La Justicia citó a los dos funcionarios provinciales denunciados por el caso de los sobreprecios
Se trata de Diego Correa y Marcelo Suárez. Este último quiso “vindicarse” pero en la Fiscalía le dijeron que todavía no hay una apertura formal de la investigación. Podrían quedar imputados tras su declaración. La pesquisa avanzará sobre todas las donaciones que hayan quedado registradas.
El fiscal Sergio Ferrín citó a los funcionarios provinciales Diego Correa, de la Unidad Gobernador, y Marcelo Suárez, subsecretario de Desarrollo Social del Ministerio de Familia, acusados de presunta administración fraudulenta contra el Estado provincial en la compra de elementos y servicios durante la emergencia climática de Comodoro Rivadavia.
Aunque por ahora no fue divulgada la fecha en la que deberán presentarse, se sabe que sería inminente. Hay, además, una tercera citación para una empleada del Ministerio de Coordinación a la que le adjudican haber entregado la documentación con la que tres diputados del Frente para la Victoria realizaron la presentación en la Justicia.
Ayer hubo órdenes de presentación en la Secretaría Privada de la Gobernación y en el Tribunal de Cuentas, con el fin de hallar documentación. Fuentes de la pesquisa confirmaron a este diario que el Ministerio Público Fiscal no revisará sólo los papeles del sobre que llegó a Legislatura: se verificarán todas las donaciones que hayan quedado registradas de alimentos y de dinero.
Ayer, además, se supo que Suárez se presentó de manera espontánea en la Fiscalía de Rawson para requerir la figura de la “vindicación”, una obligación que tiene todo empleado o funcionario público al que se le imputan delitos en el ejercicio de sus funciones o faltas que afectan su actuación pública, contemplado en el Artículo 68 de la Constitución Provincial.
Suárez se presentó en la Fiscalía con el patrocinio del abogado Carlos Conti, requiriendo vindicarse sobre la denuncia de los diputados del FpV por presuntos sobreprecios. El todavía subsecretario de Desarrollo Social solicitó que “se instruya la posibilidad de auscultar el expediente a fin de acercar al mismo prueba que fundamente mi testimonio y que sirva para lograr un total esclarecimiento de los hechos puestos a su consideración y análisis”.
En la presentación Suarez se basa en la edición del diario Jornada que en su página 8 del miércoles tituló: “Denuncian a dos funcionarios provinciales por administración fraudulenta”.
Sin embargo, a Suárez le aclararon que en la causa que se tramita en la sede judicial de Rawson y lleva adelante el fiscal Ferrín, aún no se ha realizado ninguna apertura formal de la investigación para imputar a funcionarios. Hasta que eso no suceda, nadie puede “vindicarse” por un delito del que aún no ha sido imputado.
Según pudo confirmar este diario, el fiscal no terminó de incautar todos los expedientes para la causa.
Aunque Ferrín ya se hizo de gran cantidad de los originales, no terminó de recabar toda la información.
Además, por ahora la Provincia no puede presentarse como querellante, tal como se anunció oficialmente, porque aún no se hizo la apertura de investigación. Recién después de concretada la audiencia habrá habilitación para que se constituyan las partes interesadas en intervenir.
El presidente del bloque de diputados de Chubut Somos Todos, Jerónimo García, opinó por su parte que espera que actúe la Justicia. Sí se mostró incrédulo por cómo llegó esa información a la Legislatura.
“Ese día no vi nada, no vi filmaciones, no me consta lo que pasó pero me parece muy de relato, realismo mágico. Con la carta bomba yo estaba acá y no me evacuaron, así que me parece muy teatral. Pero la Justicia deberá investigar y determinar responsabilidades si las hubiera y tomar las medidas, hay que ser inflexibles”.
Sobre si los funcionarios nombrados deben dar un paso al costado, el diputado lo negó. “Todo el mundo es inocente hasta que se comprueba lo contrario, además es una evaluación que debe hacer el titular del Ejecutivo. Los ministros son auxiliares del gobernador y los secretarios son los que manejan los secretos, entonces cada cual debe responder por lo que tiene que responder”, sentenció.
Sobre la decisión de Provincia de presentarse como querellante, dijo que “la sociedad tiene un nivel de baja tolerancia con estas cosas, tiene razón y está bueno que el Estado impulse la querella”.
En otro orden, el diputado confirmó que al terminar la interpelación al ministro de Gobierno, Pablo Durán, por la desaparición de Santiago Maldonado, recibió una llamada del gobernador Mario Das Neves. “Me llamó Raquel y me pasó con él. Me preguntó cómo había sido la sesión, le conté lo que había sucedido, que fue una sesión tranquila donde el Frente Para la Victoria no hizo más que incorporar la denuncia realizada. No había ningún dato nuevo pero quería él saber cómo es. Siempre después de cada sesión lo llamo, el chiste entre nosotros es que cuando hay buenas noticias soy el quinto que lo llama, cuando son malas noticias soy el único”.
García estuvo en las dos reuniones el miércoles encabezadas por el vicegobernador Mariano Arcioni. La primera en Casa de Gobierno con parte del gabinete y luego en la Residencia Oficial con diputados del bloque.
García aseguró que en la Residencia se trató la campaña electoral rumbo a octubre. “Fue una reunión de comunicación social, de cómo llegar a la ciudadanía. Fue una evaluación de las distintas localidades, por qué se había votado así, y el análisis político de cómo seguir”.
El fiscal Sergio Ferrín citó a los funcionarios provinciales Diego Correa, de la Unidad Gobernador, y Marcelo Suárez, subsecretario de Desarrollo Social del Ministerio de Familia, acusados de presunta administración fraudulenta contra el Estado provincial en la compra de elementos y servicios durante la emergencia climática de Comodoro Rivadavia.
Aunque por ahora no fue divulgada la fecha en la que deberán presentarse, se sabe que sería inminente. Hay, además, una tercera citación para una empleada del Ministerio de Coordinación a la que le adjudican haber entregado la documentación con la que tres diputados del Frente para la Victoria realizaron la presentación en la Justicia.
Ayer hubo órdenes de presentación en la Secretaría Privada de la Gobernación y en el Tribunal de Cuentas, con el fin de hallar documentación. Fuentes de la pesquisa confirmaron a este diario que el Ministerio Público Fiscal no revisará sólo los papeles del sobre que llegó a Legislatura: se verificarán todas las donaciones que hayan quedado registradas de alimentos y de dinero.
Ayer, además, se supo que Suárez se presentó de manera espontánea en la Fiscalía de Rawson para requerir la figura de la “vindicación”, una obligación que tiene todo empleado o funcionario público al que se le imputan delitos en el ejercicio de sus funciones o faltas que afectan su actuación pública, contemplado en el Artículo 68 de la Constitución Provincial.
Suárez se presentó en la Fiscalía con el patrocinio del abogado Carlos Conti, requiriendo vindicarse sobre la denuncia de los diputados del FpV por presuntos sobreprecios. El todavía subsecretario de Desarrollo Social solicitó que “se instruya la posibilidad de auscultar el expediente a fin de acercar al mismo prueba que fundamente mi testimonio y que sirva para lograr un total esclarecimiento de los hechos puestos a su consideración y análisis”.
En la presentación Suarez se basa en la edición del diario Jornada que en su página 8 del miércoles tituló: “Denuncian a dos funcionarios provinciales por administración fraudulenta”.
Sin embargo, a Suárez le aclararon que en la causa que se tramita en la sede judicial de Rawson y lleva adelante el fiscal Ferrín, aún no se ha realizado ninguna apertura formal de la investigación para imputar a funcionarios. Hasta que eso no suceda, nadie puede “vindicarse” por un delito del que aún no ha sido imputado.
Según pudo confirmar este diario, el fiscal no terminó de incautar todos los expedientes para la causa.
Aunque Ferrín ya se hizo de gran cantidad de los originales, no terminó de recabar toda la información.
Además, por ahora la Provincia no puede presentarse como querellante, tal como se anunció oficialmente, porque aún no se hizo la apertura de investigación. Recién después de concretada la audiencia habrá habilitación para que se constituyan las partes interesadas en intervenir.
El presidente del bloque de diputados de Chubut Somos Todos, Jerónimo García, opinó por su parte que espera que actúe la Justicia. Sí se mostró incrédulo por cómo llegó esa información a la Legislatura.
“Ese día no vi nada, no vi filmaciones, no me consta lo que pasó pero me parece muy de relato, realismo mágico. Con la carta bomba yo estaba acá y no me evacuaron, así que me parece muy teatral. Pero la Justicia deberá investigar y determinar responsabilidades si las hubiera y tomar las medidas, hay que ser inflexibles”.
Sobre si los funcionarios nombrados deben dar un paso al costado, el diputado lo negó. “Todo el mundo es inocente hasta que se comprueba lo contrario, además es una evaluación que debe hacer el titular del Ejecutivo. Los ministros son auxiliares del gobernador y los secretarios son los que manejan los secretos, entonces cada cual debe responder por lo que tiene que responder”, sentenció.
Sobre la decisión de Provincia de presentarse como querellante, dijo que “la sociedad tiene un nivel de baja tolerancia con estas cosas, tiene razón y está bueno que el Estado impulse la querella”.
En otro orden, el diputado confirmó que al terminar la interpelación al ministro de Gobierno, Pablo Durán, por la desaparición de Santiago Maldonado, recibió una llamada del gobernador Mario Das Neves. “Me llamó Raquel y me pasó con él. Me preguntó cómo había sido la sesión, le conté lo que había sucedido, que fue una sesión tranquila donde el Frente Para la Victoria no hizo más que incorporar la denuncia realizada. No había ningún dato nuevo pero quería él saber cómo es. Siempre después de cada sesión lo llamo, el chiste entre nosotros es que cuando hay buenas noticias soy el quinto que lo llama, cuando son malas noticias soy el único”.
García estuvo en las dos reuniones el miércoles encabezadas por el vicegobernador Mariano Arcioni. La primera en Casa de Gobierno con parte del gabinete y luego en la Residencia Oficial con diputados del bloque.
García aseguró que en la Residencia se trató la campaña electoral rumbo a octubre. “Fue una reunión de comunicación social, de cómo llegar a la ciudadanía. Fue una evaluación de las distintas localidades, por qué se había votado así, y el análisis político de cómo seguir”.