Piden investigar a Avruj por incumplimiento de deberes en causa Papel Prensa
La fiscal federal Paloma Ochoa reclamó hoy que se investigue si el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, incumplió con sus deberes de funcionario público al no apelar el fallo que sobreseyó a los directivos de Clarín y La Nación en el caso Papel Prensa.
La fiscal apeló el fallo del juez federal Daniel Rafecas, quien el 29 de agosto último había desestimado "por inexistencia de delito" la denuncia realizada por el abogado Pablo Llonto contra Avruj, sin realizar ninguna de las medida de prueba requeridas, informaron fuentes judiciales.
En la denuncia que impulsó ahora Ochoa, Llonto había acusado a Avruj de incumplir con lo previsto en el Decreto 1210, del 30 de agosto de 2010, por el cual se instruyó a la Secretaría de Derechos Humanos para que actúe como querellante en la causa por el traspaso de las acciones de Papel Prensa, concretado a fines de 1976, durante la última dictadura.
Para Llonto, la decisión de la Secretaría de Derechos Humanos de no apelar los sobreseimientos dictados por el juez Julián Ercolini en diciembre pasado evidencian que el Estado abandonó su rol activo como querellante en el expediente e incumplió con el decreto vigente, redactado por el gobierno anterior.
Avruj "resolvió que el Estado nacional (...) no presente recurso de apelación ante la resolución de sobreseimiento de aquellos imputados a quienes la misma Secretaría de Derechos Humanos denunció, formuló denuncia y querelló en 2010", había denunciado Llonto.
"Esta decisión, tomada a voluntad y conciencia, y con dolo del secretario Avruj, se resolvió y ejecutó entre el 16 y el 26 de diciembre", indicó en el primer párrafo de su denuncia el abogado Llonto.
El propio abogado denunciante y la fiscal Ochoa presentaron sus respectivas apelaciones a la decisión de Rafecas para que sea la Cámara Federal porteña la que determine si debe iniciarse o no una investigación sobre la actuación del secretario de Derechos Humanos.
En diciembre pasado, el juez Ercolini había sobreseído al CEO de Clarín, Héctor Magnetto, la dueña del mismo grupo mediático Ernestina Herrera de Noble y el directivo de La Nación, Bartolomé Mitre.
El sobreseimiento, luego confirmado por la Cámara Federal porteña, fue apelado por el fiscal del caso, Franco Picardi, y por las querellas particulares pero no por la querella del Estado, a cargo de la secretaría conducida por Avruj.
En el expediente conocido como Papel Prensa se investigó si la venta de las acciones de esa empresa, de la familia Graiver, a una sociedad mixta integrada por el Estado y los diarios Clarín, La Nación y La Razón tuvo como trasfondo una serie de maniobras extorsivas.
El financista David Graiver poseía un paquete de acciones clase A de Papel Prensa, que tras su muerte, al caer el helicóptero en el que viajaba en México en 1976, pasaron a manos de su esposa Lidia Papaleo y a Rafael Ianover, ambos querellantes en la causa.
Las acciones fueron finalmente vendidas meses más tarde a los diarios Clarín, La Nación y La Razón pero, según denunciaron Papaleo y Ianover muchos años después, la venta fue producto de maniobras extorsivas que incluyeron secuestros, presiones y amenazas de personeros de la dictadura.
La investigación judicial se orientó a determinar si la venta de acciones de Papel Prensa S.A. en noviembre de 1976 fue una transacción obligada, producto de una coacción previa desplegada contra el grupo vendedor.
Entre los imputados por esa presunta maniobra estaban Magnetto, Mitre y Herrera de Noble, el intermediario Guillermo Gainza Paz y el entonces funcionario Raymundo Pío Podestá, quienes fueron sobreseídos.
La fiscal apeló el fallo del juez federal Daniel Rafecas, quien el 29 de agosto último había desestimado "por inexistencia de delito" la denuncia realizada por el abogado Pablo Llonto contra Avruj, sin realizar ninguna de las medida de prueba requeridas, informaron fuentes judiciales.
En la denuncia que impulsó ahora Ochoa, Llonto había acusado a Avruj de incumplir con lo previsto en el Decreto 1210, del 30 de agosto de 2010, por el cual se instruyó a la Secretaría de Derechos Humanos para que actúe como querellante en la causa por el traspaso de las acciones de Papel Prensa, concretado a fines de 1976, durante la última dictadura.
Para Llonto, la decisión de la Secretaría de Derechos Humanos de no apelar los sobreseimientos dictados por el juez Julián Ercolini en diciembre pasado evidencian que el Estado abandonó su rol activo como querellante en el expediente e incumplió con el decreto vigente, redactado por el gobierno anterior.
Avruj "resolvió que el Estado nacional (...) no presente recurso de apelación ante la resolución de sobreseimiento de aquellos imputados a quienes la misma Secretaría de Derechos Humanos denunció, formuló denuncia y querelló en 2010", había denunciado Llonto.
"Esta decisión, tomada a voluntad y conciencia, y con dolo del secretario Avruj, se resolvió y ejecutó entre el 16 y el 26 de diciembre", indicó en el primer párrafo de su denuncia el abogado Llonto.
El propio abogado denunciante y la fiscal Ochoa presentaron sus respectivas apelaciones a la decisión de Rafecas para que sea la Cámara Federal porteña la que determine si debe iniciarse o no una investigación sobre la actuación del secretario de Derechos Humanos.
En diciembre pasado, el juez Ercolini había sobreseído al CEO de Clarín, Héctor Magnetto, la dueña del mismo grupo mediático Ernestina Herrera de Noble y el directivo de La Nación, Bartolomé Mitre.
El sobreseimiento, luego confirmado por la Cámara Federal porteña, fue apelado por el fiscal del caso, Franco Picardi, y por las querellas particulares pero no por la querella del Estado, a cargo de la secretaría conducida por Avruj.
En el expediente conocido como Papel Prensa se investigó si la venta de las acciones de esa empresa, de la familia Graiver, a una sociedad mixta integrada por el Estado y los diarios Clarín, La Nación y La Razón tuvo como trasfondo una serie de maniobras extorsivas.
El financista David Graiver poseía un paquete de acciones clase A de Papel Prensa, que tras su muerte, al caer el helicóptero en el que viajaba en México en 1976, pasaron a manos de su esposa Lidia Papaleo y a Rafael Ianover, ambos querellantes en la causa.
Las acciones fueron finalmente vendidas meses más tarde a los diarios Clarín, La Nación y La Razón pero, según denunciaron Papaleo y Ianover muchos años después, la venta fue producto de maniobras extorsivas que incluyeron secuestros, presiones y amenazas de personeros de la dictadura.
La investigación judicial se orientó a determinar si la venta de acciones de Papel Prensa S.A. en noviembre de 1976 fue una transacción obligada, producto de una coacción previa desplegada contra el grupo vendedor.
Entre los imputados por esa presunta maniobra estaban Magnetto, Mitre y Herrera de Noble, el intermediario Guillermo Gainza Paz y el entonces funcionario Raymundo Pío Podestá, quienes fueron sobreseídos.