La Columna del Domingo / Una crisis inesperada

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Sobre bomba. La aparición de la denuncia sobre el manejo de fondos públicos complica al Gobierno.
09 SEP 2017 - 20:22 | Actualizado

Como si le faltaran problemas al Gobierno provincial, el estallido de una denuncia judicial que siembra sospechas sobre el manejo de fondos públicos y donaciones en medio de la emergencia climática de Comodoro Rivadavia puso esta semana en jaque al delicado equilibrio político que vive el oficialismo.

Con el gobernador Mario Das Neves de licencia extendida por cuestiones de salud y con el vicegobernador Mariano Arcioni tratando de hacer pie entre la crisis política y económica, más la campaña política para las elecciones legislativas del 22 de octubre que cada vez se le hace más cuesta arriba, el Gobierno provincial vivió la peor semana desde que asumió hace veinte meses.

Fue saludable que el caso haya estallado primero en la Justicia y no en los medios de comunicación, evitando así cualquier suspicacia sobre una “operación” que muchas veces termina siendo un argumento de defensa de los sospechados.

Y más saludable aún que el Ministerio Público Fiscal se haya movido rápido, con bajo perfil mediático y tomando todas las medidas que había que tomar para que nadie siquiera sugiriese que pudiera existir la idea de planchar un tema que complica al Gobierno.

Hay que auditar todo

La decisión del procurador Jorge Miquelarena de ordenar a los fiscales que auditen todos los expedientes generados a partir del Decreto 353/17 que declaró el estado de Emergencia Climática en los departamentos de Escalante, Biedma, Florentino Ameghino, Rawson, Telsen, Gastre, Paso de Indios y los Mártires, es la mejor manera para separar la paja del trigo.

Los decretos de emergencia, que son comunes ante situaciones catastróficas como la que vivió Comodoro, o la sequía en la meseta central, o la ceniza volcánica en la zona cordillerana, por poner ejemplos bien recientes, son de gran ayuda para que el Estado reaccione rápido y sin las barreras burocráticas de la Administración Pública.

Pero celeridad no debe ser sinónimo de desprolijidad. Y mucho menos de irregularidad. Tampoco nadie puede pensar que toda una operatoria alrededor de una emergencia esté teñida de sospechas. Pero la documentación aportada hasta ahora por los diputados denunciantes parece tan contundente que abruma.

Si hubo delito será la Justicia la que lo deba probar. Lo que no quedan dudas es que las desprolijidades son evidentes. ¿A quién se le ocurrió comprar 1.500 botellas de agua mineral para Comodoro en un kiosco de Trelew, y después hacerlas aparecer en una rendición de cuentas que hizo el gobernador en Comodoro como “botas para agua”? ¿Y los colchones a casi el doble del valor de mercado a una distribuidora ignota ubicada a 400 kilómetros de la catástrofe? ¿O por qué no llegaron nunca a Comodoro las 240 bolsas de alimento para mascotas que donó Royal Canin y que la Casa del Chubut mandó en tiempo y forma con otras miles de donaciones?

Si se llega a comprobar que funcionarios públicos lucraron de manera personal con la tragedia de miles de familias que necesitaban la ayuda en medio de la emergencia climática, el golpe al mentón de la sociedad será mucho más duro de asimilar que los millones que se pueden haber desviado.

Limpieza profunda

Si finalmente el gobernador Das Neves retoma en los próximos días el poder, como se viene anunciando a través de voceros mediáticos pero nunca de manera oficial, tendrá que desembarcar con más energía que nunca para poner en caja una crisis que roza muy de cerca al corazón de su gobierno.

Llamó la atención la poca capacidad de reacción que tuvieron los que se hicieron cargo del Poder Ejecutivo provincial en ausencia del gobernador. No hubo voceros ni comunicados precisos sobre la denuncia, lo que multiplicó los rumores y las especulaciones.

Recién el viernes a la tarde, tres días después de estallada la crisis, el ministro coordinador, Alberto Gilardino, dijo que “no habrá piedad con nadie si se llega a demostrar que hubo irregularidades.” Pero horas más tarde, otra ala del Gobierno filtró a la prensa que el jefe de Gabinete se irá de manera indeclinable. Y hasta tiraron dos nombres para reemplazarlo.

Por ahora, la única que parece haber “pagado el pato” por el escándalo es una directora general que se desempeñaba en el Ministerio de Coordinación de Gabinete, que presuntamente sería la que llevó el sobre con la documentación que llegó a manos de los diputados de la oposición.

El mismo martes en que se conoció públicamente el tema de los sobreprecios, el vicegobernador Arcioni y el ministro Gilardino firmaron el Decreto Nº 1052 mediante el cual dejaron sin efecto su nombramiento como “Directora General de Despacho y Privada”.

Se sabe que varios integrantes de la mesa chica del Gobierno sabían desde la semana anterior que los diputados Blas Meza Evans, Alejandra Marcilla y Gabriela Dufour tenían la “bomba” en sus manos. Por qué no actuaron con rapidez y la desactivaron antes de que explotara es una incógnita que nadie se explica.

Es más que obvio que si Das Neves hubiera estado en la provincia no habría permitido ni un segundo que la oposición les cayera encima con una denuncia de este tipo. Antes, habrían rodado las cabezas que fuera necesario poner a rodar y él mismo estaría surfeando la ola, tomando decisiones y poniendo el pecho a las balas.

Pero ya se sabe: Das Neves hay uno solo.

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Sobre bomba. La aparición de la denuncia sobre el manejo de fondos públicos complica al Gobierno.
09 SEP 2017 - 20:22

Como si le faltaran problemas al Gobierno provincial, el estallido de una denuncia judicial que siembra sospechas sobre el manejo de fondos públicos y donaciones en medio de la emergencia climática de Comodoro Rivadavia puso esta semana en jaque al delicado equilibrio político que vive el oficialismo.

Con el gobernador Mario Das Neves de licencia extendida por cuestiones de salud y con el vicegobernador Mariano Arcioni tratando de hacer pie entre la crisis política y económica, más la campaña política para las elecciones legislativas del 22 de octubre que cada vez se le hace más cuesta arriba, el Gobierno provincial vivió la peor semana desde que asumió hace veinte meses.

Fue saludable que el caso haya estallado primero en la Justicia y no en los medios de comunicación, evitando así cualquier suspicacia sobre una “operación” que muchas veces termina siendo un argumento de defensa de los sospechados.

Y más saludable aún que el Ministerio Público Fiscal se haya movido rápido, con bajo perfil mediático y tomando todas las medidas que había que tomar para que nadie siquiera sugiriese que pudiera existir la idea de planchar un tema que complica al Gobierno.

Hay que auditar todo

La decisión del procurador Jorge Miquelarena de ordenar a los fiscales que auditen todos los expedientes generados a partir del Decreto 353/17 que declaró el estado de Emergencia Climática en los departamentos de Escalante, Biedma, Florentino Ameghino, Rawson, Telsen, Gastre, Paso de Indios y los Mártires, es la mejor manera para separar la paja del trigo.

Los decretos de emergencia, que son comunes ante situaciones catastróficas como la que vivió Comodoro, o la sequía en la meseta central, o la ceniza volcánica en la zona cordillerana, por poner ejemplos bien recientes, son de gran ayuda para que el Estado reaccione rápido y sin las barreras burocráticas de la Administración Pública.

Pero celeridad no debe ser sinónimo de desprolijidad. Y mucho menos de irregularidad. Tampoco nadie puede pensar que toda una operatoria alrededor de una emergencia esté teñida de sospechas. Pero la documentación aportada hasta ahora por los diputados denunciantes parece tan contundente que abruma.

Si hubo delito será la Justicia la que lo deba probar. Lo que no quedan dudas es que las desprolijidades son evidentes. ¿A quién se le ocurrió comprar 1.500 botellas de agua mineral para Comodoro en un kiosco de Trelew, y después hacerlas aparecer en una rendición de cuentas que hizo el gobernador en Comodoro como “botas para agua”? ¿Y los colchones a casi el doble del valor de mercado a una distribuidora ignota ubicada a 400 kilómetros de la catástrofe? ¿O por qué no llegaron nunca a Comodoro las 240 bolsas de alimento para mascotas que donó Royal Canin y que la Casa del Chubut mandó en tiempo y forma con otras miles de donaciones?

Si se llega a comprobar que funcionarios públicos lucraron de manera personal con la tragedia de miles de familias que necesitaban la ayuda en medio de la emergencia climática, el golpe al mentón de la sociedad será mucho más duro de asimilar que los millones que se pueden haber desviado.

Limpieza profunda

Si finalmente el gobernador Das Neves retoma en los próximos días el poder, como se viene anunciando a través de voceros mediáticos pero nunca de manera oficial, tendrá que desembarcar con más energía que nunca para poner en caja una crisis que roza muy de cerca al corazón de su gobierno.

Llamó la atención la poca capacidad de reacción que tuvieron los que se hicieron cargo del Poder Ejecutivo provincial en ausencia del gobernador. No hubo voceros ni comunicados precisos sobre la denuncia, lo que multiplicó los rumores y las especulaciones.

Recién el viernes a la tarde, tres días después de estallada la crisis, el ministro coordinador, Alberto Gilardino, dijo que “no habrá piedad con nadie si se llega a demostrar que hubo irregularidades.” Pero horas más tarde, otra ala del Gobierno filtró a la prensa que el jefe de Gabinete se irá de manera indeclinable. Y hasta tiraron dos nombres para reemplazarlo.

Por ahora, la única que parece haber “pagado el pato” por el escándalo es una directora general que se desempeñaba en el Ministerio de Coordinación de Gabinete, que presuntamente sería la que llevó el sobre con la documentación que llegó a manos de los diputados de la oposición.

El mismo martes en que se conoció públicamente el tema de los sobreprecios, el vicegobernador Arcioni y el ministro Gilardino firmaron el Decreto Nº 1052 mediante el cual dejaron sin efecto su nombramiento como “Directora General de Despacho y Privada”.

Se sabe que varios integrantes de la mesa chica del Gobierno sabían desde la semana anterior que los diputados Blas Meza Evans, Alejandra Marcilla y Gabriela Dufour tenían la “bomba” en sus manos. Por qué no actuaron con rapidez y la desactivaron antes de que explotara es una incógnita que nadie se explica.

Es más que obvio que si Das Neves hubiera estado en la provincia no habría permitido ni un segundo que la oposición les cayera encima con una denuncia de este tipo. Antes, habrían rodado las cabezas que fuera necesario poner a rodar y él mismo estaría surfeando la ola, tomando decisiones y poniendo el pecho a las balas.

Pero ya se sabe: Das Neves hay uno solo.


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