El fiscal de Estado del Chubut, Diego Martínez Zapata, cuestionó el pronunciamiento del Colegio de Abogados de Puerto Madryn y advirtió que “a todos los cuerpos colegiados de abogados se les pidió opinión sobre las propuestas que realizó el Poder Ejecutivo para cubrir las vacantes del Superior Tribunal de Justicia”.
“El gobierno lo único que hace es cumplir estrictamente la manda constitucional que establece el mecanismo de designación de los jueces del Superior. El doctor Castillo Maisen debería haber expresado que la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura Provincial cursó a todos los colegios de abogados la invitación para que emitan opinión fundada sobre los colegas propuestos para ocupar los cargos del Superior Tribunal de Justicia, acción que fue ejercitada por una gran mayoría de los Colegios de Abogados, razón por la que resulta errada la afirmación de falta de participación y opinión”, expresó el fiscal de Estado.
“Como abogado colegiado y miembro de este gobierno, lamento y considero que las declaraciones del documento que firma el presidente del colegio de abogados de Puerto Madryn, Castillo Maisen, se encuentran sesgadas por un antojo personal. Se soslaya la manda constitucional que establece el mecanismo de designación de los miembros del Superior Tribunal de Justicia; se “olvida” mencionar curiosamente que desde la Comisión de Asuntos Constitucionales de Legislatura se le cursó a todos los colegios de abogados invitación para que emitan opinión”.
“Asimismo, por honestidad intelectual esto debió haberse consignado en el documento, como también, poner en valor la relevante decisión política del gobernador Das Neves de establecer e incluir el mecanismo de audiencias públicas para la selección de magistrados a ocupar el STJ en la reforma constitucional que venimos trabajando políticamente hace tres meses desde este gobierno”.
Agregó el fiscal de Estado que “la situación de coyuntura en el poder judicial, particularmente en el Superior Tribunal de Justicia se viene plateando desde hace más de un año y medio cuanto menos, y este gobierno ejercitó prerrogativas constitucionales propias para normalizar la composición y funcionamiento del Superior y esto jamás puede agraviar a nadie”, indicó.
Marcó que “el documento del colegio de abogados de Puerto Madryn, pareciera anteponer aspiraciones o afinidades personales por sobre la ley y el bien colectivo, sosteniendo torcidas conjeturas impropias “como devolver favores”, cuando ello no existe y mucho menos se permiten esas espurias prácticas en esta gestión de gobierno”.
“Pareciera, insisto, una sinrazón de quejarse por la propia existencia de una norma constitucional, en lugar de ponderar la acción de gobierno de normalizar la composición del superior tribunal de nuestra provincia, que redundara en beneficio de todos los justiciables, de los operadores del sistema, como del propio poder judicial que necesita del pleno de su cuerpo máximo de conducción institucional”.#
El fiscal de Estado del Chubut, Diego Martínez Zapata, cuestionó el pronunciamiento del Colegio de Abogados de Puerto Madryn y advirtió que “a todos los cuerpos colegiados de abogados se les pidió opinión sobre las propuestas que realizó el Poder Ejecutivo para cubrir las vacantes del Superior Tribunal de Justicia”.
“El gobierno lo único que hace es cumplir estrictamente la manda constitucional que establece el mecanismo de designación de los jueces del Superior. El doctor Castillo Maisen debería haber expresado que la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura Provincial cursó a todos los colegios de abogados la invitación para que emitan opinión fundada sobre los colegas propuestos para ocupar los cargos del Superior Tribunal de Justicia, acción que fue ejercitada por una gran mayoría de los Colegios de Abogados, razón por la que resulta errada la afirmación de falta de participación y opinión”, expresó el fiscal de Estado.
“Como abogado colegiado y miembro de este gobierno, lamento y considero que las declaraciones del documento que firma el presidente del colegio de abogados de Puerto Madryn, Castillo Maisen, se encuentran sesgadas por un antojo personal. Se soslaya la manda constitucional que establece el mecanismo de designación de los miembros del Superior Tribunal de Justicia; se “olvida” mencionar curiosamente que desde la Comisión de Asuntos Constitucionales de Legislatura se le cursó a todos los colegios de abogados invitación para que emitan opinión”.
“Asimismo, por honestidad intelectual esto debió haberse consignado en el documento, como también, poner en valor la relevante decisión política del gobernador Das Neves de establecer e incluir el mecanismo de audiencias públicas para la selección de magistrados a ocupar el STJ en la reforma constitucional que venimos trabajando políticamente hace tres meses desde este gobierno”.
Agregó el fiscal de Estado que “la situación de coyuntura en el poder judicial, particularmente en el Superior Tribunal de Justicia se viene plateando desde hace más de un año y medio cuanto menos, y este gobierno ejercitó prerrogativas constitucionales propias para normalizar la composición y funcionamiento del Superior y esto jamás puede agraviar a nadie”, indicó.
Marcó que “el documento del colegio de abogados de Puerto Madryn, pareciera anteponer aspiraciones o afinidades personales por sobre la ley y el bien colectivo, sosteniendo torcidas conjeturas impropias “como devolver favores”, cuando ello no existe y mucho menos se permiten esas espurias prácticas en esta gestión de gobierno”.
“Pareciera, insisto, una sinrazón de quejarse por la propia existencia de una norma constitucional, en lugar de ponderar la acción de gobierno de normalizar la composición del superior tribunal de nuestra provincia, que redundara en beneficio de todos los justiciables, de los operadores del sistema, como del propio poder judicial que necesita del pleno de su cuerpo máximo de conducción institucional”.#