Ripa y Tolosa explicaron por qué quieren ocupar la Oficina de la Mujer y defendieron sus proyectos
La exdiputada y exministro de Gobierno compite por el cargo con la extitular del INADI. En una audiencia pública respondieron preguntas del tribunal. Qué harían si les dan el puesto creado por el Superior Tribunal de Justicia y sus críticas a la actual política de violencia de género en la provincia.
Las dos postulantes para conducir la Oficina de la Mujer y de Violencia de Género en el Superior Tribunal de Justicia defendieron sus proyectos en audiencia abierta al público. Se trata de Mariana Ripa y Alejandra Tolosa.
Al jurado lo presidió la camarista de Comodoro Rivadavia, Silvia Alonso y como vocales fueron designadas Mariela González, jueza de Familia de Esquel; Patricia Reyes, jueza de Madryn; Laura Nogues Peralta, defensora pública de Comodoro Rivadavia y Silvia Pereira, fiscal de Trelew.
Participó del panel como invitado Carlos Antonio Romano, quien fue magistrado durante 26 años y actualmente es asesor jurídico, legislativo, docente universitario y director general internacional de la Red por la Paz y asesor en materia de derechos humanos de varias organizaciones internacionales.
Ripa, exministro de Gobierno y exdiputada, defendió su proyecto ante las consultas del jurado. Aseguró que tiene experiencia en el manejo de personal por sus cargos anteriores además de ser parte de equipos de trabajo.
Destacó como fundamental la visibilización de la problemática y propuso una intensa capacitación obligatoria y sensibilización de todos los operadores del sistema judicial. Marcó la necesidad de modificar aspectos socioculturales dentro del mismo Poder Judicial, donde existen ciertos resquemores o barreras sobre la problemática de la mujer, trabajando la capacitación de manera transversal.
También se refirió a los recursos económicos. En estos momentos el área sólo cuenta con una persona y una computadora para operar en una pequeña oficina. Ripa planteó la posibilidad de gestionar recursos a través de convenios y colaboraciones con otros organismos del Estado y organizaciones civiles.
Consultada sobre acciones a realizar en el corto plazo, mencionó recuperar precedentes judiciales sobre la problemática y recabar información que hoy no está sistematizada en ninguna circunscripción.
Ante la consulta sobre la realidad en Chubut, donde cada circunscripción utiliza criterios e interpretaciones diferentes de la legislación, con estándares diferenciados de trabajo, Ripa marcó la necesidad de interiorizarse a través de entrevistas personales para conocer las particularidades de cada ciudad. Por su experiencia laboral en cada jurisdicción se aplica el concepto de “cada maestrito con su librito”.
En relación al rol de las comisarías de la Mujer, la abogada las calificó como un eje central para el trabajo en la problemática ya que tienen mucha aceptación por parte de las mujeres y son de fácil acceso para la población. Destacó el compromiso de las integrantes de estas dependencias. Aunque admitió falencias ya que marcó que las mujeres policías son víctimas de violencia dentro de una estructura “machista” como es la fuerza policial, muchas veces carecen de capacitación y de recursos económicos para operar y les falta asesoramiento legal.
Opinó sobre la Ley XV-12 (sobre violencia familiar), que en su artículo 12 dicta que ante el incumplimiento de las medidas impuestas al agresor, el juez de Familia podrá disponer de hasta cinco días de arresto. Ripa avaló tal acción ya que considera a la privación de la libertad como una medida simbólica.
Para las mujeres presas, Ripa propuso generar capacitaciones y charlas sobre sus derechos y oficios.
Al defender su proyecto, Tolosa, la exdelegada de la oficina del INADI en Puerto Madryn, marcó como objetivo a corto plazo la necesidad de dotar de institucionalidad y legitimación al área de la Mujer en el Superior para convertirse con el tiempo en una autoridad con opinión técnica que puede participar de distintos procesos en el Poder Judicial.
En cuanto a las falencias del sistema, Tolosa marcó fallas en la atención de las víctimas de violencia ya que, detalló, hay discriminación estructural en el sistema y desatinos en las prácticas.
Si accede al cargo, de inmediato buscaría convenios con otros organismos la posibilidad de ampliar el equipo de trabajo con recursos humanos y materiales. Nombró la necesidad de implementar capacitaciones y de indagar sobre necesidades y cuestionamientos dentro del Poder Judicial.
En el intercambio con el jurado, se reconoció que existe dentro del Poder Judicial una resistencia a la problemática de la mujer. Consultada sobre cómo vencerlas, Tolosa aseguró que el mismo actuar de la Oficina con los resultados a corto, mediano y largo plazo harán el trabajo.
Enumeró acciones inmediatas como el trabajo a realizar en materia de comunicación, sensibilización y articulación con todas las áreas relacionadas con la problemática de la violencia. Sobre la comunicación, explicó que se trabajará en difundir entre la ciudadanía de los derechos que poseen, y se realizará el análisis de sentencias y legislación vigente y la sistematización de todo el material.
En cuanto al artículo 12 de la Ley XV-12, compartió el criterio de Ripa sobre la aplicación de días de arresto a un agresor si incumple medidas. Calificó a la medida como un valor ya que la justicia da una respuesta más adecuada a la víctima. Y coincidió en su propuesta para capacitar a las mujeres presas.
En su proyecto de trabajo, Tolosa propone implementar dispositivos móviles de acceso a la Justicia. Se difundiría un cronograma con fechas y lugares de permanencia y en esos puestos móviles se buscará informar y atender diversas problemáticas como también recibir denuncias.
Para conocer las particularidades de cada circunscripción, tendría encuentros personales con los agentes en cada ciudad y a través de encuestas anónimas, relevar dificultades que detectan los propios operadores en su lugar de trabajo. También señaló el fortalecimiento de vínculos con organismos de derechos humanos.
Por último cuestionó la implementación de los botones antipánico en la provincia, por la cantidad anunciada que enviará Nación y por la responsabilidad nuevamente puesta en la víctima. Igualmente reconoció no estar muy interiorizada sobre el tema.
Las dos postulantes para conducir la Oficina de la Mujer y de Violencia de Género en el Superior Tribunal de Justicia defendieron sus proyectos en audiencia abierta al público. Se trata de Mariana Ripa y Alejandra Tolosa.
Al jurado lo presidió la camarista de Comodoro Rivadavia, Silvia Alonso y como vocales fueron designadas Mariela González, jueza de Familia de Esquel; Patricia Reyes, jueza de Madryn; Laura Nogues Peralta, defensora pública de Comodoro Rivadavia y Silvia Pereira, fiscal de Trelew.
Participó del panel como invitado Carlos Antonio Romano, quien fue magistrado durante 26 años y actualmente es asesor jurídico, legislativo, docente universitario y director general internacional de la Red por la Paz y asesor en materia de derechos humanos de varias organizaciones internacionales.
Ripa, exministro de Gobierno y exdiputada, defendió su proyecto ante las consultas del jurado. Aseguró que tiene experiencia en el manejo de personal por sus cargos anteriores además de ser parte de equipos de trabajo.
Destacó como fundamental la visibilización de la problemática y propuso una intensa capacitación obligatoria y sensibilización de todos los operadores del sistema judicial. Marcó la necesidad de modificar aspectos socioculturales dentro del mismo Poder Judicial, donde existen ciertos resquemores o barreras sobre la problemática de la mujer, trabajando la capacitación de manera transversal.
También se refirió a los recursos económicos. En estos momentos el área sólo cuenta con una persona y una computadora para operar en una pequeña oficina. Ripa planteó la posibilidad de gestionar recursos a través de convenios y colaboraciones con otros organismos del Estado y organizaciones civiles.
Consultada sobre acciones a realizar en el corto plazo, mencionó recuperar precedentes judiciales sobre la problemática y recabar información que hoy no está sistematizada en ninguna circunscripción.
Ante la consulta sobre la realidad en Chubut, donde cada circunscripción utiliza criterios e interpretaciones diferentes de la legislación, con estándares diferenciados de trabajo, Ripa marcó la necesidad de interiorizarse a través de entrevistas personales para conocer las particularidades de cada ciudad. Por su experiencia laboral en cada jurisdicción se aplica el concepto de “cada maestrito con su librito”.
En relación al rol de las comisarías de la Mujer, la abogada las calificó como un eje central para el trabajo en la problemática ya que tienen mucha aceptación por parte de las mujeres y son de fácil acceso para la población. Destacó el compromiso de las integrantes de estas dependencias. Aunque admitió falencias ya que marcó que las mujeres policías son víctimas de violencia dentro de una estructura “machista” como es la fuerza policial, muchas veces carecen de capacitación y de recursos económicos para operar y les falta asesoramiento legal.
Opinó sobre la Ley XV-12 (sobre violencia familiar), que en su artículo 12 dicta que ante el incumplimiento de las medidas impuestas al agresor, el juez de Familia podrá disponer de hasta cinco días de arresto. Ripa avaló tal acción ya que considera a la privación de la libertad como una medida simbólica.
Para las mujeres presas, Ripa propuso generar capacitaciones y charlas sobre sus derechos y oficios.
Al defender su proyecto, Tolosa, la exdelegada de la oficina del INADI en Puerto Madryn, marcó como objetivo a corto plazo la necesidad de dotar de institucionalidad y legitimación al área de la Mujer en el Superior para convertirse con el tiempo en una autoridad con opinión técnica que puede participar de distintos procesos en el Poder Judicial.
En cuanto a las falencias del sistema, Tolosa marcó fallas en la atención de las víctimas de violencia ya que, detalló, hay discriminación estructural en el sistema y desatinos en las prácticas.
Si accede al cargo, de inmediato buscaría convenios con otros organismos la posibilidad de ampliar el equipo de trabajo con recursos humanos y materiales. Nombró la necesidad de implementar capacitaciones y de indagar sobre necesidades y cuestionamientos dentro del Poder Judicial.
En el intercambio con el jurado, se reconoció que existe dentro del Poder Judicial una resistencia a la problemática de la mujer. Consultada sobre cómo vencerlas, Tolosa aseguró que el mismo actuar de la Oficina con los resultados a corto, mediano y largo plazo harán el trabajo.
Enumeró acciones inmediatas como el trabajo a realizar en materia de comunicación, sensibilización y articulación con todas las áreas relacionadas con la problemática de la violencia. Sobre la comunicación, explicó que se trabajará en difundir entre la ciudadanía de los derechos que poseen, y se realizará el análisis de sentencias y legislación vigente y la sistematización de todo el material.
En cuanto al artículo 12 de la Ley XV-12, compartió el criterio de Ripa sobre la aplicación de días de arresto a un agresor si incumple medidas. Calificó a la medida como un valor ya que la justicia da una respuesta más adecuada a la víctima. Y coincidió en su propuesta para capacitar a las mujeres presas.
En su proyecto de trabajo, Tolosa propone implementar dispositivos móviles de acceso a la Justicia. Se difundiría un cronograma con fechas y lugares de permanencia y en esos puestos móviles se buscará informar y atender diversas problemáticas como también recibir denuncias.
Para conocer las particularidades de cada circunscripción, tendría encuentros personales con los agentes en cada ciudad y a través de encuestas anónimas, relevar dificultades que detectan los propios operadores en su lugar de trabajo. También señaló el fortalecimiento de vínculos con organismos de derechos humanos.
Por último cuestionó la implementación de los botones antipánico en la provincia, por la cantidad anunciada que enviará Nación y por la responsabilidad nuevamente puesta en la víctima. Igualmente reconoció no estar muy interiorizada sobre el tema.