 137 que el proceso deberá proseguir en el Senado.
La acusación a Rousseff se fundamenta en unas maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.
"El instrumento de juicio político (impeachment) sin fundamento jurídico que lo sustenta es, en los hechos, un golpe parlamentario", advirtió la declaración del secretariado ejecutivo de la fuerza oficialista uruguaya.
Asimismo, el comunicado indicó que "no existe ninguna acusación de acto de corrupción" sobre Rousseff "en tanto existen investigaciones concretas sobre el 50% de quienes votaron a favor del juicio político".
El FA señaló que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, está "acusado de tener cuentas ilegales en Suiza vinculadas a coimas".
Además, señaló que el vicepresidente brasileño, Michel Temer, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, ex aliado del oficialista Partido de los Trabajadores), está involucrado en el "lava jato", nombre de la operación judicial contra la gigantesca red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
La agrupación de partidos de izquierda de Uruguay afirmó también que el objetivo de la derecha para cesar a Rousseff es "retomar el poder político y económico para sacar a Brasil del liderazgo del proceso de integración continental soberano y autónomo (Mercosur, Unasur, Celac)".
La declaración, difundida por la agencia EFE, añadió que este movimiento político persigue también el objetivo de "alinear" a Brasil con "las políticas económicas desde los grandes centros de poder".
El escrito recordó que esta "arremetida continental de la derecha con golpes de estado de nuevo tipo" ya tuvo sus efectos con las destituciones de Manuel Zelaya en Honduras y de Fernando Lugo en Paraguay.
Rousseff está a un paso de enfrentar un juicio político con miras a su destitución, después de que la Cámara de Diputados decidiera el domingo por 367 votos frente a 137 que el proceso deberá proseguir en el Senado.
La acusación a Rousseff se fundamenta en unas maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.