"Es necesario un acuerdo con gobernadores sobre la cuestión indígena"
La directora del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Jimena Psathakis, consideró que "es necesario un acuerdo federal con los gobernadores" para poder resolver "la cuestión de fondo" vinculada con los reclamos de pueblos originarios sobre la tenencia de tierras ancestrales.
Además, sostuvo que para poder llevar adelante el relevamiento territorial que ordena la Ley 26.160 -sobre la que el Senado dispuso la semana pasada una prórroga de cuatro años que ahora debe ser tratada en Diputados- "el tiempo en sí no tiene que ser el determinante sino la voluntad política de hacerlo".
"Ha habido muchas irregularidades desde el 2006 hasta ahora", aseveró Psathakis en una entrevista publicada hoy por el diario La Nación, en el que remarcó la necesidad de "restablecer contactos con las provincias" para poder avanzar con esa tarea y citó dichos del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien sostuvo -dijo- que "hay que hacer un acuerdo federal para que este relevamiento avance y que las provincias contribuyan".
No obstante, remarcó que se debe entender también que "el relevamiento no resuelve el acceso a la propiedad comunitaria" y sostuvo que existen "muchas necesidades" en las comunidades indígenas, entre las que mencionó las vinculadas al "acceso a la salud, a la educación, al agua, a la tierra, al trabajo y al documento".
Psathakis asumió su cargo al frente del INAI el mismo día que desapareció Santiago Maldonado, el 1 de agosto pasado, en el marco de un operativo de Gendarmería Nacional en la comunidad mapuche de Cushamen, en el noroeste de Chubut, tras el desalojo de una protesta sobre la ruta 40.
En la entrevista publicada hoy, Psathakis aclaró que los 8 millones de hectáreas que son reclamadas por las comunidades originarias "puede que cambien después del relevamiento" y señaló que, ante cualquier conflicto que surja, "el Instituto tiene un área que aborda esas situaciones y ofrece asesoramiento jurídico para los conflictos que surjan", concluyó.
En tanto, al referirse a las "irregularidades" detectadas en el marco de la implementación de la Ley 26.160, sancionada en el 2006, la funcionaria sostuvo que "no había un sistema de rendición de cuentas", con lo cual "no había forma de ver si el dinero se ejecutaba en ese proceso o en otras cosas".
"También hubo subejecuciones del presupuesto y suspensiones del reveamiento en algunas provincias", aseveró la funcionaria.
Además, sostuvo que para poder llevar adelante el relevamiento territorial que ordena la Ley 26.160 -sobre la que el Senado dispuso la semana pasada una prórroga de cuatro años que ahora debe ser tratada en Diputados- "el tiempo en sí no tiene que ser el determinante sino la voluntad política de hacerlo".
"Ha habido muchas irregularidades desde el 2006 hasta ahora", aseveró Psathakis en una entrevista publicada hoy por el diario La Nación, en el que remarcó la necesidad de "restablecer contactos con las provincias" para poder avanzar con esa tarea y citó dichos del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien sostuvo -dijo- que "hay que hacer un acuerdo federal para que este relevamiento avance y que las provincias contribuyan".
No obstante, remarcó que se debe entender también que "el relevamiento no resuelve el acceso a la propiedad comunitaria" y sostuvo que existen "muchas necesidades" en las comunidades indígenas, entre las que mencionó las vinculadas al "acceso a la salud, a la educación, al agua, a la tierra, al trabajo y al documento".
Psathakis asumió su cargo al frente del INAI el mismo día que desapareció Santiago Maldonado, el 1 de agosto pasado, en el marco de un operativo de Gendarmería Nacional en la comunidad mapuche de Cushamen, en el noroeste de Chubut, tras el desalojo de una protesta sobre la ruta 40.
En la entrevista publicada hoy, Psathakis aclaró que los 8 millones de hectáreas que son reclamadas por las comunidades originarias "puede que cambien después del relevamiento" y señaló que, ante cualquier conflicto que surja, "el Instituto tiene un área que aborda esas situaciones y ofrece asesoramiento jurídico para los conflictos que surjan", concluyó.
En tanto, al referirse a las "irregularidades" detectadas en el marco de la implementación de la Ley 26.160, sancionada en el 2006, la funcionaria sostuvo que "no había un sistema de rendición de cuentas", con lo cual "no había forma de ver si el dinero se ejecutaba en ese proceso o en otras cosas".
"También hubo subejecuciones del presupuesto y suspensiones del reveamiento en algunas provincias", aseveró la funcionaria.