Reclaman que Chubut conserve poder de decisión
El Gobierno, los gremios y los empresarios reaccionaron ante el pedido de que sea el Consejo Federal Pesquero y no la provincia quien decida el cierre o la apertura del caladero. “Es una manipulación evidente para provecho de los sectores que concentran poder de lobby hace muchísimos años”, dijeron.
El ministro coordinador, Sergio Mammarelli, presidió en Casa de Gobierno una reunión con sectores de la pesca para discutir el intento manifiesto de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina de soslayar la autonomía pesquera provincial. Hubo referentes de los sindicatos SUPA, SOMU, STIA y SAONSINRA, empresarios, dueños de plantas de procesamiento, permisionarios y representantes de los trabajadores del sector. En el encuentro se sentó una postura unánime frente al tema instalado en el Consejo Federal Pesquero.
El acuerdo de partes se plasmó en un documento unánime. “Dejar en manos del CFP la decisión de apertura y cierre del caladero de langostino y otras especies, así como el establecimiento de medidas de conservación, pesca y control, tal y como pretende la CAIPA, implica un grave riesgo para la actividad pesquera provincial en su conjunto”.
Se comprometieron a acompañar “todas las gestiones” de Provincia “en defensa de nuestro derecho establecido en la Ley Federal de Pesca, vinculado a la posibilidad de explorar, explotar, conservar y administrar los recursos vivos que pueblan las aguas interiores y el mar territorial argentino adyacente a sus costas, hasta las doce millas marinas”.
Dejaron constancia de la “voluntad y compromiso para apoyar todas las gestiones y medidas de administración que lleven adelante las autoridades provinciales, en defensa de los legítimos intereses provinciales”.
La semana pasada, la CAIPA presentó ante el CFP una nota que recurriendo a leyes, artículos y casos testigo, se solicita que “todo lo relativo a la pesca de la especie langostino, y otras especies, tanto sea en relación a la apertura y cierre del caladero para estas especies y el establecimiento de medidas de conservación, pesca y control, sea resuelto por el organismo nacional” y no por cada provincia como hasta ahora.
El pedido entra en conflicto con el Artículo 3º del Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922), que establece: “Son del dominio de las provincias con litoral marítimo y ejercerán esta jurisdicción para los fines de su exploración, explotación, conservación y administración, a través del marco federal que se establece en la presente ley, los recursos vivos que poblaren las aguas interiores y mar territorial argentino adyacente a sus costas, hasta las doce (12) millas marinas”.
Según la Cámara que nuclea a la industria pesquera nacional, se destacan constantes referencias a la conservación de la especie, pero sin embargo, las políticas pesqueras provinciales definieron el principio que rige para el análisis de las medidas respecto a la explotación de los recursos naturales, manifestando constantemente que los recursos del mar deben mantener una rigurosa sustentabilidad.
El secretario de Pesca, Adrián Awstin, destacó que “la defensa de los recursos se hace en todo momento, independientemente de qué estén pescando los grandes buques de Mar del Plata o los amarillos de Chubut”.
“Peleamos constantemente para que la actividad pesquera en su conjunto sea sustentable y por sobre todas las cosas, sostenible en el tiempo. Sobran hechos para demostrarlo, como la veda permanente establecida para la protección de juveniles en Robredo y Pan de Azúcar o la actual veda que se impuso en el Golfo San Jorge con vigencia hasta el 31 de diciembre del corriente año, todas medidas mediante las cuales aseguramos la reproducción y el crecimiento en sus edades juveniles, de la especie langostino, para que sean aprovechados por las flotas nacional y provincial”, continuó.
Dijo que la solicitud de la CAIPA es “una manipulación evidente de la legislación vigente para provecho de los sectores que concentran el poder de lobby desde hace muchísimos años”.
La nota de la Cámara al Consejo pide que ese organismo nacional decida la fecha de apertura de la temporada de pesca en aguas de jurisdicción provincial. Para Chubut es un claro intento de coartar los derechos provinciales, contemplados en la Ley Federal de Pesca.
La nota la presentó el presidente de la CAIPA, Fernando Rivera, para que la apertura y cierre del caladero provincial lo establezca el CFP. Para Awstin“es un claro intento de soslayar la autonomía pesquera provincial, una autonomía que está contemplada en la Ley Federal de Pesca y que por tanto es un derecho que no puede ser vulnerado”.
“Se hace una citación continua de articulados, decretos y casos testigo, que están no solo descontextualizados, sino además, recortados de manera tal que puedan servir para sustentar la postura, de por más desdeñable”, advirtió.
“Se habla de una necesidad de protección y conservación del recurso langostino, pero en ningún momento se adjunta o cita un fundamento científico que avale esos dichos”, agregó al tiempo que aseguró: “además esa postura proteccionista y conservacionista no apareció cuando Chubut peleaba, con informes del INIDEP en la mano, por cerrar la pesquería en aguas de jurisdicción nacional ya que se estaba evidenciando una actividad que perjudicaba al caladero en el largo plazo”.#
El ministro coordinador, Sergio Mammarelli, presidió en Casa de Gobierno una reunión con sectores de la pesca para discutir el intento manifiesto de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina de soslayar la autonomía pesquera provincial. Hubo referentes de los sindicatos SUPA, SOMU, STIA y SAONSINRA, empresarios, dueños de plantas de procesamiento, permisionarios y representantes de los trabajadores del sector. En el encuentro se sentó una postura unánime frente al tema instalado en el Consejo Federal Pesquero.
El acuerdo de partes se plasmó en un documento unánime. “Dejar en manos del CFP la decisión de apertura y cierre del caladero de langostino y otras especies, así como el establecimiento de medidas de conservación, pesca y control, tal y como pretende la CAIPA, implica un grave riesgo para la actividad pesquera provincial en su conjunto”.
Se comprometieron a acompañar “todas las gestiones” de Provincia “en defensa de nuestro derecho establecido en la Ley Federal de Pesca, vinculado a la posibilidad de explorar, explotar, conservar y administrar los recursos vivos que pueblan las aguas interiores y el mar territorial argentino adyacente a sus costas, hasta las doce millas marinas”.
Dejaron constancia de la “voluntad y compromiso para apoyar todas las gestiones y medidas de administración que lleven adelante las autoridades provinciales, en defensa de los legítimos intereses provinciales”.
La semana pasada, la CAIPA presentó ante el CFP una nota que recurriendo a leyes, artículos y casos testigo, se solicita que “todo lo relativo a la pesca de la especie langostino, y otras especies, tanto sea en relación a la apertura y cierre del caladero para estas especies y el establecimiento de medidas de conservación, pesca y control, sea resuelto por el organismo nacional” y no por cada provincia como hasta ahora.
El pedido entra en conflicto con el Artículo 3º del Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922), que establece: “Son del dominio de las provincias con litoral marítimo y ejercerán esta jurisdicción para los fines de su exploración, explotación, conservación y administración, a través del marco federal que se establece en la presente ley, los recursos vivos que poblaren las aguas interiores y mar territorial argentino adyacente a sus costas, hasta las doce (12) millas marinas”.
Según la Cámara que nuclea a la industria pesquera nacional, se destacan constantes referencias a la conservación de la especie, pero sin embargo, las políticas pesqueras provinciales definieron el principio que rige para el análisis de las medidas respecto a la explotación de los recursos naturales, manifestando constantemente que los recursos del mar deben mantener una rigurosa sustentabilidad.
El secretario de Pesca, Adrián Awstin, destacó que “la defensa de los recursos se hace en todo momento, independientemente de qué estén pescando los grandes buques de Mar del Plata o los amarillos de Chubut”.
“Peleamos constantemente para que la actividad pesquera en su conjunto sea sustentable y por sobre todas las cosas, sostenible en el tiempo. Sobran hechos para demostrarlo, como la veda permanente establecida para la protección de juveniles en Robredo y Pan de Azúcar o la actual veda que se impuso en el Golfo San Jorge con vigencia hasta el 31 de diciembre del corriente año, todas medidas mediante las cuales aseguramos la reproducción y el crecimiento en sus edades juveniles, de la especie langostino, para que sean aprovechados por las flotas nacional y provincial”, continuó.
Dijo que la solicitud de la CAIPA es “una manipulación evidente de la legislación vigente para provecho de los sectores que concentran el poder de lobby desde hace muchísimos años”.
La nota de la Cámara al Consejo pide que ese organismo nacional decida la fecha de apertura de la temporada de pesca en aguas de jurisdicción provincial. Para Chubut es un claro intento de coartar los derechos provinciales, contemplados en la Ley Federal de Pesca.
La nota la presentó el presidente de la CAIPA, Fernando Rivera, para que la apertura y cierre del caladero provincial lo establezca el CFP. Para Awstin“es un claro intento de soslayar la autonomía pesquera provincial, una autonomía que está contemplada en la Ley Federal de Pesca y que por tanto es un derecho que no puede ser vulnerado”.
“Se hace una citación continua de articulados, decretos y casos testigo, que están no solo descontextualizados, sino además, recortados de manera tal que puedan servir para sustentar la postura, de por más desdeñable”, advirtió.
“Se habla de una necesidad de protección y conservación del recurso langostino, pero en ningún momento se adjunta o cita un fundamento científico que avale esos dichos”, agregó al tiempo que aseguró: “además esa postura proteccionista y conservacionista no apareció cuando Chubut peleaba, con informes del INIDEP en la mano, por cerrar la pesquería en aguas de jurisdicción nacional ya que se estaba evidenciando una actividad que perjudicaba al caladero en el largo plazo”.#