Temer admitió que el juicio a Dilma fue una venganza de Cunha
A un año de la tumultuosa sesión de la Cámara de Diputados de Brasil que dio curso al juicio político de Dilma Rousseff, el presidente Michel Temer admitió que el impechment fue motivado por un chantaje de su aliado, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, hoy detenido en la Operación Lava Jato.
Una porción de diputados que votaban "contra la corrupción" para destituir a Rousseff por maniobras presupuestarias y en nombre de Dios y la familia en muchos casos hoy están incluidos en la lista de investigados del Supremo Tribunal Federal (STF) a causa de que la emprasa Odebrecht delató que les dio dinero en forma ilegal, sea como coima o para financiar campañas.
En ese marco, la revelación que hizo Temer anoche al canal Bandeirantes vuelve a abrir aquel episodio en medio de la parálisis política que generó la delación de Odebrecht.
Dijo Temer que Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento de la Democracia del Brasil (PMDB) abrió el juicio político contra Rousseff cuando el Partido de los Trabajadores (PT) se negó a protegerlo en el comité de ética de la Cámara de Diputados por haber escondido cuatro cuentas en Suiza.
Rousseff anunció que acudirá a la corte, nuevamente, para intentar demostrar que el juicio político fue "desvío de poder" para favorecer a la sobrevida de Cunha, detenido y procesado por el juez Sergio Moro en Curitiba, tras haber sido destituido por falta de decoro luego de haber completado su obra, la destitución de la mandataria.
"Que Dios tenga misericordia de este país", dijo al votar "sí" al impeachment Cunha el 17 de abril de 2016, en medio de una sesión que abría el inicio del proceso que finalmente destituyó a Rousseff el 31 de agosto.
Con más de la mitad de la cámara baja investigada por distintos casos y niveles de supuesta corrupción, de los 39 diputados involucrados en la delación de Odebrecht, 21 votaron por la caída de la primera mujer presidenta.
En las calles, Brasil se había convertido en una ola amarilla de quienes pedían el juicio político de Rousseff, en el marco de la recesión y la Operación Lava Jato, que sigue sin afectarla directamente, aunque Moro debe decidir si abre una investigación contra ella a partir de la delación de Odebrecht.
Frente al Congreso, una muralla dividía a los pro y contra el impeachment de Rousseff.
La sesión estuvo marcada por momentos que dejaron al descubierto el poder del bloque evangélico y ruralista, todos en torno a la destitución.
Es emblemático el voto de Raquel Muñiz, del Partido Social Demócrata de Minas Gerais, esposa del alcalde de Montes Claros, Ruy Muñiz. "Mi voto es para decir que Brasil tiene solución y eso nos muestra Montes Claros todos los días", dijo al argumenta su "sí" la legisladora.
Al día siguiente, su esposo, el alcalde, un empresario, fue detenido acusado de desviar dinero del sistema de salud a su clínica privada, en un episodio muy cercano a lo bizarro y al "cambalache" de biblias y calefones, pero a la brasileña.
La exposición popular de esta votación llevó a que varios tuvieran un ascenso en sus carreras. como el actual ministro de las Ciudades, Bruno Araújo, del Partido de la Social democracia Brasileña (PSDB) del ex presidente Fernando Henrique Cardoso.
Araújo fue el voto 342 de los 367 contra Rousseff, pero su sufragio permitió la aprobación del proceso.
Araújo tiene el sobrenombre de "jujuba" en la lista de supuestos sobornos de Odebrecht, que dijo que le pagó 200.000 dólares para que votara a favor de la empresa constructora en proyectos vinculados a la ingeniería en Diputados.
Es uno de los ocho ministros de Temer delatados.
Dos casos de los polos políticos más opuestos continúan hasta hoy dando que hablar.El ultraderechista Jair Bolsonaro, hoy candidato presidencial, votó sí alabando al represor Carlos Brilhante Ustra, quien comandaba el equipo de agentes de la dictadura militar que torturó durante 22 días en 1970 a una joven Dilma Rousseff.
Del otro lado, Jean Willys, quien en la sesión escupió a Bolsonaro y que trató de "canallas y corruptos" a quienes aceptaban llevar adelante el impeachment.
Rousseff fue suspendida el 12 de mayo al aceptar el Senado el proceso abierto por Diputados y luego destituida el 31 de agosto. En ese marco, la defensa de Rousseff insistió ante el Supremo Tribunal Federal que el delito -violación de la ley de responsabilidad fiscal- no era un crimen de responsabilidad contra la Constitución y que el proceso fue abierto por Cunha para intentar escapar de las investigaciones.
Ahora, el caso vuelve debido a que Temer, el domingo a la noche, reveló que Cunha le dio curso desde la presidencia de Diputados a un pedido de juicio político contra Rousseff porque el Partido de los Trabajadores (PT) no lo había protegido en la comisión de ética.
"La prueba de que fue una venganza la ha dado Temer, por eso acudiremos nuevamente al Supremo Tribunal Federal. Eduardo Cunha aceptó el proceso luego de fallar en chantajear al gobierno de Dilma. Los derrotados en las elecciones no lograron vencer en las urnas e intentaron la conspiración vía impeachment", dijo el abogado de Rousseff y ex ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo.
El juicio político acusaba a Rousseff de haber violado la ley de responsabilidad fiscal al haber alterado las partidas presupuestarios, usando créditos de bancos públicos, para cumplir con los programas sociales, como el plan de agricultura familiar.
Una porción de diputados que votaban "contra la corrupción" para destituir a Rousseff por maniobras presupuestarias y en nombre de Dios y la familia en muchos casos hoy están incluidos en la lista de investigados del Supremo Tribunal Federal (STF) a causa de que la emprasa Odebrecht delató que les dio dinero en forma ilegal, sea como coima o para financiar campañas.
En ese marco, la revelación que hizo Temer anoche al canal Bandeirantes vuelve a abrir aquel episodio en medio de la parálisis política que generó la delación de Odebrecht.
Dijo Temer que Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento de la Democracia del Brasil (PMDB) abrió el juicio político contra Rousseff cuando el Partido de los Trabajadores (PT) se negó a protegerlo en el comité de ética de la Cámara de Diputados por haber escondido cuatro cuentas en Suiza.
Rousseff anunció que acudirá a la corte, nuevamente, para intentar demostrar que el juicio político fue "desvío de poder" para favorecer a la sobrevida de Cunha, detenido y procesado por el juez Sergio Moro en Curitiba, tras haber sido destituido por falta de decoro luego de haber completado su obra, la destitución de la mandataria.
"Que Dios tenga misericordia de este país", dijo al votar "sí" al impeachment Cunha el 17 de abril de 2016, en medio de una sesión que abría el inicio del proceso que finalmente destituyó a Rousseff el 31 de agosto.
Con más de la mitad de la cámara baja investigada por distintos casos y niveles de supuesta corrupción, de los 39 diputados involucrados en la delación de Odebrecht, 21 votaron por la caída de la primera mujer presidenta.
En las calles, Brasil se había convertido en una ola amarilla de quienes pedían el juicio político de Rousseff, en el marco de la recesión y la Operación Lava Jato, que sigue sin afectarla directamente, aunque Moro debe decidir si abre una investigación contra ella a partir de la delación de Odebrecht.
Frente al Congreso, una muralla dividía a los pro y contra el impeachment de Rousseff.
La sesión estuvo marcada por momentos que dejaron al descubierto el poder del bloque evangélico y ruralista, todos en torno a la destitución.
Es emblemático el voto de Raquel Muñiz, del Partido Social Demócrata de Minas Gerais, esposa del alcalde de Montes Claros, Ruy Muñiz. "Mi voto es para decir que Brasil tiene solución y eso nos muestra Montes Claros todos los días", dijo al argumenta su "sí" la legisladora.
Al día siguiente, su esposo, el alcalde, un empresario, fue detenido acusado de desviar dinero del sistema de salud a su clínica privada, en un episodio muy cercano a lo bizarro y al "cambalache" de biblias y calefones, pero a la brasileña.
La exposición popular de esta votación llevó a que varios tuvieran un ascenso en sus carreras. como el actual ministro de las Ciudades, Bruno Araújo, del Partido de la Social democracia Brasileña (PSDB) del ex presidente Fernando Henrique Cardoso.
Araújo fue el voto 342 de los 367 contra Rousseff, pero su sufragio permitió la aprobación del proceso.
Araújo tiene el sobrenombre de "jujuba" en la lista de supuestos sobornos de Odebrecht, que dijo que le pagó 200.000 dólares para que votara a favor de la empresa constructora en proyectos vinculados a la ingeniería en Diputados.
Es uno de los ocho ministros de Temer delatados.
Dos casos de los polos políticos más opuestos continúan hasta hoy dando que hablar.El ultraderechista Jair Bolsonaro, hoy candidato presidencial, votó sí alabando al represor Carlos Brilhante Ustra, quien comandaba el equipo de agentes de la dictadura militar que torturó durante 22 días en 1970 a una joven Dilma Rousseff.
Del otro lado, Jean Willys, quien en la sesión escupió a Bolsonaro y que trató de "canallas y corruptos" a quienes aceptaban llevar adelante el impeachment.
Rousseff fue suspendida el 12 de mayo al aceptar el Senado el proceso abierto por Diputados y luego destituida el 31 de agosto. En ese marco, la defensa de Rousseff insistió ante el Supremo Tribunal Federal que el delito -violación de la ley de responsabilidad fiscal- no era un crimen de responsabilidad contra la Constitución y que el proceso fue abierto por Cunha para intentar escapar de las investigaciones.
Ahora, el caso vuelve debido a que Temer, el domingo a la noche, reveló que Cunha le dio curso desde la presidencia de Diputados a un pedido de juicio político contra Rousseff porque el Partido de los Trabajadores (PT) no lo había protegido en la comisión de ética.
"La prueba de que fue una venganza la ha dado Temer, por eso acudiremos nuevamente al Supremo Tribunal Federal. Eduardo Cunha aceptó el proceso luego de fallar en chantajear al gobierno de Dilma. Los derrotados en las elecciones no lograron vencer en las urnas e intentaron la conspiración vía impeachment", dijo el abogado de Rousseff y ex ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo.
El juicio político acusaba a Rousseff de haber violado la ley de responsabilidad fiscal al haber alterado las partidas presupuestarios, usando créditos de bancos públicos, para cumplir con los programas sociales, como el plan de agricultura familiar.