Declararon nulo un allanamiento en comunidad mapuche de Neuquén
El Tribunal de Impugnación de Neuquén declaró hoy la nulidad de un allanamiento que se realizó "por propia iniciativa de la fiscalía" en la comunidad mapuche Fvta Xayen (paraje Tratayen), en cercanías de la localidad de Añelo, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Neuquén, donde hubo tres detenidos bajo la imputación de tenencia ilegal de armas de fuego.
El Tribunal, integrado por Andrés Repetto, Federico Sommer y Héctor Rimaro hizo lugar al planteo de la defensa de los tres imputados y declaró la nulidad del allanamiento que se realizó, el 19 de septiembre, sin orden de un juez, "por propia iniciativa de la fiscalía", en la zona del yacimiento de Vaca Muerta.
"Se vulneraron garantías constitucionales, específicamente la inviolabilidad del domicilio, tal como lo establece el artículo 67 de la Constitución provincial", argumentó el Defensor Público, Julián Berger. Y agregó que "más allá de tratarse de una morada precaria, queda claro que en ese lugar vivía gente, por lo que no caben dudas de que estaba tutelada por la Constitución".
Sostuvo también que "este procedimiento dispuesto por la fiscalía contraría los artículos 143 y 144 del Código de Procedimiento, que establece que "cuando se trate de un lugar habitado, el allanamiento debe ser autorizado por un juez; y en este caso los tres imputados se encontraban pernoctando allí, claramente se trataba de un lugar habitado".
Cabe recordar que ese día se había realizado una audiencia de formulación de cargos a los tres integrantes de la comunidad por el delito de tenencia de arma de uso civil halladas en aquel allanamiento.
En ese momento, Berger y el Defensor de Circunscripción, Fernando Diez, plantearon que el allanamiento era ilegal y pidieron que se lo declare nulo. En tanto, el juez Yancarelli rechazó el planteo de las defensas y dio por formulados los cargos. Ambos defensores impugnaron esa resolución, y así se llegó a la audiencia de hoy.
El fiscal general de la provincia, José Gerez, señaló el día del allanamiento que "se buscó el momento más oportuno para realizar el operativo con el objetivo de recuperar los campos que estaban en manos de ocupantes ilegítimos".
En tanto, el fiscal Pablo Vignaroli dijo que la orden de desalojo comprendió "la restitución de los bienes a los propietarios, que han acreditado que son los dueños de esas tierras y ya están los inmuebles en su poder".
El Tribunal, integrado por Andrés Repetto, Federico Sommer y Héctor Rimaro hizo lugar al planteo de la defensa de los tres imputados y declaró la nulidad del allanamiento que se realizó, el 19 de septiembre, sin orden de un juez, "por propia iniciativa de la fiscalía", en la zona del yacimiento de Vaca Muerta.
"Se vulneraron garantías constitucionales, específicamente la inviolabilidad del domicilio, tal como lo establece el artículo 67 de la Constitución provincial", argumentó el Defensor Público, Julián Berger. Y agregó que "más allá de tratarse de una morada precaria, queda claro que en ese lugar vivía gente, por lo que no caben dudas de que estaba tutelada por la Constitución".
Sostuvo también que "este procedimiento dispuesto por la fiscalía contraría los artículos 143 y 144 del Código de Procedimiento, que establece que "cuando se trate de un lugar habitado, el allanamiento debe ser autorizado por un juez; y en este caso los tres imputados se encontraban pernoctando allí, claramente se trataba de un lugar habitado".
Cabe recordar que ese día se había realizado una audiencia de formulación de cargos a los tres integrantes de la comunidad por el delito de tenencia de arma de uso civil halladas en aquel allanamiento.
En ese momento, Berger y el Defensor de Circunscripción, Fernando Diez, plantearon que el allanamiento era ilegal y pidieron que se lo declare nulo. En tanto, el juez Yancarelli rechazó el planteo de las defensas y dio por formulados los cargos. Ambos defensores impugnaron esa resolución, y así se llegó a la audiencia de hoy.
El fiscal general de la provincia, José Gerez, señaló el día del allanamiento que "se buscó el momento más oportuno para realizar el operativo con el objetivo de recuperar los campos que estaban en manos de ocupantes ilegítimos".
En tanto, el fiscal Pablo Vignaroli dijo que la orden de desalojo comprendió "la restitución de los bienes a los propietarios, que han acreditado que son los dueños de esas tierras y ya están los inmuebles en su poder".