Violencia de género: en Madryn preocupa cómo los agresores desobedecen órdenes
La jueza de Familia Delma Viani destacó el trabajo conjunto con Fiscalía pero advirtió que muchas veces las decisiones judiciales no surten efecto en los victimarios. El fiscal Daniel Báez dijo que hay jueces que “confunden los roles”.
El camino es el trabajo en conjunto”. Así lo sostuvo Delma Viani, jueza de Familia 2 de Puerto Madryn, como solución a la violencia de género. “Se trabajao muchísimo, más que nada sobre el delito de desobediencia ante las medidas que disponemos desde el Juzgado. Siento respaldo de Fiscalía y de los jueces penales a nuestras órdenes”, dijo. “Ellos solos no podían y nosotros tampoco”.
Hace pocos días, en lo que se calificó como “una resolución inédita” del Poder Judicial”, D.P.R., un hombre de 40 años, quedó en prisión preventiva hasta la audiencia que decidirá la elevación de la causa a juicio “por desobedecer las medidas dispuestas por el Juzgado de Familia 2, en el marco de causas de violencia de género”.
“Se trabajó en conjunto. Ante la primera denuncia de violencia dimos intervención a Fiscalía, y ante nuevos hechos se disponían prohibiciones de acercamiento. Pero se disponía una medida y automáticamente al otro día la violentaba; nos preocupó porque se exacerbaba ante la notificación de una medida. Arremetía contra la víctima y se consideraba impune frente a las órdenes del Juzgado”.
“Alarmados, comenzó la comunicación personal y telefónica con los funcionarios de la Fiscalía apenas se adoptaba una media desde el Juzgaba”, explicó Viani sobre el caso.
La jueza sostiene que “un estamento judicial por sí solo, por un lado el Juzgado de Familia y por otro la Fiscalía, no se puede llegar a los resultados. Estamos trabajando bien y dio sus frutos. Hay que cortar con los hechos de violencia”.
Este año el Superior Tribunal de Justicia ordenó implementar un sistema de guardias en los Juzgados de Familia para atender urgente las denuncias sobre violencia de género recibidas en las comisarías. Con dos acordadas dispuso que la Policía informe de inmediato a los jueces de Familia para no demorar las medidas de protección para las víctimas. “Ingresaron desde la acordada 250 hechos de violencia, entre los dos juzgados”, reveló Viani, a raíz de las estadísticas que maneja el Juzgado.
“Los jueces de Familia podemos dictar la prohibición de acercamiento y exclusión entre otras medidas, de inmediato se hace saber la medida dispuesta a la Comisaría de la Mujer, se notifica al victimario y la víctima se entera la medida de protección que se dictó y en qué términos, todo mientras está en la sede policial”.
Al llegar las actuaciones policiales al Juzgado interviene el Equipo Técnico Interdisciplinario sobre medidas que se pudieran adoptar para evitar un nuevo hecho.
“El tema es que el ciclo no termina ahí, hay que seguir todo el proceso para poder resolver los conflictos familiares, más allá de las situaciones de violencia. Si bien se le hace saber a la víctima que puede presentarse con un abogado o la Defensa Publica para hacer los reclamos pendientes sobre responsabilidad parental o la disolución del vínculo matrimonial, si fuera el caso, en un porcentaje altísimo las víctimas no lo hacen. A los pocos días vuelven a presentar otra denuncia por un nuevo hecho de violencia”.
“Debemos insistir en la importancia de que las victimas cuenten con asesoramiento técnico-legal, de inmediato, para comprender la importancia que tiene el inicio de los reclamos para dar solución a temas familiares pendientes, y que son objeto de conflictos, más allá de las situaciones de violencia. Es un tema pendiente a trabajar: facilitarle de manera inmediata una asistencia letrada a la víctima para asesorarla y ponerse a su disposición”.
El fiscal jefe Daniel Báez también valoró el trabajo del juzgado de Familia. “Hay una comunicación fluida con los Juzgados de Familia que facilita el trabajo en conjunto, y eso se debe en parte a la Acordada del Superior que impuso una forma de trabajar que aborda la violencia de género en forma integral”.
Esto se realiza “en sintonía con los jueces penales, que cumplen su rol con imparcialidad, salvo excepciones donde se ven tentados debido a recientes capacitaciones en dar sugerencias o instrucciones a nuestra manera de investigar y claramente confunden los roles; de igual manera lo hacen con la Policía en donde intiman al personal a tomar medidas en situaciones concretas, lo que es totalmente errado. Este tema no necesita abanderadas, lo que requiere es cada uno asuma su rol como corresponde”.#
El camino es el trabajo en conjunto”. Así lo sostuvo Delma Viani, jueza de Familia 2 de Puerto Madryn, como solución a la violencia de género. “Se trabajao muchísimo, más que nada sobre el delito de desobediencia ante las medidas que disponemos desde el Juzgado. Siento respaldo de Fiscalía y de los jueces penales a nuestras órdenes”, dijo. “Ellos solos no podían y nosotros tampoco”.
Hace pocos días, en lo que se calificó como “una resolución inédita” del Poder Judicial”, D.P.R., un hombre de 40 años, quedó en prisión preventiva hasta la audiencia que decidirá la elevación de la causa a juicio “por desobedecer las medidas dispuestas por el Juzgado de Familia 2, en el marco de causas de violencia de género”.
“Se trabajó en conjunto. Ante la primera denuncia de violencia dimos intervención a Fiscalía, y ante nuevos hechos se disponían prohibiciones de acercamiento. Pero se disponía una medida y automáticamente al otro día la violentaba; nos preocupó porque se exacerbaba ante la notificación de una medida. Arremetía contra la víctima y se consideraba impune frente a las órdenes del Juzgado”.
“Alarmados, comenzó la comunicación personal y telefónica con los funcionarios de la Fiscalía apenas se adoptaba una media desde el Juzgaba”, explicó Viani sobre el caso.
La jueza sostiene que “un estamento judicial por sí solo, por un lado el Juzgado de Familia y por otro la Fiscalía, no se puede llegar a los resultados. Estamos trabajando bien y dio sus frutos. Hay que cortar con los hechos de violencia”.
Este año el Superior Tribunal de Justicia ordenó implementar un sistema de guardias en los Juzgados de Familia para atender urgente las denuncias sobre violencia de género recibidas en las comisarías. Con dos acordadas dispuso que la Policía informe de inmediato a los jueces de Familia para no demorar las medidas de protección para las víctimas. “Ingresaron desde la acordada 250 hechos de violencia, entre los dos juzgados”, reveló Viani, a raíz de las estadísticas que maneja el Juzgado.
“Los jueces de Familia podemos dictar la prohibición de acercamiento y exclusión entre otras medidas, de inmediato se hace saber la medida dispuesta a la Comisaría de la Mujer, se notifica al victimario y la víctima se entera la medida de protección que se dictó y en qué términos, todo mientras está en la sede policial”.
Al llegar las actuaciones policiales al Juzgado interviene el Equipo Técnico Interdisciplinario sobre medidas que se pudieran adoptar para evitar un nuevo hecho.
“El tema es que el ciclo no termina ahí, hay que seguir todo el proceso para poder resolver los conflictos familiares, más allá de las situaciones de violencia. Si bien se le hace saber a la víctima que puede presentarse con un abogado o la Defensa Publica para hacer los reclamos pendientes sobre responsabilidad parental o la disolución del vínculo matrimonial, si fuera el caso, en un porcentaje altísimo las víctimas no lo hacen. A los pocos días vuelven a presentar otra denuncia por un nuevo hecho de violencia”.
“Debemos insistir en la importancia de que las victimas cuenten con asesoramiento técnico-legal, de inmediato, para comprender la importancia que tiene el inicio de los reclamos para dar solución a temas familiares pendientes, y que son objeto de conflictos, más allá de las situaciones de violencia. Es un tema pendiente a trabajar: facilitarle de manera inmediata una asistencia letrada a la víctima para asesorarla y ponerse a su disposición”.
El fiscal jefe Daniel Báez también valoró el trabajo del juzgado de Familia. “Hay una comunicación fluida con los Juzgados de Familia que facilita el trabajo en conjunto, y eso se debe en parte a la Acordada del Superior que impuso una forma de trabajar que aborda la violencia de género en forma integral”.
Esto se realiza “en sintonía con los jueces penales, que cumplen su rol con imparcialidad, salvo excepciones donde se ven tentados debido a recientes capacitaciones en dar sugerencias o instrucciones a nuestra manera de investigar y claramente confunden los roles; de igual manera lo hacen con la Policía en donde intiman al personal a tomar medidas en situaciones concretas, lo que es totalmente errado. Este tema no necesita abanderadas, lo que requiere es cada uno asuma su rol como corresponde”.#