González Meneses, el fiscal de Sarmiento, en la mira del Consejo de la Magistratura

Por Rolando Tobarez  /  @rtobarez

Por unanimidad, el Consejo de la Magistratura envió al Tribunal de Enjuiciamiento el caso del fiscal de Sarmiento, Herminio González Meneses. Su trabajo para el lapso diciembre 2012 a diciembre 2015 fue declarado “insatisfactorio”. Ya había recibido sanciones administrativas internas y la comisión que lo evaluó consideró que su papel puede ser causal para un jury. Ahora será acusado por el procurador general Jorge Miquelarena.

Según las conclusiones del sumario, la fiscal jefe de Sarmiento, Andrea Vázquez, “enumeró las quejas planteadas por distintos judiciables a la labor del funcionario evaluado como las sanciones disciplinarias que le fueron aplicadas”. Tanto los reclamos como las sanciones “presentaron como rasgo común la imposibilidad de Meneses de dar una respuesta jurídica adecuada a las diversas contingencias procesales que debió afrontar”.

Aunque destacó su “esmero” personal en intentar ayudar al fiscal “para que lograra mejorar sustancialmente sus respuestas a los casos en los que debía intervenir”, Vázquez “no apreciaba una evolución al respecto”.

De las mismas “falencias vinculadas a la formación académica” habló Karina Aizpitarte, del Colegio de Abogados. Sin embargo también resaltó la “pesada carga de trabajo” que debió afrontar Meneses: la mitad de los casos que ingresaban. Estas estadísticas las incluyó en su defensa el propio fiscal, quien se quejó de que “careció del apoyo de la Jefatura”, en referencia a Vázquez.

Los consejeros Claudio Mosqueira, Carlos del Mármol, Oscar Massari y Martín Montenovo incluyeron la decisión del procurador general. Miquelarena dio intervención al Tribunal de Disciplina luego de que Meneses fuera cuestionado por un debate ocurrido el 30 de setiembre de 2015. Se trató de un juicio oral “al que Meneses arribó prácticamente sin prueba de cargo y considero erróneamente que podía ser incorporada en la etapa de impugnación de la sentencia; ante las múltiples oportunidades que el magistrado del acto le otorgó para que desista de la acusación, no lo hizo, recurriendo la absolución dictada”.

En este episodio, el Tribunal “luego de reseñar otras sanciones a Meneses como apercibimiento y multa, también en sucesos en los que no había dado una respuesta funcional adecuada, declaró su incompetencia para resolver”. Por eso tras este juicio y ante una nueva falta de Meneses, el Tribunal consideró que “ya no correspondía nuevamente utilizar la vía disciplinaria interna sino el procedimiento de destitución”.

En las entrevistas personales que se hacen en cada evaluación, Vázquez reafirmó que aunque el fiscal tenía buena integración con el grupo de trabajo y era predispuesto a acudir a diligencias fuera de su despacho, como inspecciones oculares o registros domiciliarios, “no posee una formación jurídica suficiente para el cargo, lo cual quedó en evidencia en varias oportunidades, extremo que le impidió dar instrucciones a los funcionarios que lo han asistido”.

También opinaron los jueces Daniel Pérez, Roberto Casal y Víctor Muñoz. “Postularon que inicialmente el desempeño funcional de Meneses denotó una formación jurídica demasiado elemental para el cargo que ocupa”, dice el informe. En los debates “esto se apreciaba con mayor nitidez, cuando debe responder a planteos de la defensa que requieren cierto nivel de repentización y precisamente, formación jurídica”. En opinión de los magistrados, “careció de apoyo, una guía por parte de la Jefatura”.

El propio Meneses resaltó su buena relación con el equipo, excepto con Vázquez. “A su entender cuando ingresó no le brindó apoyo en el sentido de cierta contención, consejo, guía”. Según el fiscal, su jefa sólo se limitó a indicarle los casos en los que debía intervenir. Ella contesto que si Meneses había designado como fiscal “poseía las herramientas suficientes para cumplir con dicho rol”.

Al analizar todo el caso, la comisión consideró que Meneses tiene “una tensa relación con la fiscal jefe Vázquez, que ésta no le prestó la debida colaboración, guía, asesoramiento cuando asumió el cargo ni después, limitándose sólo a asignarle cargas de trabajo”. Pero esta defensa del fiscal “pareció pretender justificar que su prestación laboral no fue óptima”.

Vázquez, por el contrario, además de repasar los trámites “en los que surge palmaria la ausencia de un criterio jurídico adecuado del evaluado”, sostuvo que si el Consejo designa magistrados y funcionarios es porque ya están en condiciones de ocupar los cargos y “no requieren de guía o apoyatura técnica”.

Para los consejeros, tanto de las actuaciones impulsadas por Vázquez como de los antecedentes que derivaron en las sanciones a González Meneses, “se desprende que en una buena cantidad de trámites el evaluado no estuvo a la altura técnico jurídica que requería el caso, lo cual debía alcanzar por sí mismo hasta cierto nivel, sin perjuicio de la presencia o ausencia de colaboración de sus pares o superiores”.

Esto fue “refrendado” por los jueces de Sarmiento “especialmente en cuanto a cierta carencia de herramientas argumentativas en las audiencias”.

“Es claro que si un fiscal en una buena cantidad de actos propios de su incumbencia demuestra no poseer las herramientas jurídicas básicas para su labor, no manejar con firmeza los principios rectores de la ordenanza procesal y adoptar ciertos criterios equívocos, posiblemente derivados de todo ello, la cuestión pasa a ingresar en la órbita del mal desempeño, al menos potencialmente”. #