En una semana empieza el juicio contra exfuncionario provincial
Es el marco de una causa que se inició con una denuncia de las actuales autoridades de Lotería del Chubut e investiga presuntas irregularidades en contrataciones realizadas por ese organismo durante el gobierno de Martín Buzzi.
Para el próximo día lunes 18 de septiembre corriente mes está previsto que se inicie el debate en juicio oral y público en el que se encuentra imputado Alberto Vargas por presuntas irregularidades al efectuar contratos directos “beneficiando a terceros” cuando se desempeñaba con gerente general del Instituto de Asistencia Social de la provincia.
La denuncia fue realizada por la actual conducción de ese organismo. El proceso judicial fue avanzando hasta esta etapa final, en la que se determinará la culpabilidad o inocencia de Vargas en una causa en la que está imputado por el delito de administración fraudulenta.
La acusación a cargo del Ministerio Público Fiscal, estará a cargo del fiscal general Osvaldo Heiber mientras que la defensa del imputado será ejercida por el abogado penalista Fabián Gabalachis.
En carácter de querellante representantes del Estado provincial, lo hará el abogado Martín Castro. Quien deberá resolver tras el debate y las pruebas que aporten las partes, será el juez José García.
La acusación
El caso se encuentra que se llevará a juicio en los próximos días fue caratulado como "Barbato Carlos Alberto s/ denuncia” y respecto de los hechos investigados se indica que “se imputa a Alberto Segundo Vargas que entre los meses de febrero y diciembre de 2015, en su carácter de funcionario público, como Gerente General, en cargo interino de la Presidencia del ente autárquico de la Provincia de Chubut, Instituto de Asistencia Social transgrediendo las normas que lo autorizan para casos de excepción, celebró contratos de manera discrecional en la modalidad de compra directa, por montos altamente superiores a los permitidos en la reglamentación vigente (manual de contrataciones) según las tramitaciones que más adelante se detallarán”.
Agrega que “el monto permitido para la adquisición de bienes y servicios sin presupuesto es de hasta 4 módulos. De 4 a 8 módulos son necesarios dos presupuestos y, de 8 hasta 12 módulos se exigen, tres presupuestos, no pudiendo superar los 12 módulos. Se establece el valor del módulo en $ 2.938, conforme el Decreto 163/14, por lo que realizando la simple suma aritmética, las contrataciones directas no pueden ser mayores a $35.256, debiendo además tener los presupuestos requeridos en torno a la cantidad de módulos”.
Para el próximo día lunes 18 de septiembre corriente mes está previsto que se inicie el debate en juicio oral y público en el que se encuentra imputado Alberto Vargas por presuntas irregularidades al efectuar contratos directos “beneficiando a terceros” cuando se desempeñaba con gerente general del Instituto de Asistencia Social de la provincia.
La denuncia fue realizada por la actual conducción de ese organismo. El proceso judicial fue avanzando hasta esta etapa final, en la que se determinará la culpabilidad o inocencia de Vargas en una causa en la que está imputado por el delito de administración fraudulenta.
La acusación a cargo del Ministerio Público Fiscal, estará a cargo del fiscal general Osvaldo Heiber mientras que la defensa del imputado será ejercida por el abogado penalista Fabián Gabalachis.
En carácter de querellante representantes del Estado provincial, lo hará el abogado Martín Castro. Quien deberá resolver tras el debate y las pruebas que aporten las partes, será el juez José García.
La acusación
El caso se encuentra que se llevará a juicio en los próximos días fue caratulado como "Barbato Carlos Alberto s/ denuncia” y respecto de los hechos investigados se indica que “se imputa a Alberto Segundo Vargas que entre los meses de febrero y diciembre de 2015, en su carácter de funcionario público, como Gerente General, en cargo interino de la Presidencia del ente autárquico de la Provincia de Chubut, Instituto de Asistencia Social transgrediendo las normas que lo autorizan para casos de excepción, celebró contratos de manera discrecional en la modalidad de compra directa, por montos altamente superiores a los permitidos en la reglamentación vigente (manual de contrataciones) según las tramitaciones que más adelante se detallarán”.
Agrega que “el monto permitido para la adquisición de bienes y servicios sin presupuesto es de hasta 4 módulos. De 4 a 8 módulos son necesarios dos presupuestos y, de 8 hasta 12 módulos se exigen, tres presupuestos, no pudiendo superar los 12 módulos. Se establece el valor del módulo en $ 2.938, conforme el Decreto 163/14, por lo que realizando la simple suma aritmética, las contrataciones directas no pueden ser mayores a $35.256, debiendo además tener los presupuestos requeridos en torno a la cantidad de módulos”.