“Por la negligencia y la inoperancia, una mujer es más vulnerable en Chubut que en el Conurbano”

Por Rolando Tobarez / @rtobarez

La charla fue el jueves, en el Colegio de Abogados de Trelew. Tuvo un título crudo: “Apuntes para terminar con la ineficacia judicial en violencia de género (y evitar una tragedia)”. Y la brindó el juez de Familia de Rawson, Martín Alesi, con duras críticas para la inoperancia de buena parte del Poder Judicial al momento de proteger a las víctimas de violencia familiar y de género.

“En Chubut, la mujer es más vulnerable que en el resto el país”, dijo. Y es que aunque la violencia de género está instalada en el país, “en Chubut es peor: la vulnerabilidad de la mujer aumenta notablemente por la inoperancia de un sector del Poder Judicial incomparable con los poderes judiciales de otras provincias”.

“Por la negligencia judicial, una mujer es más vulnerable en Chubut que en Capital Federal, el Conurbano bonaerense, Río Negro o Santa Cruz –apuntó-. Se escucha que los problemas éticos del Poder Judicial pasan por los jueces que embargan las cuentas del Estado cuando lo realmente importante es resolver de una vez el servicio deficiente en violencia familiar y de género”.

Triste

Recordó que en octubre de 2015 “sucedió uno de los capítulos más tristes del Poder Judicial. Por falta de pago, la Cooperativa de Trelew cortó la energía en los Juzgados de Familia y la Defensa Pública”. Durante días se paralizó el servicio. “Centenares de personas vulnerables, muchas víctimas de violencia de género, no tuvieron una defensa eficiente de sus derechos”.

“En vez de ordenar el restablecimiento urgente del servicio, el Poder Judicial esperó que vuelva la luz, como lo haría cualquier vecino. ¿Cómo la sociedad espera que se resguarde la vida y la integridad de las mujeres, cuando el Poder Judicial del Chubut no sabe proteger su propio funcionamiento?”.

“Salvo excepciones, tenemos un Poder Judicial que no es proactivo. Espera que vuelva la luz cuando se la cortan, espera que la mujer víctima de violencia llegue al Juzgado para atenderla, a pesar de que ya denunció en la Comisaría de la Mujer y no está en condiciones de seguir golpeando más puertas para pedir ayuda”, afirmó.

Alesi criticó la “invisibilización” de la mujer en las comisarías. “En parte de Chubut, la ciudadanía de la mujer existe sólo cuando pisa el Juzgado, antes no. En algunos juzgados se exige que la denunciante tenga patrocinio letrado, de lo contrario no se recibe ni tramita su denuncia”.

En algunas ciudades la mujer golpeada “enfrenta una experiencia desconcertante, la denuncia no le sirve para obtener una medida de protección, y debe ir a la Defensoría Pública o a un abogado particular para iniciar el expediente judicial. Se le exige demasiado para protegerla”.

“Está aterrorizada, vive un infierno, y si apenas pudo llegar a la Comisaría, lo más probable es que se paralice y no vaya a la Defensoría Pública. Estos desmanejos estructurales confunden y revictimizan a la mujer. ¿Para qué existen las comisarías de la mujer, si la denuncia no sirve para obtener la protección judicial? ¿Cómo es posible que una mujer maltratada deba ir a dos oficinas distintas para que se la proteja? ¿Cuántas veces debe contar la agresión que sufrió?”.

Alesi cuestionó la política del Superior Tribunal de Justicia, que hace poco dictó dos resoluciones en esta área. “Trazó un diagnóstico preocupante de la actuación judicial, recordando a todos los jueces los principios que rigen la protección contra la violencia para no demorar o frustrar la protección debida a las víctimas y evitar eventuales peligros”. El STJ “recomendó que los actores judiciales elaboren protocolos de actuación para mejorar el servicio de justicia”. Pero a ese protocolo lo tiene que hacer el STJ, “no quienes deben corregir sus prácticas, si no ¿qué clase de protocolo va a resultar? Hay falencias gravísimas, necesitamos un protocolo para cambiar la situación, no para perpetuar la crisis. La situación es dramática y exige un acuerdo plenario urgente de tres renglones, para que ya mismo todas las denuncias policiales sean admitidas en los juzgados, sin necesidad de patrocinio letrado”.

Obligación estatal

El juez recordó los casos en que la víctima no sostiene su denuncia o pide el archivo del expediente. “Para la ley chubutense, la víctima puede poner fin a la intervención judicial cuando quiera. Se dice que hay que respetar la decisión de la mujer, pues protegerla en contra de su voluntad sería una intromisión estatal en su vida privada. Es un error”.

Alesi interpretó que el mensaje del Poder Judicial es: “La mujer es víctima, pero hay que respetar si no quiere que la ayuden. Si el Estado interviene, vulnera su libertad de elección”. Lo consideró “un argumento llamativo, porque el Estado me exige que use cinturón de seguridad, casco, me interna en una comunidad terapéutica si soy adicto. Quiero hacer una fiesta para 200 personas en un local sin condiciones de seguridad y la Municipalidad no me va a dejar, aunque los 200 asistentes firmen un documento rechazando la protección estatal. El Estado actúa aunque no quieras, pero no para proteger a una víctima de violencia de género. Se encubre una aplicación sexista de la ley, porque de todas las interpretaciones posibles de la Constitución, se elige aquella que la deja en riesgo de muerte”.

El juez pidió “terminar con la incongruencia de un sistema judicial que sólo protege la vida cuando la víctima sostiene la denuncia de maltrato, cuando en realidad varias de las mujeres que atraviesan por esta grave situación no tienen ninguna capacidad de reacción para demandar ayuda del Estado”.

Según la ley, cuando termina la medida cautelar, se archiva el expediente si no hay una nueva presentación. “Implica que la víctima tenga que presentar un nuevo escrito en el Juzgado para denunciar que sigue sufriendo violencia”.

“En cualquier ley de protección de víctimas, las medidas cautelares siguen mientras el juez no compruebe que se superó la situación de violencia “como lo sabe cualquier alumno de cuarto año de la carrera de Derecho”. Pero en Chubut, “donde el Poder Judicial es tolerante de la violencia familiar y de género y promueve zonas liberadas para los agresores, la intervención judicial se muere como el Tamagotchi por la simple razón de que la víctima se descuidó y omitió algo, cuando es ella a quien el Poder Judicial tiene que cuidar”.

En otro apartado se preguntó: “¿Garavano ofrece 20 pulseras para todo Chubut y me tengo que alegrar?”. Se trata del ministro de Justicia de la Nación. “Hace casi un año se anunciaron como prueba piloto, una falta de respeto porque se necesitan más de 300, pero al día de hoy no hay ni una. Es grave el manejo del gobierno nacional en un tema tan delicado, encima festejamos que nos den 20 pulseras en lugar de reclamar que faltan 280. Quiero al menos 20 botones o pulseras electrónicas en Rawson antes de fin de año, que los dé Nación, Provincia o el Municipio, no importa, pero hay que atender el tema porque puede suceder una tragedia”.

A casa

La ley de emergencia en violencia de género, finalmente vetada, “es una muestra del despiste en la provincia con la violencia de género. Tenía una contradicción enorme: declaraba una emergencia, sin atender ninguna de las urgencias como la reforma de la ley de violencia familiar y el Código Procesal Penal”.

“Creaba servicios de atención jurídica y de salud, y organismos de estadísticas que ya tenemos, e insistía con la construcción de hogares para mujeres, reforzando las consecuencias de la violencia e impunidad ¿Por qué la mujer tiene que ir a un hogar y el agresor se queda en la casa?”.