Editorial / Los anticuerpos de la Justicia

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15 ABR 2017 - 22:19 | Actualizado

Que un fiscal jefe apele la decisión de un juez que se basó en el pedido de otro fiscal. Y que ese mismo fiscal jefe decida denunciar a su par por incumplimiento de los deberes de funcionario público, parece Argentina “año verde”.
Pues no. Sucedió en Chubut. Los protagonistas son el jefe de los fiscales de Trelew, Omar Rodríguez y la fiscal acusada es una veterana de estas lides, Graciela Antonia Suárez García.
Más allá de los detalles del entuerto, que desgranaremos en esta Columna, hay que aplaudir que al menos una parte de la Justicia de Chubut todavía tenga los anticuerpos listos para combatir los “virus” que puedan atacar a las entrañas del Poder Judicial.
Tal vez por no sacar los pies de la “corporación judicial”, son muy pocos los casos de altos funcionarios judiciales que ponen la cara –al menos en público- para cuestionar con dureza una decisión de un par.
El caso de Rodríguez no es el único, pero es de los más llamativos. El fiscal jefe de Trelew acusa a Suárez García por su actuación en un juicio en el que cambió la imputación a un acusado de violar a una nena desde los 8 a los 13 años –hoy tiene 15-. Primero pidió una pena de 10 años y luego, sorpresivamente, lo benefició con la suspensión de juicio a prueba y el otorgamiento de 50 horas comunitarias.
“Es la primera vez que veo algo así”, le dijo Rodríguez a la prensa durante una conferencia en la que aclaró que no tenía “nada personal” con su colega pero no podía dejar pasar semejante espanto jurídico.
Según Rodríguez, la fiscal Suárez García eligió la calificación sin tener demasiado conocimiento de la causa y con el argumento de que tenía mucho trabajo. “Eso me genera cierta intranquilidad, por ser generoso. No puedo tener una espada sobre una persona imputada porque lo miré rápido y consideré en ese momento que había violación y pedirle 10 años como si fuera una bolsa de caramelos. Ante semejante injusticia alguien tiene que controlar. No puedo quedarme en la forma. Si veo que hay una gravedad, confío que cuando llegue al Superior van a mirar con detenimiento el caso. Que lo estudien y digan algo”.
Lo que hizo Rodríguez llama la atención porque es infrecuente, pero debería ser la norma con la que deberían actuar todos: fiscales, jueces, defensores. Controlándose unos a otros sin necesidad de esperar que el Consejo de la Magistratura se tome su tiempo para evaluar cada caso.
El fiscal Rodríguez elevó la vara. Que nadie la baje y que en el futuro haya más ejemplos como este.
Juicios por jurados

La participación ciudadana en la administración de justicia es un tema que tiene siglos en el mundo, pero que la Argentina se ha comenzado a debatir hace pocos años y, en el caso de Chubut, gana terreno con la presentación de un proyecto para implementar los juicios por jurados.
La participación de civiles en la administración de justicia para delitos de 15 años o más podría ser una realidad en pocos años en Chubut. Es más, si el proyecto se trata este año, es posible que se intente implementar desde 2018.
El formato de juicios por jurados es amplio y tiene algunas complejidades, pero está basado en conceptos muy claros y precisos: ser jurado es una responsabilidad pública. Se los elige por sorteo, en base al padrón electoral. El jurado lo conformarán 12 personas previamente seleccionadas y para declarar culpable a un acusado se necesitarán 10 votos como mínimo. Y en el caso de que la condena sea reclusión perpetua, se requerirá un veredicto unánime.
En el caso del proyecto que se busca implementar en Chubut, impulsado en la Legislatura por el diputado provincial Adrián López (Chubut Somos Todos), el jurado popular solo actuará en delitos cometidos cuya pena es como mínimo de 14 años. Este rango incluye al jefe de una asociación ilícita; la violación seguida de muerte; y homicidio agravado, entre otros.
El gobernador Mario Das Neves también adelantó que se incluirá en este listado a los delitos contra la Administración Pública –corrupción- y también al abigeato.
Las implementaciones de juicios por jurados en las provincias argentinas –ya funciona en Córdoba (2005), Neuquén (2014) y Buenos Aires (2015)- estuvieron acompañadas por dos grandes preocupaciones en la agenda pública: que los jurados civiles fueran más absolutorios que los jueces, conmovidos por la carga emocional y la presión de dictar una condena; y el temor a que los jurados fueran el reflejo de una sociedad “vengadora” reclamando justicia con “mano dura”.
Sin embargo, las estadísticas luego de dos años de funcionamiento en la provincia de Buenos Aires indican que ninguna de las dos situaciones se comprobó: los juicios por jurados arrojaron un 60% de condenas y un 40% de absoluciones. Este desempeño, según los especialistas, no sólo resulta similar al de los jueces letrados, sino que se ajusta a los estándares internacionales para este tipo de procesos, lo que confirma su imparcialidad.
“Las encuestas coordinadas por el Ministerio de Justicia y varios de los tribunales intervinientes -antes y después de los juicios- revelan que el 90,5% de los jurados mejoraron su imagen en la Justicia luego de sus experiencias y que casi el 72% tendría ganas de volver a repetirla”, señala Andrés Harfuch, miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).
Harfuch estará mañana en Trelew en una conferencia en la que se debatirá el tema, auspiciada por la Fundación Patagonia Tercer Milenio, el Ateneo “Perón Balbín” y el Grupo Jornada. Junto a él estarán el diputado López y la jurista norteamericana Valerie Hans, una de las voces más respetadas del mundo en el tema: “Es importante que la Justicia se convierta en un lugar de fácil acceso para la población, hace que los abogados deban presentarse en las audiencias con mucha claridad y prolijidad para que el jurado se identifique con ellos”, señala Hans.
“Se logra así que esos casos no sólo se hagan más entendibles para el jurado sino para el resto de la población, y hace que el proceso sea más transparente.”
A la sociedad chubutense le vienen muy bien los dos debates. El de la generación de más “anticuerpos” para frenar las “enfermedades” a la que está expuesta la Justicia. Y el de los juicios por jurados, porque también es una manera de involucrarse en los cambios, que son mucho más profundos cuando se hacen desde adentro.#

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15 ABR 2017 - 22:19

Que un fiscal jefe apele la decisión de un juez que se basó en el pedido de otro fiscal. Y que ese mismo fiscal jefe decida denunciar a su par por incumplimiento de los deberes de funcionario público, parece Argentina “año verde”.
Pues no. Sucedió en Chubut. Los protagonistas son el jefe de los fiscales de Trelew, Omar Rodríguez y la fiscal acusada es una veterana de estas lides, Graciela Antonia Suárez García.
Más allá de los detalles del entuerto, que desgranaremos en esta Columna, hay que aplaudir que al menos una parte de la Justicia de Chubut todavía tenga los anticuerpos listos para combatir los “virus” que puedan atacar a las entrañas del Poder Judicial.
Tal vez por no sacar los pies de la “corporación judicial”, son muy pocos los casos de altos funcionarios judiciales que ponen la cara –al menos en público- para cuestionar con dureza una decisión de un par.
El caso de Rodríguez no es el único, pero es de los más llamativos. El fiscal jefe de Trelew acusa a Suárez García por su actuación en un juicio en el que cambió la imputación a un acusado de violar a una nena desde los 8 a los 13 años –hoy tiene 15-. Primero pidió una pena de 10 años y luego, sorpresivamente, lo benefició con la suspensión de juicio a prueba y el otorgamiento de 50 horas comunitarias.
“Es la primera vez que veo algo así”, le dijo Rodríguez a la prensa durante una conferencia en la que aclaró que no tenía “nada personal” con su colega pero no podía dejar pasar semejante espanto jurídico.
Según Rodríguez, la fiscal Suárez García eligió la calificación sin tener demasiado conocimiento de la causa y con el argumento de que tenía mucho trabajo. “Eso me genera cierta intranquilidad, por ser generoso. No puedo tener una espada sobre una persona imputada porque lo miré rápido y consideré en ese momento que había violación y pedirle 10 años como si fuera una bolsa de caramelos. Ante semejante injusticia alguien tiene que controlar. No puedo quedarme en la forma. Si veo que hay una gravedad, confío que cuando llegue al Superior van a mirar con detenimiento el caso. Que lo estudien y digan algo”.
Lo que hizo Rodríguez llama la atención porque es infrecuente, pero debería ser la norma con la que deberían actuar todos: fiscales, jueces, defensores. Controlándose unos a otros sin necesidad de esperar que el Consejo de la Magistratura se tome su tiempo para evaluar cada caso.
El fiscal Rodríguez elevó la vara. Que nadie la baje y que en el futuro haya más ejemplos como este.
Juicios por jurados

La participación ciudadana en la administración de justicia es un tema que tiene siglos en el mundo, pero que la Argentina se ha comenzado a debatir hace pocos años y, en el caso de Chubut, gana terreno con la presentación de un proyecto para implementar los juicios por jurados.
La participación de civiles en la administración de justicia para delitos de 15 años o más podría ser una realidad en pocos años en Chubut. Es más, si el proyecto se trata este año, es posible que se intente implementar desde 2018.
El formato de juicios por jurados es amplio y tiene algunas complejidades, pero está basado en conceptos muy claros y precisos: ser jurado es una responsabilidad pública. Se los elige por sorteo, en base al padrón electoral. El jurado lo conformarán 12 personas previamente seleccionadas y para declarar culpable a un acusado se necesitarán 10 votos como mínimo. Y en el caso de que la condena sea reclusión perpetua, se requerirá un veredicto unánime.
En el caso del proyecto que se busca implementar en Chubut, impulsado en la Legislatura por el diputado provincial Adrián López (Chubut Somos Todos), el jurado popular solo actuará en delitos cometidos cuya pena es como mínimo de 14 años. Este rango incluye al jefe de una asociación ilícita; la violación seguida de muerte; y homicidio agravado, entre otros.
El gobernador Mario Das Neves también adelantó que se incluirá en este listado a los delitos contra la Administración Pública –corrupción- y también al abigeato.
Las implementaciones de juicios por jurados en las provincias argentinas –ya funciona en Córdoba (2005), Neuquén (2014) y Buenos Aires (2015)- estuvieron acompañadas por dos grandes preocupaciones en la agenda pública: que los jurados civiles fueran más absolutorios que los jueces, conmovidos por la carga emocional y la presión de dictar una condena; y el temor a que los jurados fueran el reflejo de una sociedad “vengadora” reclamando justicia con “mano dura”.
Sin embargo, las estadísticas luego de dos años de funcionamiento en la provincia de Buenos Aires indican que ninguna de las dos situaciones se comprobó: los juicios por jurados arrojaron un 60% de condenas y un 40% de absoluciones. Este desempeño, según los especialistas, no sólo resulta similar al de los jueces letrados, sino que se ajusta a los estándares internacionales para este tipo de procesos, lo que confirma su imparcialidad.
“Las encuestas coordinadas por el Ministerio de Justicia y varios de los tribunales intervinientes -antes y después de los juicios- revelan que el 90,5% de los jurados mejoraron su imagen en la Justicia luego de sus experiencias y que casi el 72% tendría ganas de volver a repetirla”, señala Andrés Harfuch, miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).
Harfuch estará mañana en Trelew en una conferencia en la que se debatirá el tema, auspiciada por la Fundación Patagonia Tercer Milenio, el Ateneo “Perón Balbín” y el Grupo Jornada. Junto a él estarán el diputado López y la jurista norteamericana Valerie Hans, una de las voces más respetadas del mundo en el tema: “Es importante que la Justicia se convierta en un lugar de fácil acceso para la población, hace que los abogados deban presentarse en las audiencias con mucha claridad y prolijidad para que el jurado se identifique con ellos”, señala Hans.
“Se logra así que esos casos no sólo se hagan más entendibles para el jurado sino para el resto de la población, y hace que el proceso sea más transparente.”
A la sociedad chubutense le vienen muy bien los dos debates. El de la generación de más “anticuerpos” para frenar las “enfermedades” a la que está expuesta la Justicia. Y el de los juicios por jurados, porque también es una manera de involucrarse en los cambios, que son mucho más profundos cuando se hacen desde adentro.#


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