Avruj: "El número de 30 mil desaparecidos debe ser respetado"
El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, desatcó hoy que el número de 30.000 desaparecidos en la dictadura militar es "emblemático y tiene muchísima fuerza en la construcción democrática", por lo que tiene que ser "respetado"; al tiempo que cuestionó que el debate "no puede estar nunca viciado por la política" y que, en todo caso, debería ser una discusión "académica".
Asimismo, en relación al otorgamiento de prisión domiciliaria al represor Miguel Etchecolatz, recordó que la Secretaría "no puede apelar porque el Código Procesal se lo impide, por su carácter de querellante" en causas por delitos de lesa humanidad.
En una entrevista que concedió a radio Delta, Avruj manifestó que "en rigor de verdad", la cifra de la cantidad de desaparecidos durante la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983 es "un número indeterminado", pero "el debate de los números nunca debe ser viciado por la política o por intereses partidarios", puesto que la cifra de 30.000 es "simbólica, emblemática y tiene muchísima fuerza en la construcción democrática desde el '83 en adelante y tiene que ser respetado".
"Siempre cuando suceden catástrofes el número" de muertes "vienen siendo creados y sostenidos por las víctimas, por el daño que causan los perpetradores al no dar la información como corresponde, entonces se va haciendo una construcción, como una demanda de justicia", dijo.
Y destacó que "el único informe que se tuvo surge de registros de familiares y amigos de detenidos por razones políticas", en relación al informe final de la Conadep entregado al entonces presidente Raúl Alfonsín, sostiene "que son algo más de 8.400" los desaparecidos.
A su vez, "en el Parque de la Memoria, en función de las investigaciones que se fueron realizando, se completó con el número de 10400", destacó y afirmó que "el número en realidad no es un debate político sino académico".
Sin embargo este "no hace al debate de lo que realmente sucedió en la tragedia, porque es lo mismo 1, 10 o 30.000; y a ese número hay que respetarlo como el que juntó a la sociedad a partir de la consigna 'los desaparecidos tienen que aparecer'", consideró.
Incluso, consideró que "nunca se determinó" si en el Holocausto verdaderamente fueron "seis millones" las víctimas del nazismo.
Avruj se refirió también al reciente otorgamiento de prisión domiciliaria al represor Miguel Etchecolatz y afirmó que "la política histórica de las secretaría de Derechos Humanos, en su carácter de querellante, fue no apelar esos pedidos, pero no por una decisión caprichosa sino porque no puede ya que el Código Procesal se lo impide, por su carácter de querellante" en causas por delitos de lesa humanidad.
Es que "la que puede apelar es la Fiscalía" los pedidos de otorgamiento de prisión domiciliaria; y lo que hizo la secretaría de Derechos Humanos fue "presentar en la querella un pedido para que se revean los pedidos de revocatoria porque analizamos que las pericias médicas dadas por el cuerpo médico forense no justificaban la prisión domiciliaria".
Y recordó: "tenemos 460 ex militares en prisión domiciliaria, del universo de 1.056 detenidos; y de esos, 441 fueron dadas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y no fueron apeladas, no porque había un doble discurso, sino porque la Secretaría de Derechos Humanos no podía".
Asimismo, en relación al otorgamiento de prisión domiciliaria al represor Miguel Etchecolatz, recordó que la Secretaría "no puede apelar porque el Código Procesal se lo impide, por su carácter de querellante" en causas por delitos de lesa humanidad.
En una entrevista que concedió a radio Delta, Avruj manifestó que "en rigor de verdad", la cifra de la cantidad de desaparecidos durante la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983 es "un número indeterminado", pero "el debate de los números nunca debe ser viciado por la política o por intereses partidarios", puesto que la cifra de 30.000 es "simbólica, emblemática y tiene muchísima fuerza en la construcción democrática desde el '83 en adelante y tiene que ser respetado".
"Siempre cuando suceden catástrofes el número" de muertes "vienen siendo creados y sostenidos por las víctimas, por el daño que causan los perpetradores al no dar la información como corresponde, entonces se va haciendo una construcción, como una demanda de justicia", dijo.
Y destacó que "el único informe que se tuvo surge de registros de familiares y amigos de detenidos por razones políticas", en relación al informe final de la Conadep entregado al entonces presidente Raúl Alfonsín, sostiene "que son algo más de 8.400" los desaparecidos.
A su vez, "en el Parque de la Memoria, en función de las investigaciones que se fueron realizando, se completó con el número de 10400", destacó y afirmó que "el número en realidad no es un debate político sino académico".
Sin embargo este "no hace al debate de lo que realmente sucedió en la tragedia, porque es lo mismo 1, 10 o 30.000; y a ese número hay que respetarlo como el que juntó a la sociedad a partir de la consigna 'los desaparecidos tienen que aparecer'", consideró.
Incluso, consideró que "nunca se determinó" si en el Holocausto verdaderamente fueron "seis millones" las víctimas del nazismo.
Avruj se refirió también al reciente otorgamiento de prisión domiciliaria al represor Miguel Etchecolatz y afirmó que "la política histórica de las secretaría de Derechos Humanos, en su carácter de querellante, fue no apelar esos pedidos, pero no por una decisión caprichosa sino porque no puede ya que el Código Procesal se lo impide, por su carácter de querellante" en causas por delitos de lesa humanidad.
Es que "la que puede apelar es la Fiscalía" los pedidos de otorgamiento de prisión domiciliaria; y lo que hizo la secretaría de Derechos Humanos fue "presentar en la querella un pedido para que se revean los pedidos de revocatoria porque analizamos que las pericias médicas dadas por el cuerpo médico forense no justificaban la prisión domiciliaria".
Y recordó: "tenemos 460 ex militares en prisión domiciliaria, del universo de 1.056 detenidos; y de esos, 441 fueron dadas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y no fueron apeladas, no porque había un doble discurso, sino porque la Secretaría de Derechos Humanos no podía".