La familia exigió un juez “imparcial y eficiente”

La familia de Santiago Maldonado recusó al juez Guido Otranto. La abogada Verónica Heredia explicó que el 31 de julio la secretaria del Juzgado Federal recibió la llamada del sargento de Gendarmería Echazu.

Seriedad. Una postal habitual de las últimas horas, con el magistrado custodiado por la Federal en Esquel.
14 SEP 2017 - 21:33 | Actualizado

“A partir de ahí empezaron todas las actuaciones; la desaparición forzada es un delito complejo que tiene un antes, un durante y un después, y el antes comenzó el 31 de julio”.

“Pedimos la acumulación de la causa con los hechos del último día de julio, fecha en la que emana el Oficio 972, que dio origen al procedimiento en el Pu Lof”. Según la abogada, el desalojo de la ruta 40 en Vuelta del Río debe estar en la misma causa que la represión posterior.

Heredia esperaba las pericias sobre 100 celulares secuestrados a gendarmes de los escuadrones 35 El Bolsón, 36 Esquel y 37 José de San Martín.

Acerca de las declaraciones de gendarmes, dijo que son “contradictorias”, y afirmó que se toman con mucho cuidado por parte del magistrado como de la fiscal Silvina Ávila, “cuidando las testimoniales más que el abogado de la fuerza. La fiscal parece la abogada de Gendarmería”.

Esas contradicciones –según Heredia- se reflejan en que no saben quién daba las órdenes en el procedimiento ni cuántos eran los efectivos ni dónde estaban. La abogada sostuvo que ninguno de los cuatro gendarmes que comparecieron ante el juez testimonió que algún manifestante haya resultado herido el día de la incursión en Vuelta del Río. Comentó que algunos dicen haber estado cerca del río Chubut y otros que no; admitieron que tiraban con escopetas a la comunidad mapuche, aunque no dijeron que haya habido heridos.

Según el comunicado oficial de la familia, la recusación se basó en “el nulo avance en la investigación”. Resaltó la necesidad de acumular las causas donde tramita la desaparición forzada “para evitar más dilaciones y desvíos en la investigación”; requerir la intervención de un nuevo juez “imparcial y eficiente en la tarea a su cargo”, y ratificar el pedido de intervención de un Grupo de Expertos Internacionales de la ONU para colaborar. “Hemos solicitado una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en relación a la urgente puesta en marcha de este grupo”.

El comunicado pide a los demás querellantes “optimizar la coordinación con la familia y el equipo de investigadores que la asisten, a fin de evitar dilaciones en la causa.

“Nuestro mayor deseo y motivo de angustia es saber la verdad sobre la situación de Santiago, y eso orienta todas nuestras acciones. Pedimos el acompañamiento de todos, sin divisiones ni especulaciones”, se indicó.

El juez se mantuvo en su despacho hasta minutos después de las 13. Salió por la puerta lateral del Juzgado que da a San Martín, custodiado por un numeroso grupo de policías federales pertrechados para el choque, cuando sólo estaba la prensa. La zona se sigue reforzando con Policía Federal y Prefectura Naval, que llegan por tierra y avión.#

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14 SEP 2017 - 21:33

“A partir de ahí empezaron todas las actuaciones; la desaparición forzada es un delito complejo que tiene un antes, un durante y un después, y el antes comenzó el 31 de julio”.

“Pedimos la acumulación de la causa con los hechos del último día de julio, fecha en la que emana el Oficio 972, que dio origen al procedimiento en el Pu Lof”. Según la abogada, el desalojo de la ruta 40 en Vuelta del Río debe estar en la misma causa que la represión posterior.

Heredia esperaba las pericias sobre 100 celulares secuestrados a gendarmes de los escuadrones 35 El Bolsón, 36 Esquel y 37 José de San Martín.

Acerca de las declaraciones de gendarmes, dijo que son “contradictorias”, y afirmó que se toman con mucho cuidado por parte del magistrado como de la fiscal Silvina Ávila, “cuidando las testimoniales más que el abogado de la fuerza. La fiscal parece la abogada de Gendarmería”.

Esas contradicciones –según Heredia- se reflejan en que no saben quién daba las órdenes en el procedimiento ni cuántos eran los efectivos ni dónde estaban. La abogada sostuvo que ninguno de los cuatro gendarmes que comparecieron ante el juez testimonió que algún manifestante haya resultado herido el día de la incursión en Vuelta del Río. Comentó que algunos dicen haber estado cerca del río Chubut y otros que no; admitieron que tiraban con escopetas a la comunidad mapuche, aunque no dijeron que haya habido heridos.

Según el comunicado oficial de la familia, la recusación se basó en “el nulo avance en la investigación”. Resaltó la necesidad de acumular las causas donde tramita la desaparición forzada “para evitar más dilaciones y desvíos en la investigación”; requerir la intervención de un nuevo juez “imparcial y eficiente en la tarea a su cargo”, y ratificar el pedido de intervención de un Grupo de Expertos Internacionales de la ONU para colaborar. “Hemos solicitado una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en relación a la urgente puesta en marcha de este grupo”.

El comunicado pide a los demás querellantes “optimizar la coordinación con la familia y el equipo de investigadores que la asisten, a fin de evitar dilaciones en la causa.

“Nuestro mayor deseo y motivo de angustia es saber la verdad sobre la situación de Santiago, y eso orienta todas nuestras acciones. Pedimos el acompañamiento de todos, sin divisiones ni especulaciones”, se indicó.

El juez se mantuvo en su despacho hasta minutos después de las 13. Salió por la puerta lateral del Juzgado que da a San Martín, custodiado por un numeroso grupo de policías federales pertrechados para el choque, cuando sólo estaba la prensa. La zona se sigue reforzando con Policía Federal y Prefectura Naval, que llegan por tierra y avión.#


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