Mendoza, dispuesta a dialogar con La Pampa por el río Atuel
El gobierno de Mendoza aseguró hoy estar abierto al diálogo con La Pampa por el reclamo de agua efluente del río Atuel, y aseguró no haber recibido aún notificación judicial sobre una nueva demanda judicial en ese sentido por parte de la provincia vecina.
“Estamos dispuestos a dialogar con La Pampa y áreas de jurisdicción de los ríos. Pero la posición de Mendoza es clara respecto a cómo se debe utilizar el agua y eso ya está aprobado en la sentencia de la Corte Suprema de 1987”, aclaró hoy a Télam el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Dalmiro Garay sobre aquel fallo que declaró la interprovincialidad de las aguas.
El pasado fin de semana se conoció la noticia de que el gobernador pampeano Carlos Verna (PJ) había instruido al fiscal de Estado de esa provincia, Alejandro Vanini, para iniciar un juicio contra Mendoza, San Juan y la Nación para forzar la creación del Comité de Cuenca del Desaguadero, Salado, Chadileuvú, Curacó y Colorado a causa de las represas construidas por esos distritos que “han mermado los caudales de los ríos”.
Mediante el decreto 1541/16, el mandatario ordenó enjuiciar a la Nación por considerar que omitió su rol de contralor, y permitió que San Juan y Mendoza construyeran represas sin considerar los intereses de La Pampa.
Según La Pampa, San Juan y Mendoza son responsables de la desaparición o del irregular comportamiento de los ríos pampeanos.
Garay recordó que “esta provincia de tiene un cupo de agua ordenado para regar que ni siquiera se utiliza dado que estamos en un proceso de crisis hídrica y ni siquiera tenemos ese cupo de agua para regar nosotros”.
“No nos oponemos a llegar a un consenso pero siempre en el marco de los derechos de cada provincia con posibilidad, por ejemplo, de mejorar con obras y que el caudal beneficie a ambas provincias”, afirmó hoy el ministro.
El conflicto por las aguas del Atuel tiene sus orígenes en 1947, cuando Mendoza construyó el embalse El Nihuil, en la zona sur de San Rafael, con el fin de destinar las aguas del río Atuel a la generación de electricidad y regadío, situación que provocó una serie de problemas en La Pampa, que aún no tenía status de provincia.
En 1987, tras un reclamo judicial de la provincia vecina, la Suprema Corte de Justicia se expresó al señalar que las partes debían negociar y celebrar de buena fe convenios para regular los usos de sus aguas,y que Mendoza tiene derechos adquiridos para regar hasta 75.000 hectáreas, pero dejando en claro que el río era interprovincial.
En mayo de 2014, el gobierno de La Pampa demandó ante la Corte Suprema de Justicia a Mendoza por el uso de las aguas del cauce del Atuel, argumentando que la provincia ha sido la causante de daños sociales, económicos y ambientales en el noreste de la vecina provincia.
Luego, en agosto del año pasado, Mendoza presentó su defensa ante la Corte asegurando que en la actualidad los regantes mendocinos “no llegan a regar las 50.000 hectáreas en producción porque falta agua” y que esta provincia “ha invertido uno 150 millones de dólares en obras de impermeabilización de canales y en el Marginal del Atuel”.
En cuanto a una segunda demanda judicial, el gobierno mendocino aseguró que “solo se enteró por los medios, pero no ha recibido nada”.
“Estamos dispuestos a dialogar con La Pampa y áreas de jurisdicción de los ríos. Pero la posición de Mendoza es clara respecto a cómo se debe utilizar el agua y eso ya está aprobado en la sentencia de la Corte Suprema de 1987”, aclaró hoy a Télam el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Dalmiro Garay sobre aquel fallo que declaró la interprovincialidad de las aguas.
El pasado fin de semana se conoció la noticia de que el gobernador pampeano Carlos Verna (PJ) había instruido al fiscal de Estado de esa provincia, Alejandro Vanini, para iniciar un juicio contra Mendoza, San Juan y la Nación para forzar la creación del Comité de Cuenca del Desaguadero, Salado, Chadileuvú, Curacó y Colorado a causa de las represas construidas por esos distritos que “han mermado los caudales de los ríos”.
Mediante el decreto 1541/16, el mandatario ordenó enjuiciar a la Nación por considerar que omitió su rol de contralor, y permitió que San Juan y Mendoza construyeran represas sin considerar los intereses de La Pampa.
Según La Pampa, San Juan y Mendoza son responsables de la desaparición o del irregular comportamiento de los ríos pampeanos.
Garay recordó que “esta provincia de tiene un cupo de agua ordenado para regar que ni siquiera se utiliza dado que estamos en un proceso de crisis hídrica y ni siquiera tenemos ese cupo de agua para regar nosotros”.
“No nos oponemos a llegar a un consenso pero siempre en el marco de los derechos de cada provincia con posibilidad, por ejemplo, de mejorar con obras y que el caudal beneficie a ambas provincias”, afirmó hoy el ministro.
El conflicto por las aguas del Atuel tiene sus orígenes en 1947, cuando Mendoza construyó el embalse El Nihuil, en la zona sur de San Rafael, con el fin de destinar las aguas del río Atuel a la generación de electricidad y regadío, situación que provocó una serie de problemas en La Pampa, que aún no tenía status de provincia.
En 1987, tras un reclamo judicial de la provincia vecina, la Suprema Corte de Justicia se expresó al señalar que las partes debían negociar y celebrar de buena fe convenios para regular los usos de sus aguas,y que Mendoza tiene derechos adquiridos para regar hasta 75.000 hectáreas, pero dejando en claro que el río era interprovincial.
En mayo de 2014, el gobierno de La Pampa demandó ante la Corte Suprema de Justicia a Mendoza por el uso de las aguas del cauce del Atuel, argumentando que la provincia ha sido la causante de daños sociales, económicos y ambientales en el noreste de la vecina provincia.
Luego, en agosto del año pasado, Mendoza presentó su defensa ante la Corte asegurando que en la actualidad los regantes mendocinos “no llegan a regar las 50.000 hectáreas en producción porque falta agua” y que esta provincia “ha invertido uno 150 millones de dólares en obras de impermeabilización de canales y en el Marginal del Atuel”.
En cuanto a una segunda demanda judicial, el gobierno mendocino aseguró que “solo se enteró por los medios, pero no ha recibido nada”.