Funcionarios judiciales y magistrados de Chubut pasarían a ganar hasta 160 mil pesos por mes
Tendrían un piso de 90 mil pesos, según reveló el fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, tras reunirse con diputados.
El fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, fue invitado a la Comisión de Asuntos Constitucionales para despejar dudas respecto al proyecto de ley que envió el Ejecutivo para frenar los embargos por el acuerdo que firmó el exgobernador Martín Buzzi con magistrados y funcionarios judiciales que nunca se cumplió.
De acuerdo lo que surgió de la reunión y lo manifestado por el propio Martínez Zapata, con el acuerdo los salarios que les quedará a esos magistrados y funcionarios rondará entre los 90 y 160 mil pesos.
Los legisladores, quienes se reunieron con el Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut y también la Asociación de Magistrados, escucharon la voz del Gobierno y dijeron que seguramente la iniciativa tendrá modificaciones.
Luego del encuentro, Martínez Zapata recalcó la buena voluntad de los diputados. “La idea es poner punto final a un conflicto que aqueja las arcas provinciales hace más de cinco años. En este ámbito debo poner en valor la razonabilidad y bien entendimiento que hemos tenido con los legisladores de los distintos bloques. He evacuado gran parte de los interrogantes. Le expliqué la génesis del conflicto y el por qué hemos llegado a esta solución mediante la implementación de este proyecto de ley”, señaló.
Agregó que “manifestamos las bondades en la quita del 12,5% sobre cada ejecutante respecto a las acreencias que le reclama el Estado, cuál va a ser la implementación, en caso de aprobarse la norma, sobre el retroactivo, y tomar las posturas del SITRAJUCh y la Asociación de Magistrados”.
Recalcó que “este es un proyecto beneficioso que viene a dar un punto final a un tema de concordia institucional muy relevante para la provincia. En general me voy satisfecho de la reunión porque han sido altamente receptivos y en gran parte han coincidido con las bondades del proyecto”.
El abogado dijo que de aprobarse, “el pago sería cercano a los $80 millones en trece meses, y al 2% mensual acumulable a calcular con el salario neto de cada ejecutante. Los magistrados tendrán salarios que oscilarán entre los $90 y los $160 mil”.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, José Grazzini, dijo que la comisión recibió a todos los sectores involucrados. “Hemos escuchado a la Asociación de Magistrados, a los integrantes”.
El diputado provincial indicó que Martínez Zapata explicó los beneficios del nuevo acuerdo. “Si es una buena herramienta para que se terminen los embargos al Estado acompañaremos y como queda una sesión pondremos lo mejor de nosotros para que se terminen los juicios que vienen haciendo los magistrados a la provincia”.
¿A quiénes abarca?
Sobre la discusión a quienes abarca, comentó que involucra “a la totalidad de magistrados y funcionarios del artículo 170 que están litigando y que tienen el derecho reconocido judicialmente y están embargando. Es una solución parcial al conflicto porque hay litigantes que no tienen el derecho reconocido”.
Aclaró que si esta situación se revierte, mejorando la realidad procesal de algún litigante, “será la oportunidad de sentarse a conciliar ese pleito. La quita es del 12,5% de cada litigante de manera mensual, y estamos liberando al Estado de los embargos a futuro”.
El fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, fue invitado a la Comisión de Asuntos Constitucionales para despejar dudas respecto al proyecto de ley que envió el Ejecutivo para frenar los embargos por el acuerdo que firmó el exgobernador Martín Buzzi con magistrados y funcionarios judiciales que nunca se cumplió.
De acuerdo lo que surgió de la reunión y lo manifestado por el propio Martínez Zapata, con el acuerdo los salarios que les quedará a esos magistrados y funcionarios rondará entre los 90 y 160 mil pesos.
Los legisladores, quienes se reunieron con el Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut y también la Asociación de Magistrados, escucharon la voz del Gobierno y dijeron que seguramente la iniciativa tendrá modificaciones.
Luego del encuentro, Martínez Zapata recalcó la buena voluntad de los diputados. “La idea es poner punto final a un conflicto que aqueja las arcas provinciales hace más de cinco años. En este ámbito debo poner en valor la razonabilidad y bien entendimiento que hemos tenido con los legisladores de los distintos bloques. He evacuado gran parte de los interrogantes. Le expliqué la génesis del conflicto y el por qué hemos llegado a esta solución mediante la implementación de este proyecto de ley”, señaló.
Agregó que “manifestamos las bondades en la quita del 12,5% sobre cada ejecutante respecto a las acreencias que le reclama el Estado, cuál va a ser la implementación, en caso de aprobarse la norma, sobre el retroactivo, y tomar las posturas del SITRAJUCh y la Asociación de Magistrados”.
Recalcó que “este es un proyecto beneficioso que viene a dar un punto final a un tema de concordia institucional muy relevante para la provincia. En general me voy satisfecho de la reunión porque han sido altamente receptivos y en gran parte han coincidido con las bondades del proyecto”.
El abogado dijo que de aprobarse, “el pago sería cercano a los $80 millones en trece meses, y al 2% mensual acumulable a calcular con el salario neto de cada ejecutante. Los magistrados tendrán salarios que oscilarán entre los $90 y los $160 mil”.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, José Grazzini, dijo que la comisión recibió a todos los sectores involucrados. “Hemos escuchado a la Asociación de Magistrados, a los integrantes”.
El diputado provincial indicó que Martínez Zapata explicó los beneficios del nuevo acuerdo. “Si es una buena herramienta para que se terminen los embargos al Estado acompañaremos y como queda una sesión pondremos lo mejor de nosotros para que se terminen los juicios que vienen haciendo los magistrados a la provincia”.
¿A quiénes abarca?
Sobre la discusión a quienes abarca, comentó que involucra “a la totalidad de magistrados y funcionarios del artículo 170 que están litigando y que tienen el derecho reconocido judicialmente y están embargando. Es una solución parcial al conflicto porque hay litigantes que no tienen el derecho reconocido”.
Aclaró que si esta situación se revierte, mejorando la realidad procesal de algún litigante, “será la oportunidad de sentarse a conciliar ese pleito. La quita es del 12,5% de cada litigante de manera mensual, y estamos liberando al Estado de los embargos a futuro”.