Artero le reclamó al Concejo por el bono antes de acudir al Superior Tribunal

La intendente de Rawson denuncia un conflicto de poderes.

01 JUN 2017 - 20:53 | Actualizado

La intendente Rossana Artero envió una nota al presidente del Concejo Deliberante de Rawson, Daniel Boillos, de Chubut Somos Todos, para pedir que el cuerpo deliberativo revea su decisión, plasmada por ordenanza impulsada por la oposición, de redireccionar los fondos del bono provincial de endeudamiento de manera exclusiva a obras de cloacas, agua, gas y energía eléctrica. La solicitud de la Municipalidad quiere agotar la instancia de diálogo antes de recurrir a la Justicia para presentar una medida cautelar y una denuncia por “conflicto de poderes”.

Se le recordó a Boillos que los fondos para Rawson están previstos en el presupuesto 2017 aprobado por el propio Concejo y, en virtud de ello, solicita que se traten tres convenios firmados en agosto y octubre de 2016, y mayo de este año, remitidos al cuerpo y nunca tratados, lo cual paralizó toda la actividad referida a los convenios.

En la nota, Artero recordó que por medio del bono le correspondieron a Rawson algo más de 76 millones de pesos para obra pública por el sistema de obra delegada.

Para cumplir con el sistema previsto por la ley provincial, se firmaron los tres convenios con el objetivo de determinar las condiciones de la entrega de los fondos asignados y las obras delegadas por la Provincia.

“Los fondos que le corresponden al municipio a ingresar durante el ejercicio 2017 ya han sido incorporados al presupuesto de la Municipalidad, aprobado por los concejales mediante la ordenanza 7.767/17, fijándose el destino específico previsto” en la ley de endeudamiento provincial, recordó la intendente en la nota a Boillos.

Artero le mencionó al presidente del Concejo la falta de tratamiento de los convenios. Esta situación “implica la nulidad absoluta de los acuerdos firmados con el gobernador”.

“Existe un error de interpretación del sistema de obras delegadas fijado en la ley” de endeudamiento provincial. Artero le aclaró a Boillos que “la Provincia determina un plan de obra y delega en la Municipalidad su ejecución”, por lo cual “no existe posibilidad legal de modificar lo convenido por parte del Concejo”.

“Ustedes -agrega Artero- ya lo han incorporado al presupuesto, han aceptado el destino de los fondos (obras públicas) y solo falta la ratificación de los convenios para comenzar la ejecución de las obras delegadas”.

La facultad del Ejecutivo de suscribir los convenios remitidos al Concejo “son actos de gobierno que complementan la voluntad de la Legislatura que sancionó la Ley VII N° 72 y el Ejecutivo Provincial que toma la iniciativa de determinar la forma de desembolso y acuerda un plan con el municipio”, añadió Artero.

La facultad del Concejo es “controlar la constitucionalidad y la legalidad del convenio y, salvo que afecte el interés público, no puede ser rechazado ni dejado de tratar”.

De esta manera, la Intendenta definió que “la imposibilidad de utilizar los más de 76 millones de pesos que están disponibles implica una responsabilidad política e institucional que, a criterio de este Ejecutivo, constituye un conflicto de poderes que debe ser saldado mediante el diálogo, que impida un proceso judicial que estamos dispuestos a promover y que prolongará la realización de las obras cuya ejecución ha sido delegada por la Provincia en este municipio”.

“La falta de ratificación de los convenios en tiempo oportuno -prosiguió Artero- derivará necesariamente en la profundización del conflicto de poderes”, ante lo cual “recurriremos al Superior Tribunal de Justicia”.

Artero pidió a los concejales a que “más allá de nuestras diferencias, pongamos las necesidades de la comunidad por sobre cualquier otro interés”, ya que “hoy existen obras a iniciar, con expedientes avanzados y existen fondos disponibles que posibilitan la ejecución inmediata de muchas de las obras previstas y que, por sobre todas las cosas, favorecen a numerosos vecinos de Rawson”.

“Paralizar el proceso de ejecución de obras para beneficio de la gente, que además genera mano de obra local, en el marco de una situación económica recesiva, no se compadece con el compromiso que todos debemos tener con nuestra comunidad”, finalizó.#

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01 JUN 2017 - 20:53

La intendente Rossana Artero envió una nota al presidente del Concejo Deliberante de Rawson, Daniel Boillos, de Chubut Somos Todos, para pedir que el cuerpo deliberativo revea su decisión, plasmada por ordenanza impulsada por la oposición, de redireccionar los fondos del bono provincial de endeudamiento de manera exclusiva a obras de cloacas, agua, gas y energía eléctrica. La solicitud de la Municipalidad quiere agotar la instancia de diálogo antes de recurrir a la Justicia para presentar una medida cautelar y una denuncia por “conflicto de poderes”.

Se le recordó a Boillos que los fondos para Rawson están previstos en el presupuesto 2017 aprobado por el propio Concejo y, en virtud de ello, solicita que se traten tres convenios firmados en agosto y octubre de 2016, y mayo de este año, remitidos al cuerpo y nunca tratados, lo cual paralizó toda la actividad referida a los convenios.

En la nota, Artero recordó que por medio del bono le correspondieron a Rawson algo más de 76 millones de pesos para obra pública por el sistema de obra delegada.

Para cumplir con el sistema previsto por la ley provincial, se firmaron los tres convenios con el objetivo de determinar las condiciones de la entrega de los fondos asignados y las obras delegadas por la Provincia.

“Los fondos que le corresponden al municipio a ingresar durante el ejercicio 2017 ya han sido incorporados al presupuesto de la Municipalidad, aprobado por los concejales mediante la ordenanza 7.767/17, fijándose el destino específico previsto” en la ley de endeudamiento provincial, recordó la intendente en la nota a Boillos.

Artero le mencionó al presidente del Concejo la falta de tratamiento de los convenios. Esta situación “implica la nulidad absoluta de los acuerdos firmados con el gobernador”.

“Existe un error de interpretación del sistema de obras delegadas fijado en la ley” de endeudamiento provincial. Artero le aclaró a Boillos que “la Provincia determina un plan de obra y delega en la Municipalidad su ejecución”, por lo cual “no existe posibilidad legal de modificar lo convenido por parte del Concejo”.

“Ustedes -agrega Artero- ya lo han incorporado al presupuesto, han aceptado el destino de los fondos (obras públicas) y solo falta la ratificación de los convenios para comenzar la ejecución de las obras delegadas”.

La facultad del Ejecutivo de suscribir los convenios remitidos al Concejo “son actos de gobierno que complementan la voluntad de la Legislatura que sancionó la Ley VII N° 72 y el Ejecutivo Provincial que toma la iniciativa de determinar la forma de desembolso y acuerda un plan con el municipio”, añadió Artero.

La facultad del Concejo es “controlar la constitucionalidad y la legalidad del convenio y, salvo que afecte el interés público, no puede ser rechazado ni dejado de tratar”.

De esta manera, la Intendenta definió que “la imposibilidad de utilizar los más de 76 millones de pesos que están disponibles implica una responsabilidad política e institucional que, a criterio de este Ejecutivo, constituye un conflicto de poderes que debe ser saldado mediante el diálogo, que impida un proceso judicial que estamos dispuestos a promover y que prolongará la realización de las obras cuya ejecución ha sido delegada por la Provincia en este municipio”.

“La falta de ratificación de los convenios en tiempo oportuno -prosiguió Artero- derivará necesariamente en la profundización del conflicto de poderes”, ante lo cual “recurriremos al Superior Tribunal de Justicia”.

Artero pidió a los concejales a que “más allá de nuestras diferencias, pongamos las necesidades de la comunidad por sobre cualquier otro interés”, ya que “hoy existen obras a iniciar, con expedientes avanzados y existen fondos disponibles que posibilitan la ejecución inmediata de muchas de las obras previstas y que, por sobre todas las cosas, favorecen a numerosos vecinos de Rawson”.

“Paralizar el proceso de ejecución de obras para beneficio de la gente, que además genera mano de obra local, en el marco de una situación económica recesiva, no se compadece con el compromiso que todos debemos tener con nuestra comunidad”, finalizó.#


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