Caso Maldonado: un informe de la fiscal Ávila niega pasividad en la búsqueda
Es un escrito elevado al Ministerio de Justicia de la Nación. La investigadora indica que los testimonios recolectados “no arrojaban un hilo conductor” para saber qué paso y bajo qué circunstancias. Defendió la labor del juez Guido Otranto.
En una nota elevada a la Coordinación de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, la fiscal federal subrogante Silvia Ávila aseguró que las medidas ordenadas por el juez de Esquel, Guido Otranto, “bajo ningún punto de vista impactaron negativamente, por acción u omisión, en la búsqueda de Santiago Maldonado”.
Además cuestionó la poca colaboración que tuvieron de parte de la comunidad mapuche del Lof en Resistencia Cushamen y otros allegados al joven desaparecido para ayudar con las tareas de rastrillaje.
Ávila presentó un informe ante una nota remitida desde ese organismo y hace referencia a los dos expedientes que existen en el marco de la investigación por el paradero de Maldonado: uno vinculado al habeas corpus y otro a la presunta desaparición forzada del joven.
“Medidas innumerables”
El primero se inició con la presentación de un habeas corpus días después del 1º de agosto, cuando fue visto por última vez. Ávila sostiene que “han sido innumerables las medidas de prueba propiciadas por el juzgado y propuestas por las partes”.
“Desde su inicio se han ordenado todas medidas atinentes a determinar su ubicación, ya sea en el lugar donde fue visto por última vez como en otros lugares, sectores, camionetas y camiones donde pudiera existir una evidencia de su traslado”.
La fiscal asegura que tanto ella como el resto de las partes aportaron medios de prueba o propusieron acciones para determinar el paradero del joven. “En este trámite particular, las medidas ordenadas por el magistrado bajo ningún punto de vista impactaron negativamente, por acción u omisión, en la búsqueda”.
El factor tiempo
La fiscal federal dice no poder soslayar que “el factor tiempo ha sido una variable que atravesó toda la pesquisa y los esfuerzos no han generado las respuesta inmediatas que necesita Maldonado en pos de asegurar su integridad física, determinar su paradero y/o dar una expedita respuesta a su familia”.
Pero al mismo tiempo asegura: “No ha sido fácil recolectar los elementos convictivos que quieran una entidad suficiente para determinar tal extremo”.
“Tanto los relatos de los presentantes de los habeas corpus que terminaron concentrándose procesalmente en una sola acción no arrojaban un hilo conductor (para) determinar lo que había acontecido y en qué circunstancias”, asegura en su nota. “Los múltiples testimonios que se realizaron mediáticamente bajo el anonimato nunca pudieron ser judicializados fundados en un supuesto temor a ser incriminados u hostigados por las autoridades judiciales”.
Primera audiencia
La fiscal detalla que durante la primera audiencia ordenada por el juez el 4 de agosto “el señor Sergio Maldonado, hermano de Santiago, hace entrega de una prenda –cuello-, que le entregaron los ocupantes del predio”. Se decidió ir al lugar al día siguiente con canes especializados en búsqueda de rastros, pero según el informe, al llegaron a ese lugar se anotició a las autoridades “que esa prenda había sido usada al menos por otra persona aparte de Santiago”.
“Una mujer de la comunidad mapuche acompañó una gorra indicando que pertenecía a Santiago, y se tuvo presente este nuevo elemento para continuar la tarea de rastrillaje donde ya existían dudas sobre la validez de ambos elementos”.
Ambas prendas fueron entregadas por los miembros de la comunidad mapuche quienes no quisieron identificarse. Con la indicación del técnico guía de canes, ante la posibilidad de tener en el lugar de los hechos dos prendas, “aún contaminadas, pero que podrían tener un rastro de olor del desaparecido se decidió utilizarlas y se realizó el rastrillaje el 5 de agosto”
“Ferrea oposición”
Esa medida debió suspenderse “ante la férrea oposición de la comunidad mapuche que alegó que permitir el paso de los perros hacia la otra orilla del río Chubut violentaba un espacio sagrado”. Se respetó esta pauta cultural y la pesquisa quedó trunca. Por eso, el allanamiento orientado a averiguar si el joven pudo haber cruzado el río “se vio frustrada por razones ajenas a la autoridad judicial y las fuerzas auxiliares de la justicia”.
El mismo día los buzos de Prefectura Naval Argentina explicaron por qué el cuerpo no pudo haber realizado un largo recorrido en el río. “La medida de proseguir desde una orilla hacia la otra, que está enfrente, hubiera posibilitado confirmar o descartar que efectivamente Santiago haya cruzado. Esa posibilidad se sustentaba en que la pesquisa odorífera hacia el terreno superior a esa hondonada los canes, con el rastro consignado, no regresaban hacia el sector donde estuvieron los móviles de la fuerza denunciada sino que regresaban indeclinablemente hacia el río”.
Testigo sin datos
La nota elevada al organismo nacional indica que el día 7 de agosto un amigo de Santiago, Ariel Mariotto Garzi, “a propuesta de la querella” declaró sin reserva de su identidad ante el juez, el defensor federal y Ávila. Entregó a la justicia un buzo que había sido usado según sus dichos por Maldonado.
Al serle requerido su origen, dónde estaba esa prenda, cuál sería el domicilio de Maldonado, donde estimaba que estaba su residencia en El Bolsón, “el joven no aporto ningún dato esclarecedor”.
“Frustrada e impedida esa medida, en el escenario geográfico donde fue visto Santiago por última vez, la justicia avanzó sobre la obtención de elementos objetivos dirigidos a encontrar evidencias contra Gendarmería Nacional en el supuesto de haber trasladado al joven en algún móvil oficial”.
Da cuenta de la decisión de Otranto de realizar operativos en escuadrones de Gendarmería “a distancias considerables uno del otro, con la asistencia de diferentes fuerzas del país convocadas exclusivamente para cumplir dicha orden judicial”.
Detalles
Se hizo el 10 de agosto, se levantaron huellas en vehículos, se rastrilló con canes entrenados en hallazgos de olor, evidencias biológicas y cadavéricas en las instalaciones internas y externas de los escuadrones de Esquel, El Bolsón y José de San Martín.
En uno de los procedimientos, en Esquel, hubo una exhaustiva tarea pericial sobre un camión donde se halló una soga con una supuesta mancha de sangre y pelos en un cono vial. A la fecha no hay resultados de esta prueba. El informe asegura que Sergio y Germán, hermanos de Maldonado, y sus padres se sometieron a la extracción de muestras de ADN para su cotejo.
Ávila advirtió que “es falsa la aseveración referida a que no se siguieron practicando medidas de búsqueda (…) Se sostuvieron, como desde el primer día en que comenzó la acción de habeas corpus, todas las alertas en las fronteras del país, se ordenó una exhaustiva búsqueda en las dependencias policiales de Chubut, hospitales, servicios sanitarios y morgues”.
“Inconsistencia”
“Dada la inconsistencia que tenían las tres prendas con las que se hicieron los rastrillajes (cuello, gorro y buzo) se avanzó en buscar el domicilio de Santiago. Ninguno de los testigos ni sus allegados daban una referencia sobre el lugar donde vivía en El Bolsón donde realizaba su actividad artesanal de tatuador”.
Fue la División Búsqueda de Personas y Secuestros de la Policía Federal Argentina la que halló su lugar de residencia.
En ese lugar “los canes detectaron pelos tipo rasta compatibles con una de las prendas y un estudio médico del 26 de junio en el hospital público de El Bolsón; ello evidenciaba que al menos en junio había utilizado esa morada”.
La fiscal explicó que siguen bajo peritaje las líneas celulares de Maldonado.
Medidas sin revelar
En cuanto al expediente vinculado a la desaparición forzada, la fiscal Ávila explicó que se ordenaron “medidas de georreferencia tendientes a ubicar a la víctima y a cada uno de los vehículos” de Gendarmería Nacional que pudieron haber participado del operativo.
“Se ordenaron diversas declaraciones testimoniales tanto en el predio ocupado por la Lof de Resistencia Cushamen, distante a aproximadamente 100 kilómetros de la sede de esta fiscalía, como en esta dependencia”.
Ávila informa al organismo nacional que pidió “medidas irreproducibles” al juez Otranto, que no puede revelar. #
En una nota elevada a la Coordinación de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, la fiscal federal subrogante Silvia Ávila aseguró que las medidas ordenadas por el juez de Esquel, Guido Otranto, “bajo ningún punto de vista impactaron negativamente, por acción u omisión, en la búsqueda de Santiago Maldonado”.
Además cuestionó la poca colaboración que tuvieron de parte de la comunidad mapuche del Lof en Resistencia Cushamen y otros allegados al joven desaparecido para ayudar con las tareas de rastrillaje.
Ávila presentó un informe ante una nota remitida desde ese organismo y hace referencia a los dos expedientes que existen en el marco de la investigación por el paradero de Maldonado: uno vinculado al habeas corpus y otro a la presunta desaparición forzada del joven.
“Medidas innumerables”
El primero se inició con la presentación de un habeas corpus días después del 1º de agosto, cuando fue visto por última vez. Ávila sostiene que “han sido innumerables las medidas de prueba propiciadas por el juzgado y propuestas por las partes”.
“Desde su inicio se han ordenado todas medidas atinentes a determinar su ubicación, ya sea en el lugar donde fue visto por última vez como en otros lugares, sectores, camionetas y camiones donde pudiera existir una evidencia de su traslado”.
La fiscal asegura que tanto ella como el resto de las partes aportaron medios de prueba o propusieron acciones para determinar el paradero del joven. “En este trámite particular, las medidas ordenadas por el magistrado bajo ningún punto de vista impactaron negativamente, por acción u omisión, en la búsqueda”.
El factor tiempo
La fiscal federal dice no poder soslayar que “el factor tiempo ha sido una variable que atravesó toda la pesquisa y los esfuerzos no han generado las respuesta inmediatas que necesita Maldonado en pos de asegurar su integridad física, determinar su paradero y/o dar una expedita respuesta a su familia”.
Pero al mismo tiempo asegura: “No ha sido fácil recolectar los elementos convictivos que quieran una entidad suficiente para determinar tal extremo”.
“Tanto los relatos de los presentantes de los habeas corpus que terminaron concentrándose procesalmente en una sola acción no arrojaban un hilo conductor (para) determinar lo que había acontecido y en qué circunstancias”, asegura en su nota. “Los múltiples testimonios que se realizaron mediáticamente bajo el anonimato nunca pudieron ser judicializados fundados en un supuesto temor a ser incriminados u hostigados por las autoridades judiciales”.
Primera audiencia
La fiscal detalla que durante la primera audiencia ordenada por el juez el 4 de agosto “el señor Sergio Maldonado, hermano de Santiago, hace entrega de una prenda –cuello-, que le entregaron los ocupantes del predio”. Se decidió ir al lugar al día siguiente con canes especializados en búsqueda de rastros, pero según el informe, al llegaron a ese lugar se anotició a las autoridades “que esa prenda había sido usada al menos por otra persona aparte de Santiago”.
“Una mujer de la comunidad mapuche acompañó una gorra indicando que pertenecía a Santiago, y se tuvo presente este nuevo elemento para continuar la tarea de rastrillaje donde ya existían dudas sobre la validez de ambos elementos”.
Ambas prendas fueron entregadas por los miembros de la comunidad mapuche quienes no quisieron identificarse. Con la indicación del técnico guía de canes, ante la posibilidad de tener en el lugar de los hechos dos prendas, “aún contaminadas, pero que podrían tener un rastro de olor del desaparecido se decidió utilizarlas y se realizó el rastrillaje el 5 de agosto”
“Ferrea oposición”
Esa medida debió suspenderse “ante la férrea oposición de la comunidad mapuche que alegó que permitir el paso de los perros hacia la otra orilla del río Chubut violentaba un espacio sagrado”. Se respetó esta pauta cultural y la pesquisa quedó trunca. Por eso, el allanamiento orientado a averiguar si el joven pudo haber cruzado el río “se vio frustrada por razones ajenas a la autoridad judicial y las fuerzas auxiliares de la justicia”.
El mismo día los buzos de Prefectura Naval Argentina explicaron por qué el cuerpo no pudo haber realizado un largo recorrido en el río. “La medida de proseguir desde una orilla hacia la otra, que está enfrente, hubiera posibilitado confirmar o descartar que efectivamente Santiago haya cruzado. Esa posibilidad se sustentaba en que la pesquisa odorífera hacia el terreno superior a esa hondonada los canes, con el rastro consignado, no regresaban hacia el sector donde estuvieron los móviles de la fuerza denunciada sino que regresaban indeclinablemente hacia el río”.
Testigo sin datos
La nota elevada al organismo nacional indica que el día 7 de agosto un amigo de Santiago, Ariel Mariotto Garzi, “a propuesta de la querella” declaró sin reserva de su identidad ante el juez, el defensor federal y Ávila. Entregó a la justicia un buzo que había sido usado según sus dichos por Maldonado.
Al serle requerido su origen, dónde estaba esa prenda, cuál sería el domicilio de Maldonado, donde estimaba que estaba su residencia en El Bolsón, “el joven no aporto ningún dato esclarecedor”.
“Frustrada e impedida esa medida, en el escenario geográfico donde fue visto Santiago por última vez, la justicia avanzó sobre la obtención de elementos objetivos dirigidos a encontrar evidencias contra Gendarmería Nacional en el supuesto de haber trasladado al joven en algún móvil oficial”.
Da cuenta de la decisión de Otranto de realizar operativos en escuadrones de Gendarmería “a distancias considerables uno del otro, con la asistencia de diferentes fuerzas del país convocadas exclusivamente para cumplir dicha orden judicial”.
Detalles
Se hizo el 10 de agosto, se levantaron huellas en vehículos, se rastrilló con canes entrenados en hallazgos de olor, evidencias biológicas y cadavéricas en las instalaciones internas y externas de los escuadrones de Esquel, El Bolsón y José de San Martín.
En uno de los procedimientos, en Esquel, hubo una exhaustiva tarea pericial sobre un camión donde se halló una soga con una supuesta mancha de sangre y pelos en un cono vial. A la fecha no hay resultados de esta prueba. El informe asegura que Sergio y Germán, hermanos de Maldonado, y sus padres se sometieron a la extracción de muestras de ADN para su cotejo.
Ávila advirtió que “es falsa la aseveración referida a que no se siguieron practicando medidas de búsqueda (…) Se sostuvieron, como desde el primer día en que comenzó la acción de habeas corpus, todas las alertas en las fronteras del país, se ordenó una exhaustiva búsqueda en las dependencias policiales de Chubut, hospitales, servicios sanitarios y morgues”.
“Inconsistencia”
“Dada la inconsistencia que tenían las tres prendas con las que se hicieron los rastrillajes (cuello, gorro y buzo) se avanzó en buscar el domicilio de Santiago. Ninguno de los testigos ni sus allegados daban una referencia sobre el lugar donde vivía en El Bolsón donde realizaba su actividad artesanal de tatuador”.
Fue la División Búsqueda de Personas y Secuestros de la Policía Federal Argentina la que halló su lugar de residencia.
En ese lugar “los canes detectaron pelos tipo rasta compatibles con una de las prendas y un estudio médico del 26 de junio en el hospital público de El Bolsón; ello evidenciaba que al menos en junio había utilizado esa morada”.
La fiscal explicó que siguen bajo peritaje las líneas celulares de Maldonado.
Medidas sin revelar
En cuanto al expediente vinculado a la desaparición forzada, la fiscal Ávila explicó que se ordenaron “medidas de georreferencia tendientes a ubicar a la víctima y a cada uno de los vehículos” de Gendarmería Nacional que pudieron haber participado del operativo.
“Se ordenaron diversas declaraciones testimoniales tanto en el predio ocupado por la Lof de Resistencia Cushamen, distante a aproximadamente 100 kilómetros de la sede de esta fiscalía, como en esta dependencia”.
Ávila informa al organismo nacional que pidió “medidas irreproducibles” al juez Otranto, que no puede revelar. #