TEG: admiten un amparo y el Gobierno responde esta semana
Un Juzgado hizo lugar al reclamo por considerar que se viola el derecho a la “educación y al trabajo”. Los usuarios son estudiantes, jubilados, docentes y auxiliares docentes.
Esta semana el Gobierno provincial deberá responder al amparo presentado por los usuarios del Transporte Educativo Gratuito representados por la abogada Ana Sánchez, que intimó a reanudar el servicio a docentes, alumnos y jubilados. La presentación fue en el Juzgado Laboral Nº1 de Puerto Madryn e hizo lugar la jueza Carolina Barreiro; corre también para Trelew y Rawson. Si no se arriba a un acuerdo, se determinará la orden de cumplimiento.
Sánchez explicó que “se presentó un amparo colectivo, es lo que se denomina `acción de clase´ en las comunidades de Madryn, Trelew y Rawson. Se presenta de manera colectiva representando a todos los usuarios del TEG: alumnos, docentes, auxiliares docentes y jubilados. Es una ley que abarca no sólo el derecho a la educación constitucionalmente vigente sino también el derecho al trabajo de los docentes”.
Se conformó una asamblea permanente para reclamar por los derechos que fueron vulnerados por la omisión de los funcionarios públicos representantes del Poder Ejecutivo. “Se reclama con amparo la vigencia de la ley 8/114. El amparo a nivel provincial regula que la primera resolución que se dicte en este caso en Madryn toca a todos planteamientos de igual tenor que se realizaron en el resto de la provincia. Lo que cede el Juzgado de Madryn se reflejará en Trelew y Rawson por haber sido el primer Juzgado que dictaminó la admisibilidad de este proceso”.
Lo que se dictaminó en Madryn es que “hay un asidero legal”. Lo que significa que “hay un derecho adquirido por parte de estudiantes, docentes y auxiliares y que debe ser cumplimentado por el Gobierno. El estado procesal de la causa fue corrido al Gobierno y tienen 5 días como máximo respecto a esta omisión a esta acción que vulnera derechos”, indicó.
Aclaró Sánchez que las instancias que están contempladas son las de educación primaria, secundario y universitario. “El amparo es la vía más idónea para defender los derechos constitucionales. Es una herramienta muy específica para casos de lesiones graves a esos derechos. El plazo en mínimo no así como un proceso ordinario”.
“Si no hay prueba para aportar, el juez dictamina el cumplimiento o no a la demanda de amparo. Como ya hubo una admisión de la acción de clase, se verificó que era una acción colectiva, estarían vulnerados derechos adquiridos, restaría expedirse la contraparte para que luego en el plazo de 3 días, el juez decrete la sentencia o no del amparo. Una vez que está la sentencia, el Poder está conminado a realizar la acción pertinente para resguardar ese derecho: el pago de las tarifas”, concluyó.
Esta semana el Gobierno provincial deberá responder al amparo presentado por los usuarios del Transporte Educativo Gratuito representados por la abogada Ana Sánchez, que intimó a reanudar el servicio a docentes, alumnos y jubilados. La presentación fue en el Juzgado Laboral Nº1 de Puerto Madryn e hizo lugar la jueza Carolina Barreiro; corre también para Trelew y Rawson. Si no se arriba a un acuerdo, se determinará la orden de cumplimiento.
Sánchez explicó que “se presentó un amparo colectivo, es lo que se denomina `acción de clase´ en las comunidades de Madryn, Trelew y Rawson. Se presenta de manera colectiva representando a todos los usuarios del TEG: alumnos, docentes, auxiliares docentes y jubilados. Es una ley que abarca no sólo el derecho a la educación constitucionalmente vigente sino también el derecho al trabajo de los docentes”.
Se conformó una asamblea permanente para reclamar por los derechos que fueron vulnerados por la omisión de los funcionarios públicos representantes del Poder Ejecutivo. “Se reclama con amparo la vigencia de la ley 8/114. El amparo a nivel provincial regula que la primera resolución que se dicte en este caso en Madryn toca a todos planteamientos de igual tenor que se realizaron en el resto de la provincia. Lo que cede el Juzgado de Madryn se reflejará en Trelew y Rawson por haber sido el primer Juzgado que dictaminó la admisibilidad de este proceso”.
Lo que se dictaminó en Madryn es que “hay un asidero legal”. Lo que significa que “hay un derecho adquirido por parte de estudiantes, docentes y auxiliares y que debe ser cumplimentado por el Gobierno. El estado procesal de la causa fue corrido al Gobierno y tienen 5 días como máximo respecto a esta omisión a esta acción que vulnera derechos”, indicó.
Aclaró Sánchez que las instancias que están contempladas son las de educación primaria, secundario y universitario. “El amparo es la vía más idónea para defender los derechos constitucionales. Es una herramienta muy específica para casos de lesiones graves a esos derechos. El plazo en mínimo no así como un proceso ordinario”.
“Si no hay prueba para aportar, el juez dictamina el cumplimiento o no a la demanda de amparo. Como ya hubo una admisión de la acción de clase, se verificó que era una acción colectiva, estarían vulnerados derechos adquiridos, restaría expedirse la contraparte para que luego en el plazo de 3 días, el juez decrete la sentencia o no del amparo. Una vez que está la sentencia, el Poder está conminado a realizar la acción pertinente para resguardar ese derecho: el pago de las tarifas”, concluyó.