"Digan lo que digan estamos en emergencia ocupacional"

Escribe Myriam Bregman *

Está claro que el plan gubernamental en materia económica es bajar la inflación profundizando la recesión. Esto traerá inevitablemente más despidos y, por esa vía, la creación del terreno para sostener y aumentar la baja del salario real promedio. Este es el "secreto" para conseguir la entrada de supuestas inversiones. Es decir que el aumento del desempleo es funcional a los designios del gobierno de Mauricio Macri y su equipo de CEOs. Por lo tanto, y diga lo que digan los voceros gubernamentales y sus periodistas aliados, estamos en una emergencia ocupacional.

Hace unos meses presentamos junto con Nicolás del Caño un proyecto de prohibición de despidos por 24 meses, que no deja afuera a ningún trabajador más allá de su modalidad contractual o si está registrado o no. También plantea, siguiendo la tradición de los trabajadores argentinos que a principios de este siglo recuperaron cientos de empresas poniéndolas a producir, que toda empresa que cierra o despida masivamente sea estatizada y puesta a producir bajo la gestión de sus trabajadores.

En el Senado se le dio media sanción a una ley que prohíbe los despidos por 18 meses y que plantea la doble indemnización. No es retroactivo como un acuerdo al que se había llegado en una comisión en Diputados, por lo que los que ya están despedidos quedan afuera. No obstante estas limitaciones, las grandes patronales se pusieron en movimiento para evitar su sanción, a como fuera. Macri los representa, es su gobierno, y por eso anunció decenas de veces que vetaría esta ley que "le hace mal a los argentinos", una forma muy particular de decir que les hace mal a los de su clase social.

¿Por qué tanta saña contra un proyecto más que tibio para ponerle freno a los despidos? Porque quieren luz verde para profundizar el saqueo y la transferencia de ingresos que se está operando desde la clase trabajadora hacia los sectores más concentrados de la economía. Tienen a su gobierno y las quieren todas.

Salvo excepciones, la dirigencia sindical de las CGT y las CTA le dio una preciosa tregua al gobierno ajustador de Macri. El Frente para la Victoria, por su parte, aplica ajustes durísimos allá donde gobierna, con despidos y rebajas salariales, como en Tierra del Fuego y Santa Cruz.

Ahora todos dicen sostener la media sanción del Senado contra los despidos. Nosotros fuimos quienes planteamos, hace casi dos meses, la necesidad de una sesión especial en Diputados para sancionarla, ya que la oposición tiene quórum de sobra. Sin embargo, las dilaciones continúan. Si se llegara a votar, Macri ya anunció el veto.

La única manera de sortear todas las maniobras dilatorias que estamos presenciando y un eventual veto presidencial es desarrollando una verdadera movilización. Más que nunca las centrales sindicales deberían convocar a un paro general y a un plan de lucha para imponer de una buena vez la ley la prohibición de los despidos y también contra la pérdida del poder adquisitivo del salario como consecuencia de los tarifazos y la inflación.

(*) Diputada nacional por el PTS-Frente de Izquierda.