El jefe de los fiscales de Trelew le iniciará una causa penal a la fiscal Suárez García

El fiscal jefe de Trelew, Omar Rodríguez, elevó un escrito a la jueza Ivana González para revocar los beneficios a un sujeto de 50 años acusado de violar a una nena de 8, hija de su pareja. Vivían juntos los tres. Pese a la evidencia en su contra, al hombre se le otorgó una suspensión de juicio a prueba: tendría prohibición de acercamiento a la niña y su madre y cumpliría 50 horas de trabajo comunitario, pero no iría a juicio.
Al beneficio lo pidieron la fiscal Antonia Suarez García y el defensor público Omar López. Rodríguez criticó duro el trabajo de Suárez García y le iniciará una causa penal por incumplimiento de los deberes públicos, según un parte de prensa del Ministerio Público Fiscal.
En febrero de 2016, la fiscal acusó al imputado de abuso doblemente agravado por el acceso carnal y por la situación de convivencia.
Los abusos comenzaron cuando la niña tenía 8 años y duraron 5 años. La fiscal pidió 10 años de prisión. El 30 de mayo de 2016 el caso fue elevado a juicio por el juez Marcelo Nieto Di Biase, que respetó la calificación legal escogida por la fiscalía.
El juicio se fijó para el 28 de marzo de este año. Suarez García libró las cédulas de citación. Pero “sorpresivamente” –según el parte de prensa- el 13 de marzo se presentó un escrito en la Oficina Judicial de Rawson para pedir un cambio de calificación. Luego de analizar juntas la prueba, Defensa y Fiscalía habían coincidido en recalificar el hecho como abuso sexual simple agravado por la convivencia y en pedir la suspensión de juicio a prueba. La audiencia se hizo el 21 de marzo y la jueza González hizo lugar al beneficio.
La fiscal comenzó esa audiencia “pidiendo disculpas por haber acusado al imputado de semejante delito. Se excusa diciendo que fue como consecuencia del cúmulo de tareas y encontrándose `inmersa en las tareas cotidianas no chequeó correctamente la acusación´”.
Rodríguez consideró que “escuchar de boca de una fiscal reconocer que acusó mal a una persona en función del cúmulo de tareas, genera intranquilidad, sobre todo cuando la propia fiscal firmó una acusación donde pretendía una pena de 10 años”.
“¿Qué motivó a la fiscal a cambiar a un camino tan distinto? ¿Surgió algún elemento nuevo que la convenciera de semejante cambio? Claro que no”, advirtió Rodríguez, quien indicó que con los mismos elementos que sustentaron la acusación donde pretendía 10 años de prisión, “ahora consentía la aplicación de la suspensión de juicio a prueba, y encuadraba la conducta del enrostrado en un abuso simple, claro está agravado por la situación de convivencia”.
“Suarez García forzó la evidencia, cambiando el peso original”. Alteró el sentido de las conclusiones de la perito ginecóloga y restó credibilidad al testimonio de la niña con un análisis fragmentario de la evidencia.
La denuncia de Rodríguez se concentra en el testimonio de la niña en Cámara Gesell. “La menor, con una carga importante de angustia, como dijera la perito, va expresando vivencias de carácter sexual, a manos de quien por ese tiempo era pareja de su madre y conviviente con ambas”. Sufrió abusos entre los 8 y los 13 años en la casa de su abuela. “La perito, a partir de los detalles sobre los abusos, le pregunta a quién le contó y por qué, respondiendo la niña que a la mamá porque ya no pudo más”.
“La fiscal de manera tendenciosa parcializó la prueba reunida y, por medio de una fundamentación aparente, forzó la adecuación de la conducta del imputado a una figura menos gravosa, como era el abuso simple, lo que permitió solicitar la suspensión del juicio”.
Del relato de la menor surgió el acceso carnal “descartado por la fiscal” y reveló “un contexto de sometimiento y humillación con hechos que se repitieron en el tiempo, en dos domicilios distintos, cuya situación llevó a la pequeña a contar lo que estaba viviendo”.
Rodríguez explicó que “el no poder más revela una muestra clara del sometimiento del que la niña era objeto y así fue que, con un papelito que le escribió a su madre pudo comenzar a liberarse de las cadenas del abuso. Ese papelito decía `Porque me viola´”.
El fiscal jefe interpretó que su par Suárez García “contaba con elementos de convicción más que sobrados para encuadrar la conducta del imputado en un abuso sexual gravemente ultrajante, pero de ninguna manera en el tipo básico de la figura tal como lo hizo”. Si la imputación original se hubiese conservado, el beneficio no podía otorgarse y debía ir a juicio.
Sin preparación

Según el parte de prensa, la falta de preparación del caso por parte de la fiscal incluyó errar de autor: sindicó al abuelo de la víctima cuando en realidad era la pareja de la madre.  
“La fiscal toma parte de la evidencia, le da una interpretación antojadiza y expresa conclusiones que sólo estaban en su cabeza al omitir el resto del material probatorio. Bajo la apariencia de un dictamen fundado, hace incurrir en error a la magistrada Ivana González”.
Rodríguez concluyó que la respuesta de Suárez García en el caso “es contraria a los criterios establecidos por este Ministerio Público Fiscal, ya que no solamente hace caso omiso a la instrucción del procurador de la provincia en donde instruyó que en los casos de abuso sexual hay que procurar el castigo del culpable (…) sino también ha realizado actos de una gravedad superlativa”.
Su impugnación “busca corregir una situación sumamente grave, que llevó a que se cometa una injusticia pocas veces vista”.
“No parece razonable que un superior jerárquico dentro de la estructura de este Ministerio Público mire impávido cómo un caso penal, con una niña víctima, reciba una respuesta antojadiza y reñida con la más elemental justicia. Este tipo de casos exige sensibilidad y compromiso de los operadores del sistema y tratándose de una niña, reclamaba y reclama, como dijo la Corte, `la necesidad de establecer un procedimiento legal, justo y eficaz para la mujer, que incluya un juicio oportuno”. El fiscal jefe también envió el caso al Superior Tribunal de Justicia.#