Padres deberán pagar $ 500 por día si no mandan a su hijo a la escuela en Madryn

Una Cámara debía resolver un expediente régimen de comunicación pero halló un cuadro familiar gravísimo con un chico de 15 años en riesgo, víctima de una batalla judicial interminable. Ordenó una batería de medidas que incluye psiquiatras, neurólogos y multas por desobedecer la sentencia.

11 JUN 2017 - 22:23 | Actualizado

Por Rolando Tobarez.

Una pareja separada de Puerto Madryn deberá pagar una multa de 500 pesos por día cada uno si no obedecen la orden judicial de iniciar tratamientos terapéuticos. La Cámara de Apelaciones consideró urgente que resuelvan una grave crisis familiar que afecta su relación y al hijo que tienen en común, de 15 años. “Deben colaborar activamente para el éxito de la terapia”, dice el fallo.

Era un típico expediente para definir un régimen de comunicación de un padre y su hijo, que vive con la madre. Pero lo complejo del caso obligó a los jueces Heraldo Fiordelesi y María Inés de Villafañe a un fallo inédito para intentar resolver una batalla judicial que puso en alto riesgo al menor, quien ya ni va a la escuela.

Los camaristas ordenaron una batería de medidas para proteger al joven. Será obligatoria una inmediata “evaluación del vínculo materno y paterno” y una terapia de reorganización familiar a cargo de una entidad privada.

“La gravedad del caso exige una intervención urgente, difícil de prestar por los colapsados organismos públicos”. Los especialistas deberán disponer todas las medidas y tratamientos necesarios para facilitar un acercamiento gradual del joven y su padre, respetando la voluntad del adolescente.

“El Sr. A.H. L., la Sra. C.E.M. y el joven G.L., deben someterse individualmente y de inmediato a un tratamiento psicoterapéutico para ser tratados por las consecuencias generadas por su conflictiva y grave problemática familiar”, ordenó la Cámara.

El chico debe ser evaluado urgente por un psiquiatra y un neurólogo, para decidir un tratamiento si es necesario. Las terapias para el chico las debe pagar su progenitor, que elegirá a los médicos.

El chico debe ser escolarizado de inmediato. Y cada 30 días presentará constancia de alumno regular. La pareja presentará las certificaciones de que inició los tratamientos e informará los resultados.

Los padres están obligados a denunciar datos personales, domicilio y teléfono de todos los profesionales que los atiendan, quienes deberán informar la marcha del tratamiento y si alguien lo interrumpe.

Testigo y víctima

“Atento la necesidad de poner coto a la desbordada vulneración de los trascendentes derechos en juego que ha padecido y padece el joven G., principal testigo y víctima de la batalla judicial librada entre sus padres, deberá procederse al estricto cumplimiento de todo lo ordenado”. El incumplimiento obligará al Juzgado a tomar las medidas correctivas y de protección que considere más adecuadas.

La postura del chico en las audiencias de tribunales siempre fue no querer ver a su padre, quien a su vez se queja de que la madre manipula al adolescente y lo mantiene “encerrado”. No lo manda a la escuela para evitar cualquier posibilidad de contacto.

El hombre inició todos los procesos legales necesarios para poder ver a su hijo. “Le llama la atención que habiendo sido la demandada quien le arrebató a su hijo y lo privó del mismo por las vías de hecho, hoy sea más valorada su conducta y premiada, como si se legitimara su accionar ilícito e ilegítimo”, se quejó.

Los tres fueron sometidos a una pericia psicológica. La conclusión para el padre fue que sufre “incrementos ansiosos, tensionales, angustiosos señalan que está descompensándose, debiendo estar en tratamiento psicoterapéutico”.

Borderline

En el caso de la madre, trató de evitar la entrevista en varias citaciones. La situación le generaba inseguridad y temor. Se siente hostigada por su expareja: “No termina de cortar conmigo y usa a G. para llegar a mí”. Convivieron 13 años. Es psicóloga y tardó 14 años en hacer la carrera. Ejerció en La Plata y en Madryn. Hace 20 años que recorre terapeutas. Culpa del proceso judicial “ya no podía controlar sus emociones”.

Para ella también recomendaron un tratamiento. “Es un trastorno borderline o límite de personalidad (…) con marcada inestabilidad en distintas áreas”.

El chico también fue examinado. Fue a la pericia abrigado y con capucho un día de pleno verano. Tardó en hablar. “Se siente con un profundo estancamiento en su evolución, sintiéndose ´un bicho raro´”.

“Necesita desprenderse de los conflictos del pasado para avanzar. Los conflictos de ambos padres, la separación y la dificultada comunicación hasta la actualidad, con acusaciones de ambas partes, le han generado mucha confusión. Se vivencia como un ´ser extraño´”.

“Los padres, en su afán de `preservarlo´, contribuyen a que se encuentre más confuso, aislándose del ambiente, conteniendo mucha hostilidad y con cierta exacerbación, por momentos de ansiedad paranoide”. Este cuadro “lo hace un adolescente de alto riesgo. Está expuesto, sintiéndose indefenso ante la hostilidad. Percibe que no puede llevar una vida normal”. Le molesta que su padre insista.

Sale poco. La última vez que fue a clases fue a la Escuela de Pesca. Este año tiene maestra particular en su casa. La fantasía es que si sale, su padre se lo llevará. “Más que preservarlo, al no enviarlo a la escuela, le está generando dificultades en la formación personal y del carácter”, dijeron las psicólogas.

Para G. recomendaron un seguimiento psiquiátrico. “Es negativo que curse escolaridad en su hogar: se incrementan sus dificultades de adaptación al medio externo, su aislamiento de pares de su edad. Se ve severamente afectado el proceso de formación del carácter y de su personalidad”.

Lo importante

La Cámara percibió que más allá del régimen de comunicación de padre e hijo, hay “una gravísima conflictiva familiar” con acumulación de incidentes judiciales durante años y “un notable retroceso en el estado general, la conducta y la personalidad de G. (…) el grupo familiar atraviesa una muy severa crisis”.

“Está seriamente comprometida la salud psicofísica de un joven de sólo 15 años y su situación personal y familiar resulta a todas luces más relevante que un régimen de comunicación con el padre”.

“¿Cómo debe actuar la justicia? -se pregunta el fallo-¿Mirar para otro lado, desentenderse del problema y resolver el régimen de comunicación y así cumplir literalmente su función jurisdiccional? Muchos podrían optar por esto limitándose a un comportamiento formal”. Sin embargo, “es necesario invertir tiempo y esfuerzo, aún cuando la `cómoda´, la solución formal, sería resolver el tema del régimen de comunicación. El juez no es un fugitivo de la realidad”.

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11 JUN 2017 - 22:23

Por Rolando Tobarez.

Una pareja separada de Puerto Madryn deberá pagar una multa de 500 pesos por día cada uno si no obedecen la orden judicial de iniciar tratamientos terapéuticos. La Cámara de Apelaciones consideró urgente que resuelvan una grave crisis familiar que afecta su relación y al hijo que tienen en común, de 15 años. “Deben colaborar activamente para el éxito de la terapia”, dice el fallo.

Era un típico expediente para definir un régimen de comunicación de un padre y su hijo, que vive con la madre. Pero lo complejo del caso obligó a los jueces Heraldo Fiordelesi y María Inés de Villafañe a un fallo inédito para intentar resolver una batalla judicial que puso en alto riesgo al menor, quien ya ni va a la escuela.

Los camaristas ordenaron una batería de medidas para proteger al joven. Será obligatoria una inmediata “evaluación del vínculo materno y paterno” y una terapia de reorganización familiar a cargo de una entidad privada.

“La gravedad del caso exige una intervención urgente, difícil de prestar por los colapsados organismos públicos”. Los especialistas deberán disponer todas las medidas y tratamientos necesarios para facilitar un acercamiento gradual del joven y su padre, respetando la voluntad del adolescente.

“El Sr. A.H. L., la Sra. C.E.M. y el joven G.L., deben someterse individualmente y de inmediato a un tratamiento psicoterapéutico para ser tratados por las consecuencias generadas por su conflictiva y grave problemática familiar”, ordenó la Cámara.

El chico debe ser evaluado urgente por un psiquiatra y un neurólogo, para decidir un tratamiento si es necesario. Las terapias para el chico las debe pagar su progenitor, que elegirá a los médicos.

El chico debe ser escolarizado de inmediato. Y cada 30 días presentará constancia de alumno regular. La pareja presentará las certificaciones de que inició los tratamientos e informará los resultados.

Los padres están obligados a denunciar datos personales, domicilio y teléfono de todos los profesionales que los atiendan, quienes deberán informar la marcha del tratamiento y si alguien lo interrumpe.

Testigo y víctima

“Atento la necesidad de poner coto a la desbordada vulneración de los trascendentes derechos en juego que ha padecido y padece el joven G., principal testigo y víctima de la batalla judicial librada entre sus padres, deberá procederse al estricto cumplimiento de todo lo ordenado”. El incumplimiento obligará al Juzgado a tomar las medidas correctivas y de protección que considere más adecuadas.

La postura del chico en las audiencias de tribunales siempre fue no querer ver a su padre, quien a su vez se queja de que la madre manipula al adolescente y lo mantiene “encerrado”. No lo manda a la escuela para evitar cualquier posibilidad de contacto.

El hombre inició todos los procesos legales necesarios para poder ver a su hijo. “Le llama la atención que habiendo sido la demandada quien le arrebató a su hijo y lo privó del mismo por las vías de hecho, hoy sea más valorada su conducta y premiada, como si se legitimara su accionar ilícito e ilegítimo”, se quejó.

Los tres fueron sometidos a una pericia psicológica. La conclusión para el padre fue que sufre “incrementos ansiosos, tensionales, angustiosos señalan que está descompensándose, debiendo estar en tratamiento psicoterapéutico”.

Borderline

En el caso de la madre, trató de evitar la entrevista en varias citaciones. La situación le generaba inseguridad y temor. Se siente hostigada por su expareja: “No termina de cortar conmigo y usa a G. para llegar a mí”. Convivieron 13 años. Es psicóloga y tardó 14 años en hacer la carrera. Ejerció en La Plata y en Madryn. Hace 20 años que recorre terapeutas. Culpa del proceso judicial “ya no podía controlar sus emociones”.

Para ella también recomendaron un tratamiento. “Es un trastorno borderline o límite de personalidad (…) con marcada inestabilidad en distintas áreas”.

El chico también fue examinado. Fue a la pericia abrigado y con capucho un día de pleno verano. Tardó en hablar. “Se siente con un profundo estancamiento en su evolución, sintiéndose ´un bicho raro´”.

“Necesita desprenderse de los conflictos del pasado para avanzar. Los conflictos de ambos padres, la separación y la dificultada comunicación hasta la actualidad, con acusaciones de ambas partes, le han generado mucha confusión. Se vivencia como un ´ser extraño´”.

“Los padres, en su afán de `preservarlo´, contribuyen a que se encuentre más confuso, aislándose del ambiente, conteniendo mucha hostilidad y con cierta exacerbación, por momentos de ansiedad paranoide”. Este cuadro “lo hace un adolescente de alto riesgo. Está expuesto, sintiéndose indefenso ante la hostilidad. Percibe que no puede llevar una vida normal”. Le molesta que su padre insista.

Sale poco. La última vez que fue a clases fue a la Escuela de Pesca. Este año tiene maestra particular en su casa. La fantasía es que si sale, su padre se lo llevará. “Más que preservarlo, al no enviarlo a la escuela, le está generando dificultades en la formación personal y del carácter”, dijeron las psicólogas.

Para G. recomendaron un seguimiento psiquiátrico. “Es negativo que curse escolaridad en su hogar: se incrementan sus dificultades de adaptación al medio externo, su aislamiento de pares de su edad. Se ve severamente afectado el proceso de formación del carácter y de su personalidad”.

Lo importante

La Cámara percibió que más allá del régimen de comunicación de padre e hijo, hay “una gravísima conflictiva familiar” con acumulación de incidentes judiciales durante años y “un notable retroceso en el estado general, la conducta y la personalidad de G. (…) el grupo familiar atraviesa una muy severa crisis”.

“Está seriamente comprometida la salud psicofísica de un joven de sólo 15 años y su situación personal y familiar resulta a todas luces más relevante que un régimen de comunicación con el padre”.

“¿Cómo debe actuar la justicia? -se pregunta el fallo-¿Mirar para otro lado, desentenderse del problema y resolver el régimen de comunicación y así cumplir literalmente su función jurisdiccional? Muchos podrían optar por esto limitándose a un comportamiento formal”. Sin embargo, “es necesario invertir tiempo y esfuerzo, aún cuando la `cómoda´, la solución formal, sería resolver el tema del régimen de comunicación. El juez no es un fugitivo de la realidad”.


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