El fiscal de Estado del Chubut, Diego Martínez Zapata, cuestionó el pronunciamiento del Colegio de Abogados de Puerto Madryn y advirtió que “a todos los cuerpos colegiados de abogados se les pidió opinión sobre las propuestas que realizó el Poder Ejecutivo para cubrir las vacantes del Superior Tribunal de Justicia”.
“El gobierno lo único que hace es cumplir estrictamente la manda constitucional que establece el mecanismo de designación de los jueces del Superior. Al menos por honestidad intelectual, el doctor Castillo Maisen debería haber expresado que la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura Provincial cursó a todos los colegios de abogados la invitación para que emitan opinión fundada sobre los colegas propuestos para ocupar los cargos del Superior Tribunal de Justicia, acción que fue ejercitada por una gran mayoría de los Colegios de Abogados, razón por la que resulta errada la afirmación de falta de participación y opinión”, expresó el fiscal de Estado.
DOCUMENTO TEXTUAL
“Como abogado colegiado y miembro de este gobierno, lamento y considero que las declaraciones del documento que firma el presidente del colegio de abogados de Puerto Madryn, Castillo Maisen, se encuentran sesgadas por un antojo personal y huérfano de la objetividad que amerita el tema abordado, por cuanto allí se soslaya la manda constitucional regulada en el artículo 166 de nuestra constitución que establece el mecanismo de designación de los miembros del superior tribunal de justicia; se “olvida” mencionar curiosamente que desde la Comisión de Asuntos Constitucionales de Legislatura Provincial, se le curso a todos los colegios de abogados invitación para que emitan opinión fundada sobre los colegas propuestos para ocupar los cargos en el Superior Tribunal de justicia, acción que fue ejercitada por una gran mayoría de los colegios de abogados, razón por la que resulta errada la afirmación de falta de participación y opinión”.
“Asimismo, por honestidad intelectual esto debió haberse consignado en el documento, como también, poner en valor la relevante decisión política del gobernador Das Neves de establecer e incluir el mecanismo de audiencias públicas para la selección de magistrados a ocupar el STJ en la reforma constitucional que venimos trabajando políticamente hace tres meses desde este gobierno”.
“Lo que cuestiona el colegio de abogados de Puerto Madryn en su documento, es la propia letra de la constitución provincial –art. 166-, motivo por el que estamos trabajando para que esto sea objeto e inclusión de reforma de nuestra constitución, donde sobre el particular asunto, guardan un peculiar silencio”.
“La situación de coyuntura en el poder judicial, particularmente en el superior tribunal de justicia se viene plateando desde hace más de un año y medio cuanto menos, y este gobierno ejercito prerrogativas constitucionales propias para normalizar la composición y funcionamiento del Superior Tribunal de Justicia, y esto jamás puede agraviar a nadie. A no dudarlo, que seguramente algunos de los que hoy se rasgan las vestiduras por las audiencias públicas, antes de la creación del consejo de la magistratura y en un pasado no tan lejano, formaron parte del grupo cerrado de abogados que elegían en un estudio a los jueces y votaban en función de ello según alguna particular apetencia, y eso si es cuestionable”.
“Tal como lo sostiene el colegio de abogados, el cargo de juez no es un cargo político, para eso está el consejo de la magistratura, donde los abogados tenemos representación, voz y voto, pero sobre este análisis, el gobierno se apega a la constitución provincial para cubrir las vacantes del superior tribunal de Justicia, ni más ni menos, y ello de ninguna manera puede ofender a nadie, menos aún, a la comunidad del derecho de la que formo parte”.
“El documento del colegio de abogados de Puerto Madryn, pareciera anteponer aspiraciones o afinidades personales, por sobre la ley y el bien colectivo, sosteniendo torcidas conjeturas impropias “como devolver favores”, cuando ello no existe y mucho menos se permiten esas espurias practicas en esta gestión de gobierno. En fin, resulta tendencioso y de escasa buena fe el citado documento del Colegio de Puerto Madryn, al exigir un mecanismo transparente y democrático, cuando lo que se efectúa es el estricto cumplimiento de la constitución provincial, donde allí radica la transparencia y legalidad de la propuesta y selección de los candidatos, sumado a que la cuota democrática que exigen también está cumplida, ya que la legislatura provincial es quien debe aprobar los pliegos de los colegas que fueran propuestos y en cuanto a la participación los colegios ya brindaron sus opiniones por escrito”.
“Pareciera insisto una sinrazón de quejarse por la propia existencia de una norma constitucional, en lugar de ponderar la acción de gobierno de normalizar la composición del superior tribunal de nuestra provincia, que redundara en beneficio de todos los justiciables, de los operadores del sistema, como del propio poder judicial que necesita del pleno de su cuerpo máximo de conducción institucional”.
El fiscal de Estado del Chubut, Diego Martínez Zapata, cuestionó el pronunciamiento del Colegio de Abogados de Puerto Madryn y advirtió que “a todos los cuerpos colegiados de abogados se les pidió opinión sobre las propuestas que realizó el Poder Ejecutivo para cubrir las vacantes del Superior Tribunal de Justicia”.
“El gobierno lo único que hace es cumplir estrictamente la manda constitucional que establece el mecanismo de designación de los jueces del Superior. Al menos por honestidad intelectual, el doctor Castillo Maisen debería haber expresado que la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura Provincial cursó a todos los colegios de abogados la invitación para que emitan opinión fundada sobre los colegas propuestos para ocupar los cargos del Superior Tribunal de Justicia, acción que fue ejercitada por una gran mayoría de los Colegios de Abogados, razón por la que resulta errada la afirmación de falta de participación y opinión”, expresó el fiscal de Estado.
DOCUMENTO TEXTUAL
“Como abogado colegiado y miembro de este gobierno, lamento y considero que las declaraciones del documento que firma el presidente del colegio de abogados de Puerto Madryn, Castillo Maisen, se encuentran sesgadas por un antojo personal y huérfano de la objetividad que amerita el tema abordado, por cuanto allí se soslaya la manda constitucional regulada en el artículo 166 de nuestra constitución que establece el mecanismo de designación de los miembros del superior tribunal de justicia; se “olvida” mencionar curiosamente que desde la Comisión de Asuntos Constitucionales de Legislatura Provincial, se le curso a todos los colegios de abogados invitación para que emitan opinión fundada sobre los colegas propuestos para ocupar los cargos en el Superior Tribunal de justicia, acción que fue ejercitada por una gran mayoría de los colegios de abogados, razón por la que resulta errada la afirmación de falta de participación y opinión”.
“Asimismo, por honestidad intelectual esto debió haberse consignado en el documento, como también, poner en valor la relevante decisión política del gobernador Das Neves de establecer e incluir el mecanismo de audiencias públicas para la selección de magistrados a ocupar el STJ en la reforma constitucional que venimos trabajando políticamente hace tres meses desde este gobierno”.
“Lo que cuestiona el colegio de abogados de Puerto Madryn en su documento, es la propia letra de la constitución provincial –art. 166-, motivo por el que estamos trabajando para que esto sea objeto e inclusión de reforma de nuestra constitución, donde sobre el particular asunto, guardan un peculiar silencio”.
“La situación de coyuntura en el poder judicial, particularmente en el superior tribunal de justicia se viene plateando desde hace más de un año y medio cuanto menos, y este gobierno ejercito prerrogativas constitucionales propias para normalizar la composición y funcionamiento del Superior Tribunal de Justicia, y esto jamás puede agraviar a nadie. A no dudarlo, que seguramente algunos de los que hoy se rasgan las vestiduras por las audiencias públicas, antes de la creación del consejo de la magistratura y en un pasado no tan lejano, formaron parte del grupo cerrado de abogados que elegían en un estudio a los jueces y votaban en función de ello según alguna particular apetencia, y eso si es cuestionable”.
“Tal como lo sostiene el colegio de abogados, el cargo de juez no es un cargo político, para eso está el consejo de la magistratura, donde los abogados tenemos representación, voz y voto, pero sobre este análisis, el gobierno se apega a la constitución provincial para cubrir las vacantes del superior tribunal de Justicia, ni más ni menos, y ello de ninguna manera puede ofender a nadie, menos aún, a la comunidad del derecho de la que formo parte”.
“El documento del colegio de abogados de Puerto Madryn, pareciera anteponer aspiraciones o afinidades personales, por sobre la ley y el bien colectivo, sosteniendo torcidas conjeturas impropias “como devolver favores”, cuando ello no existe y mucho menos se permiten esas espurias practicas en esta gestión de gobierno. En fin, resulta tendencioso y de escasa buena fe el citado documento del Colegio de Puerto Madryn, al exigir un mecanismo transparente y democrático, cuando lo que se efectúa es el estricto cumplimiento de la constitución provincial, donde allí radica la transparencia y legalidad de la propuesta y selección de los candidatos, sumado a que la cuota democrática que exigen también está cumplida, ya que la legislatura provincial es quien debe aprobar los pliegos de los colegas que fueran propuestos y en cuanto a la participación los colegios ya brindaron sus opiniones por escrito”.
“Pareciera insisto una sinrazón de quejarse por la propia existencia de una norma constitucional, en lugar de ponderar la acción de gobierno de normalizar la composición del superior tribunal de nuestra provincia, que redundara en beneficio de todos los justiciables, de los operadores del sistema, como del propio poder judicial que necesita del pleno de su cuerpo máximo de conducción institucional”.