Al mismo tiempo, presentó una denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri y contra el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, por el aumento en la tarifa del gas, que fue presentada esta mañana y quedó radicada ante el juez federal Julián Ercolini.
La acción penal, también dirigida contra el interventor en el Enargas, David Tezanos, pide al juez al juez que los denunciados sean investigados por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes a su cargo y defraudación al Estado.
En su denuncia, el abogado Liurgo recordó cuando, el 21 de julio último, en una entrevista periodística el ex diputado Luis Zamora opinó que sobre el aumento del gas "el gobierno miente, el tarifazo es un robo, una defraudación", y que con las medidas aprobadas "las gasíferas van a recibir más de 3.000.000.000 de dólares".
Liurgo afirmó que durante la gestión de Macri "las autoridades designadas para cubrir los cargos políticos de la Administración Central, en gran número, casi cercano a la totalidad de los funcionarios de primera línea, están vinculados a empresas que son o han sido contratantes del Estado".
El letrado consideró que esa situación está prevista en el Código Penal como "negociaciones incompatibles" con el desempeño de cargos públicos.
"Colocar en cada puesto del Estado un representante de una corporación, con intereses contrapuestos a los de la ciudadanía, genera en el elegido una controversia de intereses que es indiscutible eliminar", agregó.
De acuerdo con la denuncia, "el ministro de Energía de la Nación ha determinado que las tarifas del suministro de gas deben ser incrementadas en forma desmesurada en función del aumento del precio del combustible en lo que se denomina boca de pozo".
El denunciante destacó que, con esos aumentos, en la Argentina se estaría pagando el precio "más caro del mundo" para el gas en boca de pozo.
Liurgo expuso que "el ministro y socio de la Petrolera Shell S.A ha practicado en un mismo marco regulatorio la suba de tarifas a los consumidores domiciliarios y a la industria toda, circunstancia que ha generado un no determinado número de litigios por la severidad y desproporción del aumento dispuesto con instrucciones impartidas del Presidente de la Nación".
Semanas atrás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió los aumentos de tarifas de gas para los usuarios residenciales.
"Este descalabro operado por el ministro de Energía -acotó Liurgo- deja desguarnecido los elementales derechos de los ciudadanos, en manos de un funcionario interesado que es socio de las empresas petroleras que se benefician con la injustificable disposición administrativa que no garantiza ni exige contraprestación alguna".
Ayer Macri y Aranguren confirmaron que el ministro se desprendió de las acciones que tenía en la petrolera, pero Liurgo opinó que esa operación no elimina los delitos que, a su criterio, se habrían cometido.
Para Liurgo la facultad del Poder Ejecutivo Nacional para decidir aumento de tarifas "no puede convalidar actos arbitrarios, injustos, abusivos, o como ocurre aquí malversando las arcas del Estado".
El letrado le atribuyó a "la selecta fauna" de empresarios y financieros, "actitudes grotescas y desprejuiciadas donde se percibe por todos los medios de exteriorización volitivo la verdadera intención de beneficiar a los sectores más poderosos y corporativos en desmedro del resto de la población".
Para Liurgo, "esta natural codicia empresarial sumada a la adicción depredadora que caracterizo la historia de estas latitudes ha sido evidenciada en la negativa a rectificar las cifras que embolsaran la multinacionales productoras de gas en boca de pozo", cuyos costos, expresó, se mantienen en secreto.
El denunciante concluyó que, como se desconoce el precio de la producción del gas en boca de pozo, la audiencia fijada para pasado mañana en la Usina del Arte "deviene nula", porque los funcionarios, según consideró, desobedecieron las órdenes impartidas por la Corte.
Liurgo quiere que antes se realice una pericia "tendiente a determinar el precio del gas en boca de pozo, convocando a los profesionales de la Universidad de Buenos Aires y de la Fundación Bariloche" y otra, contable, para "verificar la relación entre la inversión y las ganancias de las empresas en los últimos 10 años, sumas giradas al exterior, honorarios abonados y pago de impuestos".
Al mismo tiempo, presentó una denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri y contra el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, por el aumento en la tarifa del gas, que fue presentada esta mañana y quedó radicada ante el juez federal Julián Ercolini.
La acción penal, también dirigida contra el interventor en el Enargas, David Tezanos, pide al juez al juez que los denunciados sean investigados por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes a su cargo y defraudación al Estado.
En su denuncia, el abogado Liurgo recordó cuando, el 21 de julio último, en una entrevista periodística el ex diputado Luis Zamora opinó que sobre el aumento del gas "el gobierno miente, el tarifazo es un robo, una defraudación", y que con las medidas aprobadas "las gasíferas van a recibir más de 3.000.000.000 de dólares".
Liurgo afirmó que durante la gestión de Macri "las autoridades designadas para cubrir los cargos políticos de la Administración Central, en gran número, casi cercano a la totalidad de los funcionarios de primera línea, están vinculados a empresas que son o han sido contratantes del Estado".
El letrado consideró que esa situación está prevista en el Código Penal como "negociaciones incompatibles" con el desempeño de cargos públicos.
"Colocar en cada puesto del Estado un representante de una corporación, con intereses contrapuestos a los de la ciudadanía, genera en el elegido una controversia de intereses que es indiscutible eliminar", agregó.
De acuerdo con la denuncia, "el ministro de Energía de la Nación ha determinado que las tarifas del suministro de gas deben ser incrementadas en forma desmesurada en función del aumento del precio del combustible en lo que se denomina boca de pozo".
El denunciante destacó que, con esos aumentos, en la Argentina se estaría pagando el precio "más caro del mundo" para el gas en boca de pozo.
Liurgo expuso que "el ministro y socio de la Petrolera Shell S.A ha practicado en un mismo marco regulatorio la suba de tarifas a los consumidores domiciliarios y a la industria toda, circunstancia que ha generado un no determinado número de litigios por la severidad y desproporción del aumento dispuesto con instrucciones impartidas del Presidente de la Nación".
Semanas atrás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió los aumentos de tarifas de gas para los usuarios residenciales.
"Este descalabro operado por el ministro de Energía -acotó Liurgo- deja desguarnecido los elementales derechos de los ciudadanos, en manos de un funcionario interesado que es socio de las empresas petroleras que se benefician con la injustificable disposición administrativa que no garantiza ni exige contraprestación alguna".
Ayer Macri y Aranguren confirmaron que el ministro se desprendió de las acciones que tenía en la petrolera, pero Liurgo opinó que esa operación no elimina los delitos que, a su criterio, se habrían cometido.
Para Liurgo la facultad del Poder Ejecutivo Nacional para decidir aumento de tarifas "no puede convalidar actos arbitrarios, injustos, abusivos, o como ocurre aquí malversando las arcas del Estado".
El letrado le atribuyó a "la selecta fauna" de empresarios y financieros, "actitudes grotescas y desprejuiciadas donde se percibe por todos los medios de exteriorización volitivo la verdadera intención de beneficiar a los sectores más poderosos y corporativos en desmedro del resto de la población".
Para Liurgo, "esta natural codicia empresarial sumada a la adicción depredadora que caracterizo la historia de estas latitudes ha sido evidenciada en la negativa a rectificar las cifras que embolsaran la multinacionales productoras de gas en boca de pozo", cuyos costos, expresó, se mantienen en secreto.
El denunciante concluyó que, como se desconoce el precio de la producción del gas en boca de pozo, la audiencia fijada para pasado mañana en la Usina del Arte "deviene nula", porque los funcionarios, según consideró, desobedecieron las órdenes impartidas por la Corte.
Liurgo quiere que antes se realice una pericia "tendiente a determinar el precio del gas en boca de pozo, convocando a los profesionales de la Universidad de Buenos Aires y de la Fundación Bariloche" y otra, contable, para "verificar la relación entre la inversión y las ganancias de las empresas en los últimos 10 años, sumas giradas al exterior, honorarios abonados y pago de impuestos".