Envían el proyecto para el acuerdo con Magistrados y Funcionarios judiciales
El fiscal de Estado confirmó que lo que ingresará a la Legislatura ya está “conversado” con el 85 por ciento de los ejecutantes. De esta manera buscan evitar que continúen los embargos contra las cuentas del Estado Provincial.
El fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, confirmó ayer que será enviado para su tratamiento a la Legislatura un proyecto de ley con el acuerdo con los magistrados y funcionarios judiciales, que ya está conversado con “el 80 u 85 por ciento de los ejecutantes”, buscando de esta manera evitar los embargos que pueden perjudicar al erario público.
“El acuerdo está hablado con el 80 u 85 por ciento de los ejecutantes, pero hay que aclarar que es una solución parcial al conflicto y hemos decidido hacerlo de la manera que corresponde jurídicamente, que es mandando un proyecto de ley a la Legislatura, que en parte ratifica parcialmente el acuerdo firmado el 11 de mayo de 2012 por la gestión de Buzzi e incumplido”, indicó el funcionario provincial.
Acerca del contenido del acuerdo, explicó Martínez Zapata que “se propicia un pago de un 29,3 por ciento en 12 cuotas, al 2 por ciento mensual acumulable, solamente a los magistrados y funcionarios incluidos en artículo 170 de la Constitución con derecho judicial reconocido”.
El costo del acuerdo, según estimó Martínez Zapata, en base a los cálculos realizados por el ministro de Economía, Pablo Oca, rondará “entre 70 y 80 millones de pesos en un año” y añadió que “en definitiva la situación de coyuntura en la que está la emergencia en la Provincia obliga a que comencemos a desandar con distintas prioridades los temas más urgentes”.
“Porque hay un listado de casi 100 casos que están para resolverse y pueden afectar, mediante embargos, sensiblemente las arcas del Estado”, agregó.
Martínez Zapata sostuvo que “hay disímiles situaciones procesales de funcionarios, directores de oficinas judiciales, profesionales de distintas ramas que no son del derecho, que no tienen el derecho reconocido en la Cámara, que les fue revocado y se encuentran con recursos de casación en el Superior Tribunal”.
“Nos abocamos principalmente a resolver las cuestiones o casos que son más urgentes, que es el que puede perjudicar las arcas públicas mediante los embargos ejecutorios”.
Agregó que “se trata de ejecuciones con sentencia a favor, y se han ido ampliando y hay más de $ 40 millones en las cuentas judiciales, como efecto de estos embargos” y advirtió que “es una muy importante decisión política del gobernador Das Neves, de tomar esta sugerencia, que se ratifique por ley y darle las partidas correspondientes al Poder Judicial”.
Concluyó el fiscal de Estado que de esta manera se empieza “a solucionar este tema que hace más de cuatro años que está afectando sensiblemente las arcas del Estado y la concordancia institucional entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo”.
El fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, confirmó ayer que será enviado para su tratamiento a la Legislatura un proyecto de ley con el acuerdo con los magistrados y funcionarios judiciales, que ya está conversado con “el 80 u 85 por ciento de los ejecutantes”, buscando de esta manera evitar los embargos que pueden perjudicar al erario público.
“El acuerdo está hablado con el 80 u 85 por ciento de los ejecutantes, pero hay que aclarar que es una solución parcial al conflicto y hemos decidido hacerlo de la manera que corresponde jurídicamente, que es mandando un proyecto de ley a la Legislatura, que en parte ratifica parcialmente el acuerdo firmado el 11 de mayo de 2012 por la gestión de Buzzi e incumplido”, indicó el funcionario provincial.
Acerca del contenido del acuerdo, explicó Martínez Zapata que “se propicia un pago de un 29,3 por ciento en 12 cuotas, al 2 por ciento mensual acumulable, solamente a los magistrados y funcionarios incluidos en artículo 170 de la Constitución con derecho judicial reconocido”.
El costo del acuerdo, según estimó Martínez Zapata, en base a los cálculos realizados por el ministro de Economía, Pablo Oca, rondará “entre 70 y 80 millones de pesos en un año” y añadió que “en definitiva la situación de coyuntura en la que está la emergencia en la Provincia obliga a que comencemos a desandar con distintas prioridades los temas más urgentes”.
“Porque hay un listado de casi 100 casos que están para resolverse y pueden afectar, mediante embargos, sensiblemente las arcas del Estado”, agregó.
Martínez Zapata sostuvo que “hay disímiles situaciones procesales de funcionarios, directores de oficinas judiciales, profesionales de distintas ramas que no son del derecho, que no tienen el derecho reconocido en la Cámara, que les fue revocado y se encuentran con recursos de casación en el Superior Tribunal”.
“Nos abocamos principalmente a resolver las cuestiones o casos que son más urgentes, que es el que puede perjudicar las arcas públicas mediante los embargos ejecutorios”.
Agregó que “se trata de ejecuciones con sentencia a favor, y se han ido ampliando y hay más de $ 40 millones en las cuentas judiciales, como efecto de estos embargos” y advirtió que “es una muy importante decisión política del gobernador Das Neves, de tomar esta sugerencia, que se ratifique por ley y darle las partidas correspondientes al Poder Judicial”.
Concluyó el fiscal de Estado que de esta manera se empieza “a solucionar este tema que hace más de cuatro años que está afectando sensiblemente las arcas del Estado y la concordancia institucional entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo”.