Diputados debate la penalización de la corrupción empresaria
La coalición Cambiemos, junto al massismo y al Bloque Justicialista, logró alcanzar el quórum reglamentario para abrir la sesión de la Cámara de Diputados en la que está previsto el tratamiento de un proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo para penalizar la corrupción empresaria contra la Administración Pública con fuertes multas y con la prohibición de participar en licitaciones públicas, entre otras sanciones.
El oficialismo y un conjunto de bancadas opositoras logró juntar los 129 legisladores para habilitar el debate sobre la corrupción, pese a la presión ejercida por el presidente del bloque kirchnerista, Héctor Recalde, para que se levante la deliberación a cumplirse el plazo de espera de media hora que establece el reglamento para reunir el quórum.
Ante el pedido del jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, decidió otorgar un nuevo plazo que luego se extendió tras un encendido discurso de la massista Graciela Camaño, que repudió la postura de Recalde.
"Nosotros hemos soportado hasta seis horas de espera cuando el kirchnerismo era oficialismo y quería sesionar y ha cometido todo tipo de tropelías, y por eso ahora estamos pidiendo hacer un esfuerzo porque el tema a tratar así lo amerita", agregó la legisladora.
No obstante, indicó que el Frente Renovador tiene "diferencias con el proyecto del oficialismo" y entiende que los empresarios corruptos "deben pagar el delito con el Código Penal".
"Somos muchos los que no queremos ni funcionarios ni empresarios corruptos", disparó Camaño al tomar la palabra en el recinto de la Cámara baja.
Al comenzar la sesión especial, los diputados realizaron un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del accidente en Mendoza ocurrido el domingo último en la Cuesta de los Terneros, cerca de San Rafael, que dejó un saldo de 15 muertos, y recordaron al dirigente Gerónimo "Momo" Venegas, quien falleció el lunes último tras una larga enfermedad.
La propuesta oficial de penalización a las empresas que participan de actos de corrupción, impulsada por el Poder Ejecutivo a instancias de un proyecto elaborado por la Oficina Anticorrupción (OA), apunta a dar a la Justicia nuevas herramientas para sancionar la corrupción empresaria contra la Administración Pública, donde se contempla introducir fuertes multas, que llegan incluso a la posibilidad de quitarle a la firma involucrada la posibilidad de seguir operando en el país.
El oficialismo y un conjunto de bancadas opositoras logró juntar los 129 legisladores para habilitar el debate sobre la corrupción, pese a la presión ejercida por el presidente del bloque kirchnerista, Héctor Recalde, para que se levante la deliberación a cumplirse el plazo de espera de media hora que establece el reglamento para reunir el quórum.
Ante el pedido del jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, decidió otorgar un nuevo plazo que luego se extendió tras un encendido discurso de la massista Graciela Camaño, que repudió la postura de Recalde.
"Nosotros hemos soportado hasta seis horas de espera cuando el kirchnerismo era oficialismo y quería sesionar y ha cometido todo tipo de tropelías, y por eso ahora estamos pidiendo hacer un esfuerzo porque el tema a tratar así lo amerita", agregó la legisladora.
No obstante, indicó que el Frente Renovador tiene "diferencias con el proyecto del oficialismo" y entiende que los empresarios corruptos "deben pagar el delito con el Código Penal".
"Somos muchos los que no queremos ni funcionarios ni empresarios corruptos", disparó Camaño al tomar la palabra en el recinto de la Cámara baja.
Al comenzar la sesión especial, los diputados realizaron un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del accidente en Mendoza ocurrido el domingo último en la Cuesta de los Terneros, cerca de San Rafael, que dejó un saldo de 15 muertos, y recordaron al dirigente Gerónimo "Momo" Venegas, quien falleció el lunes último tras una larga enfermedad.
La propuesta oficial de penalización a las empresas que participan de actos de corrupción, impulsada por el Poder Ejecutivo a instancias de un proyecto elaborado por la Oficina Anticorrupción (OA), apunta a dar a la Justicia nuevas herramientas para sancionar la corrupción empresaria contra la Administración Pública, donde se contempla introducir fuertes multas, que llegan incluso a la posibilidad de quitarle a la firma involucrada la posibilidad de seguir operando en el país.