Excombatientes de Malvinas denunciaron penalmente a Malcorra
Ex combatientes denunciaron hoy penalmente a la canciller Susana Malcorra por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" en relación a la declaración conjunta firmada semanas atrás con el Reino Unido, y cuestionaron la "premura" del acuerdo alcanzado a "espaldas de la ciudadanía" y sin contar con el aporte del Congreso nacional.
La denuncia, que incluye también al secretario de Relaciones Exteriores, Carlos Foradori, fue presentada este mediodía por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata en los tribunales porteños de Comodoro Py, y quedó radicada en el juzgado número 8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.
"Es inaceptable que en el comunicado conjunto la cancillería argentina exprese que se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación, e hidrocarburos", dijo a la prensa el presidente del Cecim, Mario Volpe, tras la presentación, y se preguntó "qué beneficios traen aparejados para nuestro país" esos acuerdos.
En el escrito, los ex combatientes cuestionaron la "premura de la realización y publicación de una comunicación oficial a espaldas de la ciudadanía, sin mediar consensos al interior del Estado nacional, contrapuesta a las líneas que en materia de política exterior se ha venido sosteniendo, sin contar con el aporte del ámbito natural y constitucional para debatir la cuestión: el Honorable Congreso de la Nación".
La declaración conjunta entre las cancillerías argentina y británica fue difundida el pasado 14 de septiembre como resultado de reuniones que Malcorra y Foradori mantuvieron con el vicecanciller británico Alan Duncan, de visita en Buenos Aires, y motivó citaciones en el Congreso de ambos funcionarios, cuestionados desde la oposición por desconocer los alcances del acuerdo.
En el comunicado de diez puntos, ambos gobiernos acordaron dos escalas adicionales mensuales en territorio continental argentino, una en cada dirección, hacia las Islas Malvinas y coincidieron en la necesidad de "remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable" del archipiélago, como comercio, pesca, navegación e hidrocarburos, "pero dejaron a un lado la cuestión sobre la soberanía de Malvinas".
Para los ex combatientes, la declaración conjunta vulnera la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional referida a Malvinas, así como leyes relacionadas con el tema pesca e hidrocarburos, y la Declaración de Ushuaia firmada en 2012 por todas las fuerzas políticas.
"¿Se pueden desconocer dichas normas? ¿Es propio de un funcionario el convalidar situaciones de pesca o exploración/explotación hidrocarburífera ilegal? ¿Qué ventajas obtiene nuestra Nación? ¿Qué rédito o retorno? La soberanía, como surge del comunicado, no se discutirá y, para colmo, se convalida la explotación ilegal de nuestros bienes naturales", dice la denuncia.
La presentación ante la justicia también menciona la "extraña casualidad (¿o causalidad?)" de que el acuerdo fue alcanzado en momentos en que Malcorra "se encontraba en una carrera individual" para la secretaria general de las Naciones Unidas y se consideró que "no es casual tampoco" que Gran Bretaña sea uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con poder de veto en esa organización.
La denuncia, que incluye también al secretario de Relaciones Exteriores, Carlos Foradori, fue presentada este mediodía por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata en los tribunales porteños de Comodoro Py, y quedó radicada en el juzgado número 8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.
"Es inaceptable que en el comunicado conjunto la cancillería argentina exprese que se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación, e hidrocarburos", dijo a la prensa el presidente del Cecim, Mario Volpe, tras la presentación, y se preguntó "qué beneficios traen aparejados para nuestro país" esos acuerdos.
En el escrito, los ex combatientes cuestionaron la "premura de la realización y publicación de una comunicación oficial a espaldas de la ciudadanía, sin mediar consensos al interior del Estado nacional, contrapuesta a las líneas que en materia de política exterior se ha venido sosteniendo, sin contar con el aporte del ámbito natural y constitucional para debatir la cuestión: el Honorable Congreso de la Nación".
La declaración conjunta entre las cancillerías argentina y británica fue difundida el pasado 14 de septiembre como resultado de reuniones que Malcorra y Foradori mantuvieron con el vicecanciller británico Alan Duncan, de visita en Buenos Aires, y motivó citaciones en el Congreso de ambos funcionarios, cuestionados desde la oposición por desconocer los alcances del acuerdo.
En el comunicado de diez puntos, ambos gobiernos acordaron dos escalas adicionales mensuales en territorio continental argentino, una en cada dirección, hacia las Islas Malvinas y coincidieron en la necesidad de "remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable" del archipiélago, como comercio, pesca, navegación e hidrocarburos, "pero dejaron a un lado la cuestión sobre la soberanía de Malvinas".
Para los ex combatientes, la declaración conjunta vulnera la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional referida a Malvinas, así como leyes relacionadas con el tema pesca e hidrocarburos, y la Declaración de Ushuaia firmada en 2012 por todas las fuerzas políticas.
"¿Se pueden desconocer dichas normas? ¿Es propio de un funcionario el convalidar situaciones de pesca o exploración/explotación hidrocarburífera ilegal? ¿Qué ventajas obtiene nuestra Nación? ¿Qué rédito o retorno? La soberanía, como surge del comunicado, no se discutirá y, para colmo, se convalida la explotación ilegal de nuestros bienes naturales", dice la denuncia.
La presentación ante la justicia también menciona la "extraña casualidad (¿o causalidad?)" de que el acuerdo fue alcanzado en momentos en que Malcorra "se encontraba en una carrera individual" para la secretaria general de las Naciones Unidas y se consideró que "no es casual tampoco" que Gran Bretaña sea uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con poder de veto en esa organización.