El voto polémico
El proyecto de voto electrónico ya pasó por Diputados y depende del Senado. Expertos dicen que es vulnerable.
Por Carlos Hughes / Twitter: @carloshughestre
Dos días antes de la elección porteña de 2015, la fiscal Silvana Rivarola ordenó el allanamiento de la casa del programador informático Joaquín Sorianello. La Policía Metropolitana se llevó sus equipos y la Justicia le abrió una causa, que recayó en el juzgado 18 de la jueza María Luisa Escrich.
El joven había penetrado el software de Magic Sofware Argentina (MSA), la empresa que desarrolló la Boleta Única Electrónica que se aplicó en esas elecciones. Sorianello en realidad había encontrado una vulnerabilidad en la empresa y dejado una marca. En este caso dejó una bandera en el sistema de la firma, que no lo daña pero advierte su fragilidad. En paralelo, le avisó a MSA. La respuesta fue un violento allanamiento a su domicilio y un proceso judicial que, después de la investigación de la división de Delitos Informáticos de la Policía Metropolitana, terminó por sobreseerlo.
Según la Justicia, Sorianello “no entró para hacer daño ni lo hizo de manera indebida, sino para dar aviso a la firma de que el sistema de seguridad era vago y podía ser vulnerado con facilidad”.
El hecho mostró crudamente dos situaciones preocupantes: la posibilidad de que el sistema de BUE que ahora el Senado tiene en sus manos para hacer Ley sea vulnerado, y la determinación que el Poder tiene para que esto sea aprobado, más allá de las voces críticas de decenas de expertos.
Antidemocrático
Beatriz Busaniche, docente universitaria y titular de la Fundación Vía Libre, que propone el software libre y que forma parte de un grupo de expertos que ha intentado e intenta detener la aprobación de la BUE en Argentina, asegura que “el voto electrónico es el peor ataque al sistema democrático desde 1983”.
“Los países que usaron voto electrónico, como Holanda, Alemania, Austria y Dinamarca, por ejemplo, están retrocediendo porque aprendieron que esto no se debe hacer”, dice entre otras muchas cosas críticas respecto al voto electrónico.
Y cuenta que “Holanda lo prohibió en el año 2008 porque se probó que se podía vulnerar el secreto del voto; Alemania, con un fallo ejemplar del Supremo Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional porque la ciudadanía no puede auditar, no puede comprender, no puede dar seguimiento pleno a todo el proceso: es decir, hay una caja negra que intermedia entre el votante, el ciudadano, y la expresión de su voluntad”.
“Desde Vía Libre decimos que el voto electrónico es el peor ataque al sistema democrático desde 1983”, afirma, y aunque reconoce que “puede sonar exagerado en algún sentido porque hubo ataques a la democracia en los levantamientos contra el gobierno de Alfonsín, por ejemplo” explica también que “en esos levantamientos había tanques en la calle, había una amenaza visible. En este caso la amenaza es totalmente velada: el ciudadano está contento porque va a ir a ejercer el voto rápido, fácil y moderno y hay una “tecnofilia” que le da un velo de modernidad y que le indica que es necesariamente bueno algo que es necesariamente malo porque le quita derechos al ciudadano”.
Según ella, “es muy grave porque no operan los organismos de resguardo de la democracia. El propio congreso repite muletillas, falsedades que vienen de los argumentos de márketing del Poder Ejecutivo y a nadie se le mueve un pelo. Te dicen cosas escalofriantes, como que esto es transparente, cuando por el ejemplo el Supremo Constitucional Alemán dijo exactamente lo contrario: no es transparente para el ciudadano entonces no es constitucional. Se le miente al pueblo y muy pocos están viendo la real amenaza”.
Busaniche desestima, también, el argumento económico. “Es ya rebatible solo comparando los presupuestos del 2015 con el 2017. Se pueden hacer 3 elecciones 2015 con el presupuesto previsto para 2017, que además es sólo una elección legislativa. Y excede en mucho la tasa inflacionaria. Y aún no se sabe cuánto se va a gastar en computadoras. Hay 95 mil mesas por lo tanto tiene que haber más máquinas, porque hay que prever las posibles fallas en algunas de ellas. Están pensando en comprar 120 mil máquinas. Además se está pensando en desarrollar software para esto, y también capacitar al votante, lo que implica un operativo a nivel nacional que va a costar miles de millones de pesos. Es un formidable negocio”.
“Pero el peor de los argumentos no es ese –advierte-, sino la cuestión de la transparencia que, disculpen mi informalidad, es un absoluto verso, descarado. Voy a dar un ejemplo muy sencillo: en la Ciudad de Buenos Aires en 2015 se dijo masivamente que esto era una impresora, que no tenía software, que no tenía posibilidades de almacenar información. Las tres fueron falacias. La máquina tenía todas esas condiciones. Era una computadora de propósito general, tenía software porque una computadora sin software es chatarra y, además, los que pudieron hacer una auditoría independiente descubrieron que la máquina tenía capacidad de almacenamiento. Esto demuestra que el votante fue engañado y que la idea de la transparencia es un mito, porque no hay ninguna transparencia cuando hay una caja que el votante no comprende”.
En el mundo
Según Busaniche, “la experiencia de otros países nos enseña que las democracias que protegen los derechos fundamentales se alejan de estos sistemas” y en ese marco explica que “los primeros 20 países en el índice de desarrollo humano eligen a sus máximas autoridades con boletas de papel, salvo EEUU en forma muy parcial”.
“Si países como Holanda, Alemania y Austria prohibieron el voto electrónico, países como Australia, Irlanda y el Reino Unido lo evaluaron y descartaron usarlo, entonces por qué elegimos votar como Venezuela, la India y Brasil, los únicos países del mundo que hacen lo que el oficialismo quiere hacer en 2017. ¿No les hace algo de ruido?”, se pregunta finalmente.
Otras voces
El diario La Nación de Buenos Aires publicó un trabajo este viernes bajo el título: “Boleta Electrónica: expertos muestran cómo vulneran el secreto del voto” en el que se da tratamiento al tema. Allí la empresa MSA afirma que “la BUE mantiene inalterables los valores del voto tradicional en papel, complementando sus virtudes con tecnología para fortalecer sus principales debilidades. Con la BUE es el propio sistema, y no el esfuerzo partidario, el que brinda las garantías para que se respete la libre decisión del votante”, asegurando que el sistema no presenta ningún riesgo para el secreto del voto.
En el mismo trabajo aparecen las opiniones de expertos informáticos: tres de ellos, Javier Smaldone, Iván Barrera Oro y Tristán Grimaux, llevan adelante campañas para advertir sobre las vulnerabilidades que –consideran- tiene el sistema, un cuarto sin relación con ese tipo de campañas y tampoco con el gobierno -Juan Pablo Timpanaro, doctor en Ciencias de la Computación- entiende también que “el votante puede quedar desprotegido” y por último opina Leandro Querido, presidente de la ONG Transparencia Electoral, quien está de acuerdo con la BUE. En todos los casos exponen sus argumentos.
También opinan voces del gobierno que, obviamente, rechazan los planteos que se hacen sobre el sistema.
Saldo
Lo expuesto hasta aquí aporta datos interesantes pero como saldo -por sobre todo- muestra que existen grandes controversias en torno al sistema, controversias que no se han logrado explicar en ningún caso.
Por último, un dato que no debe soslayarse y que está ligado al inicio de este trabajo. Aun con los reparos legales respecto a cómo el hacker Joaquín Sorianello vulneró el sistema, algo que la propia Justicia luego –de alguna forma- avaló, quedó claro que es posible violarlo, tanto que obligó a la propia empresa a denunciar que esto había ocurrido, lo cual disparó ese proceso judicial, justamente.
Diputados no sólo desoyó a los expertos informáticos, sino que además desestimó la existencia de una prueba real de que el sistema es vulnerable, y le dio dictamen al proyecto para que, Senadores mediante, se transforme en Ley.
Por Carlos Hughes / Twitter: @carloshughestre
Dos días antes de la elección porteña de 2015, la fiscal Silvana Rivarola ordenó el allanamiento de la casa del programador informático Joaquín Sorianello. La Policía Metropolitana se llevó sus equipos y la Justicia le abrió una causa, que recayó en el juzgado 18 de la jueza María Luisa Escrich.
El joven había penetrado el software de Magic Sofware Argentina (MSA), la empresa que desarrolló la Boleta Única Electrónica que se aplicó en esas elecciones. Sorianello en realidad había encontrado una vulnerabilidad en la empresa y dejado una marca. En este caso dejó una bandera en el sistema de la firma, que no lo daña pero advierte su fragilidad. En paralelo, le avisó a MSA. La respuesta fue un violento allanamiento a su domicilio y un proceso judicial que, después de la investigación de la división de Delitos Informáticos de la Policía Metropolitana, terminó por sobreseerlo.
Según la Justicia, Sorianello “no entró para hacer daño ni lo hizo de manera indebida, sino para dar aviso a la firma de que el sistema de seguridad era vago y podía ser vulnerado con facilidad”.
El hecho mostró crudamente dos situaciones preocupantes: la posibilidad de que el sistema de BUE que ahora el Senado tiene en sus manos para hacer Ley sea vulnerado, y la determinación que el Poder tiene para que esto sea aprobado, más allá de las voces críticas de decenas de expertos.
Antidemocrático
Beatriz Busaniche, docente universitaria y titular de la Fundación Vía Libre, que propone el software libre y que forma parte de un grupo de expertos que ha intentado e intenta detener la aprobación de la BUE en Argentina, asegura que “el voto electrónico es el peor ataque al sistema democrático desde 1983”.
“Los países que usaron voto electrónico, como Holanda, Alemania, Austria y Dinamarca, por ejemplo, están retrocediendo porque aprendieron que esto no se debe hacer”, dice entre otras muchas cosas críticas respecto al voto electrónico.
Y cuenta que “Holanda lo prohibió en el año 2008 porque se probó que se podía vulnerar el secreto del voto; Alemania, con un fallo ejemplar del Supremo Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional porque la ciudadanía no puede auditar, no puede comprender, no puede dar seguimiento pleno a todo el proceso: es decir, hay una caja negra que intermedia entre el votante, el ciudadano, y la expresión de su voluntad”.
“Desde Vía Libre decimos que el voto electrónico es el peor ataque al sistema democrático desde 1983”, afirma, y aunque reconoce que “puede sonar exagerado en algún sentido porque hubo ataques a la democracia en los levantamientos contra el gobierno de Alfonsín, por ejemplo” explica también que “en esos levantamientos había tanques en la calle, había una amenaza visible. En este caso la amenaza es totalmente velada: el ciudadano está contento porque va a ir a ejercer el voto rápido, fácil y moderno y hay una “tecnofilia” que le da un velo de modernidad y que le indica que es necesariamente bueno algo que es necesariamente malo porque le quita derechos al ciudadano”.
Según ella, “es muy grave porque no operan los organismos de resguardo de la democracia. El propio congreso repite muletillas, falsedades que vienen de los argumentos de márketing del Poder Ejecutivo y a nadie se le mueve un pelo. Te dicen cosas escalofriantes, como que esto es transparente, cuando por el ejemplo el Supremo Constitucional Alemán dijo exactamente lo contrario: no es transparente para el ciudadano entonces no es constitucional. Se le miente al pueblo y muy pocos están viendo la real amenaza”.
Busaniche desestima, también, el argumento económico. “Es ya rebatible solo comparando los presupuestos del 2015 con el 2017. Se pueden hacer 3 elecciones 2015 con el presupuesto previsto para 2017, que además es sólo una elección legislativa. Y excede en mucho la tasa inflacionaria. Y aún no se sabe cuánto se va a gastar en computadoras. Hay 95 mil mesas por lo tanto tiene que haber más máquinas, porque hay que prever las posibles fallas en algunas de ellas. Están pensando en comprar 120 mil máquinas. Además se está pensando en desarrollar software para esto, y también capacitar al votante, lo que implica un operativo a nivel nacional que va a costar miles de millones de pesos. Es un formidable negocio”.
“Pero el peor de los argumentos no es ese –advierte-, sino la cuestión de la transparencia que, disculpen mi informalidad, es un absoluto verso, descarado. Voy a dar un ejemplo muy sencillo: en la Ciudad de Buenos Aires en 2015 se dijo masivamente que esto era una impresora, que no tenía software, que no tenía posibilidades de almacenar información. Las tres fueron falacias. La máquina tenía todas esas condiciones. Era una computadora de propósito general, tenía software porque una computadora sin software es chatarra y, además, los que pudieron hacer una auditoría independiente descubrieron que la máquina tenía capacidad de almacenamiento. Esto demuestra que el votante fue engañado y que la idea de la transparencia es un mito, porque no hay ninguna transparencia cuando hay una caja que el votante no comprende”.
En el mundo
Según Busaniche, “la experiencia de otros países nos enseña que las democracias que protegen los derechos fundamentales se alejan de estos sistemas” y en ese marco explica que “los primeros 20 países en el índice de desarrollo humano eligen a sus máximas autoridades con boletas de papel, salvo EEUU en forma muy parcial”.
“Si países como Holanda, Alemania y Austria prohibieron el voto electrónico, países como Australia, Irlanda y el Reino Unido lo evaluaron y descartaron usarlo, entonces por qué elegimos votar como Venezuela, la India y Brasil, los únicos países del mundo que hacen lo que el oficialismo quiere hacer en 2017. ¿No les hace algo de ruido?”, se pregunta finalmente.
Otras voces
El diario La Nación de Buenos Aires publicó un trabajo este viernes bajo el título: “Boleta Electrónica: expertos muestran cómo vulneran el secreto del voto” en el que se da tratamiento al tema. Allí la empresa MSA afirma que “la BUE mantiene inalterables los valores del voto tradicional en papel, complementando sus virtudes con tecnología para fortalecer sus principales debilidades. Con la BUE es el propio sistema, y no el esfuerzo partidario, el que brinda las garantías para que se respete la libre decisión del votante”, asegurando que el sistema no presenta ningún riesgo para el secreto del voto.
En el mismo trabajo aparecen las opiniones de expertos informáticos: tres de ellos, Javier Smaldone, Iván Barrera Oro y Tristán Grimaux, llevan adelante campañas para advertir sobre las vulnerabilidades que –consideran- tiene el sistema, un cuarto sin relación con ese tipo de campañas y tampoco con el gobierno -Juan Pablo Timpanaro, doctor en Ciencias de la Computación- entiende también que “el votante puede quedar desprotegido” y por último opina Leandro Querido, presidente de la ONG Transparencia Electoral, quien está de acuerdo con la BUE. En todos los casos exponen sus argumentos.
También opinan voces del gobierno que, obviamente, rechazan los planteos que se hacen sobre el sistema.
Saldo
Lo expuesto hasta aquí aporta datos interesantes pero como saldo -por sobre todo- muestra que existen grandes controversias en torno al sistema, controversias que no se han logrado explicar en ningún caso.
Por último, un dato que no debe soslayarse y que está ligado al inicio de este trabajo. Aun con los reparos legales respecto a cómo el hacker Joaquín Sorianello vulneró el sistema, algo que la propia Justicia luego –de alguna forma- avaló, quedó claro que es posible violarlo, tanto que obligó a la propia empresa a denunciar que esto había ocurrido, lo cual disparó ese proceso judicial, justamente.
Diputados no sólo desoyó a los expertos informáticos, sino que además desestimó la existencia de una prueba real de que el sistema es vulnerable, y le dio dictamen al proyecto para que, Senadores mediante, se transforme en Ley.