Grupo mapuche tomó el Juzgado Federal de Esquel
Vecinos de la comunidad de Vuelta del Río presionaron por una reunión con el juez Guido Otranto. Le pidieron que renuncie y lo responsabilizaron de la presunta violencia en los procedimientos. Aseguraron que el lunes hubo familias agredidas. Exigieron que no haya más sobrevuelos de helicópteros.
Integrantes de la comunidad mapuche-tehuelche de Vuelta del Río se instalaron ayer dentro del Juzgado Federal de Esquel para exigir la renuncia del juez Guido Otranto, tras la violencia ejercida por la Policía Federal el lunes pasado, cuando allanaron esa zona. Los efectivos ingresaron a dos casas, golpearon y esposaron a las familias.
Los pobladores del asentamiento aborigen, cercano al Pu Lof en Resistencia Cushamen, arribaron a las 9 al Juzgado liderados por Moira Millán para pedir hablar con Otranto y exigir su renuncia. Entraron 18 personas y ante la negativa del magistrado hicieron una toma pacífica.
Afuera del edificio aguardaban otros miembros de la comunidad, entre ellos Marcelo Calfupán. También estaba Soraya Maicoño del Pu Lof Cushamen y un grupo de manifestantes. Desde adentro del Juzgado, Millán informaba con carteles escritos con un marcador que el juez no los quería atender mientras ellos le reclamaban una reunión con presencia de medios.
La Policía Federal clausuró el acceso con varios efectivos dotados de escudos y otros elementos de disuasión como gas pimienta, para evitar la entrada de los periodistas y toda persona ajena al Tribunal. Tampoco pudieron ingresar abogados de Gendarmería para interiorizarse de la marcha del expediente del caso Santiago Maldonado ni letrados del Centro de Estudios Legales y Sociales.
La gente de Vuelta del Río negoció con Otranto una reunión para las 11.30 sin prensa. Colaboradores del Juzgado salieron para entregar un comunicado a los medios apostados en el lugar para informar que desde las 9 el Juzgado se encontraba “ocupado por un grupo de personas que manifiestan pertenecer a una comunidad indígena de la zona, solicitando una serie de peticiones, entre ellas ser recibidas por el magistrado a cargo de esta sede”.
Se indicaba que “debido a la modalidad de la toma, la cual en los hechos ha paralizado por completo la actividad judicial, se ha iniciado una instancia de diálogo a cargo de funcionarios de este Juzgado, con el propósito de escuchar sus demandas y dar una solución pacífica a la controversia. En esa dirección, los miembros de la comunidad tomarán contacto directo con el Dr. Guido Otranto a los efectos de exponer sus peticiones a partir de las 11.30”.
Se les pidió que tras el diálogo, “tuvieran a bien desocupar las instalaciones del Juzgado, con el objetivo de poder reanudar su funcionamiento”.
Pero en realidad tras el comunicado, el juez Otranto a la hora prevista retrocedió del acuerdo para reunirse con la comunidad mapuche. Soraya Maicoño, vocera del Pu Lof, se dirigió a los periodistas para recordar que la comunidad de Vuelta del Río había llegado temprano para pedir que los atendiera el juez federal, y “que se retire y deje de hostigar y criminalizar a las comunidades”.
A pesar de haber emitido un comunicado el Juzgado pasadas las 11 anunciando que recibiría al grupo a las 11.30, Otranto se estaba negando a hacerlo y “los amenazan con desalojarlos con la fuerza policial”. La comunidad requería el ingreso de los medios como garantía para dialogar y evitar ser reprimidos.
Recordó la vocera del Pu Lof que el lunes la Policía Federal ingresó a Vuelta del Río, una comunidad cercana, y esposaron a dos familias: Calfupán y Huilinao. “Las dos comunidades tenemos vínculos espirituales y comunitarios”, dijo Maicoño para enfatizar que todas las comunidades decididas a la reconstrucción de su identidad y su cultura sufren una persecución política.
Finalmente se realizó la reunión con Guido Otranto, y al salir del edificio alrededor de las 13.15, Millán señaló que “el juez se niega a renunciar. Estamos en alerta, y no vamos a permitir que vuelva a suceder lo que le tocó vivir a la comunidad de Vuelta del Río”.
Insistió en que el magistrado debe renunciar. “Generó un nivel de desarmonía enorme, con represión, hostigamiento y racismo”.
Otro habitante de la comunidad denunciante, Rogelio Fermín, dijo que a Otranto le reclamaron que se termine el hostigamiento. “Le dijimos que si no cumple, nos va a tener más seguido en su despacho; en la cara le pedimos que se vaya por mal desempeño”.
Sostuvo que es difícil que se mantenga la tranquilidad en Vuelta del Río. “Estamos cansados de la violencia y seguimos perseguidos”. Se prometieron fortalecerse en defensa de cualquier comunidad aborigen que sea atropellada. “Cada lamien (hermano) que nos toquen, será un problema de todo el pueblo mapuche”.
Fermín contó que en el operativo del lunes las personas allanadas fueron golpeadas. “Fue un procedimiento de tortura y maltrato. Pero le decimos a Otranto que nunca más ocurrirá en ninguna comunidad”.
Todas las comunidades aborígenes están en alerta y “un problema de alguien de nuestro pueblo mapuche, será problema de todos”. Narró que el lunes entraron armados a allanar las casas de Juan Calfupán a quien tuvieron esposado, y de Alberto Huilinao con tres personas que mantuvieron con esposas durante al menos 6 horas.
También reclamaron que no quieren más helicópteros sobrevolando Vuelta del Río. Sobre el motivo de los allanamientos, al juez le habían dado un dato sobre que ahí estaba Santiago Maldonado, o pertenencias del joven artesano. “La orden de allanamiento recién la presentaron a las 14 del lunes”. Las personas privadas de la libertad, ayer presentaban la denuncia en el Juzgado.
Millán añadió que “no están buscando a Santiago Maldonado; están buscando hostigar a las comunidades mapuches”.#
Integrantes de la comunidad mapuche-tehuelche de Vuelta del Río se instalaron ayer dentro del Juzgado Federal de Esquel para exigir la renuncia del juez Guido Otranto, tras la violencia ejercida por la Policía Federal el lunes pasado, cuando allanaron esa zona. Los efectivos ingresaron a dos casas, golpearon y esposaron a las familias.
Los pobladores del asentamiento aborigen, cercano al Pu Lof en Resistencia Cushamen, arribaron a las 9 al Juzgado liderados por Moira Millán para pedir hablar con Otranto y exigir su renuncia. Entraron 18 personas y ante la negativa del magistrado hicieron una toma pacífica.
Afuera del edificio aguardaban otros miembros de la comunidad, entre ellos Marcelo Calfupán. También estaba Soraya Maicoño del Pu Lof Cushamen y un grupo de manifestantes. Desde adentro del Juzgado, Millán informaba con carteles escritos con un marcador que el juez no los quería atender mientras ellos le reclamaban una reunión con presencia de medios.
La Policía Federal clausuró el acceso con varios efectivos dotados de escudos y otros elementos de disuasión como gas pimienta, para evitar la entrada de los periodistas y toda persona ajena al Tribunal. Tampoco pudieron ingresar abogados de Gendarmería para interiorizarse de la marcha del expediente del caso Santiago Maldonado ni letrados del Centro de Estudios Legales y Sociales.
La gente de Vuelta del Río negoció con Otranto una reunión para las 11.30 sin prensa. Colaboradores del Juzgado salieron para entregar un comunicado a los medios apostados en el lugar para informar que desde las 9 el Juzgado se encontraba “ocupado por un grupo de personas que manifiestan pertenecer a una comunidad indígena de la zona, solicitando una serie de peticiones, entre ellas ser recibidas por el magistrado a cargo de esta sede”.
Se indicaba que “debido a la modalidad de la toma, la cual en los hechos ha paralizado por completo la actividad judicial, se ha iniciado una instancia de diálogo a cargo de funcionarios de este Juzgado, con el propósito de escuchar sus demandas y dar una solución pacífica a la controversia. En esa dirección, los miembros de la comunidad tomarán contacto directo con el Dr. Guido Otranto a los efectos de exponer sus peticiones a partir de las 11.30”.
Se les pidió que tras el diálogo, “tuvieran a bien desocupar las instalaciones del Juzgado, con el objetivo de poder reanudar su funcionamiento”.
Pero en realidad tras el comunicado, el juez Otranto a la hora prevista retrocedió del acuerdo para reunirse con la comunidad mapuche. Soraya Maicoño, vocera del Pu Lof, se dirigió a los periodistas para recordar que la comunidad de Vuelta del Río había llegado temprano para pedir que los atendiera el juez federal, y “que se retire y deje de hostigar y criminalizar a las comunidades”.
A pesar de haber emitido un comunicado el Juzgado pasadas las 11 anunciando que recibiría al grupo a las 11.30, Otranto se estaba negando a hacerlo y “los amenazan con desalojarlos con la fuerza policial”. La comunidad requería el ingreso de los medios como garantía para dialogar y evitar ser reprimidos.
Recordó la vocera del Pu Lof que el lunes la Policía Federal ingresó a Vuelta del Río, una comunidad cercana, y esposaron a dos familias: Calfupán y Huilinao. “Las dos comunidades tenemos vínculos espirituales y comunitarios”, dijo Maicoño para enfatizar que todas las comunidades decididas a la reconstrucción de su identidad y su cultura sufren una persecución política.
Finalmente se realizó la reunión con Guido Otranto, y al salir del edificio alrededor de las 13.15, Millán señaló que “el juez se niega a renunciar. Estamos en alerta, y no vamos a permitir que vuelva a suceder lo que le tocó vivir a la comunidad de Vuelta del Río”.
Insistió en que el magistrado debe renunciar. “Generó un nivel de desarmonía enorme, con represión, hostigamiento y racismo”.
Otro habitante de la comunidad denunciante, Rogelio Fermín, dijo que a Otranto le reclamaron que se termine el hostigamiento. “Le dijimos que si no cumple, nos va a tener más seguido en su despacho; en la cara le pedimos que se vaya por mal desempeño”.
Sostuvo que es difícil que se mantenga la tranquilidad en Vuelta del Río. “Estamos cansados de la violencia y seguimos perseguidos”. Se prometieron fortalecerse en defensa de cualquier comunidad aborigen que sea atropellada. “Cada lamien (hermano) que nos toquen, será un problema de todo el pueblo mapuche”.
Fermín contó que en el operativo del lunes las personas allanadas fueron golpeadas. “Fue un procedimiento de tortura y maltrato. Pero le decimos a Otranto que nunca más ocurrirá en ninguna comunidad”.
Todas las comunidades aborígenes están en alerta y “un problema de alguien de nuestro pueblo mapuche, será problema de todos”. Narró que el lunes entraron armados a allanar las casas de Juan Calfupán a quien tuvieron esposado, y de Alberto Huilinao con tres personas que mantuvieron con esposas durante al menos 6 horas.
También reclamaron que no quieren más helicópteros sobrevolando Vuelta del Río. Sobre el motivo de los allanamientos, al juez le habían dado un dato sobre que ahí estaba Santiago Maldonado, o pertenencias del joven artesano. “La orden de allanamiento recién la presentaron a las 14 del lunes”. Las personas privadas de la libertad, ayer presentaban la denuncia en el Juzgado.
Millán añadió que “no están buscando a Santiago Maldonado; están buscando hostigar a las comunidades mapuches”.#