Avanza la embestida de Cambiemos contra dos camaristas
La Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura adjudicará mañana la denuncia contra los jueces Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, integrantes de la Cámara Nacional del Trabajo, presentada esta semana por el Ministerio de Trabajo por considerar que ambos magistrados dictaron "sentencia sin causa, violando la garantía constitucional de división de poderes".
El sorteo de esta denuncia, que pide la destitución de ambos magistrados, se llevará a cabo a las 10 en la oficina que ocupa la Comisión de Acusación y Disciplina en el edificio de la calle Libertad 731.
Uno de los nueve integrantes de la Comisión resultará sorteado y será el consejero que instruya en el expediente, es decir quien reúna las medidas de prueba y proponga a la comisión la desestimación, si considerara que no tiene sustento, o la continuidad de la causa, que llevaría a plantear en el plenario el (del que participan los 13 integrantes del Consejo) el inicio de un proceso de juicio político al magistrado.
Si bien el expediente aún no es público, y sólo está a disposición de los miembros de la Comisión, fuentes de la cartera laboral confiaron a Télam que la denuncia "no se vincula con los actos jurisdiccionales adoptados" por los magistrados, sino por "la evidencia de un comportamiento parcial, inhabilitante para el ejercicio de la función judicial".
La denuncia, que lleva la firma del abogado del ministerio de Trabajo, Raúl Horacio Lambardi, pide la destitución de ambos camaristas por considerar que dictaron "sentencia sin causa, violando la garantía constitucional de división de poderes, lesionando gravemente la garantía del debido proceso".
Pero, además, los acusa de tomar "posición en manifiesto beneficio de una de las partes, al convertirse en juez y parte del proceso que debía sentenciar, quebrando de ese modo la garantía de imparcialidad a que tiene derecho todo justiciable".
El ministerio atribuyó a ambos camaristas "mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave, arbitrariedad, falta de imparcialidad e incumplimiento de la Constitución nacional", y sobre esa base pidió al Consejo de la Magistratura que los remueva de su cargo.
El ministerio de Trabajo consideró que los magistrados con su sentencia avanzaron sobre las "facultades propias del Poder Ejecutivo Nacional en una negociación salarial en curso y una conciliación obligatoria vigente a la fecha de su dictado".
"Hubo presunto mal desempeño, desconocimiento inexcusable del derecho, falta de idoneidad, negligencia grave en el ejercicio del cargo, violación a la garantía constitucional de división de poderes y al principio de congruencia, arbitrariedad y falta de imparcialidad. Aunque la petición de mal desempeño se perfeccionó en una actuación judicial, la denuncia en modo alguno se vincula con los criterios jurisdiccionales adoptados", señaló anoche el ministerio de Trabajo en un comunicado.
El sorteo de esta denuncia, que pide la destitución de ambos magistrados, se llevará a cabo a las 10 en la oficina que ocupa la Comisión de Acusación y Disciplina en el edificio de la calle Libertad 731.
Uno de los nueve integrantes de la Comisión resultará sorteado y será el consejero que instruya en el expediente, es decir quien reúna las medidas de prueba y proponga a la comisión la desestimación, si considerara que no tiene sustento, o la continuidad de la causa, que llevaría a plantear en el plenario el (del que participan los 13 integrantes del Consejo) el inicio de un proceso de juicio político al magistrado.
Si bien el expediente aún no es público, y sólo está a disposición de los miembros de la Comisión, fuentes de la cartera laboral confiaron a Télam que la denuncia "no se vincula con los actos jurisdiccionales adoptados" por los magistrados, sino por "la evidencia de un comportamiento parcial, inhabilitante para el ejercicio de la función judicial".
La denuncia, que lleva la firma del abogado del ministerio de Trabajo, Raúl Horacio Lambardi, pide la destitución de ambos camaristas por considerar que dictaron "sentencia sin causa, violando la garantía constitucional de división de poderes, lesionando gravemente la garantía del debido proceso".
Pero, además, los acusa de tomar "posición en manifiesto beneficio de una de las partes, al convertirse en juez y parte del proceso que debía sentenciar, quebrando de ese modo la garantía de imparcialidad a que tiene derecho todo justiciable".
El ministerio atribuyó a ambos camaristas "mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave, arbitrariedad, falta de imparcialidad e incumplimiento de la Constitución nacional", y sobre esa base pidió al Consejo de la Magistratura que los remueva de su cargo.
El ministerio de Trabajo consideró que los magistrados con su sentencia avanzaron sobre las "facultades propias del Poder Ejecutivo Nacional en una negociación salarial en curso y una conciliación obligatoria vigente a la fecha de su dictado".
"Hubo presunto mal desempeño, desconocimiento inexcusable del derecho, falta de idoneidad, negligencia grave en el ejercicio del cargo, violación a la garantía constitucional de división de poderes y al principio de congruencia, arbitrariedad y falta de imparcialidad. Aunque la petición de mal desempeño se perfeccionó en una actuación judicial, la denuncia en modo alguno se vincula con los criterios jurisdiccionales adoptados", señaló anoche el ministerio de Trabajo en un comunicado.