Presunto terrorista resulta inocente y reclama indemnización millonaria
Farid Halali, alias Shakur, un marroquí presuntamente vinculado con el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, detenido en el Reino Unido en 2003 y deportado a España en 2008, acaba de se declarado inocente y le reclama al Estado español una indemnización de 1,8 millones de euros por los 1.711 días que pasó en la cárcel.
Tras el del 11-S Shakur fue uno de los hombres que más atención despertó en los servicios de información de todo el mundo, en especial de la CIA y el FBI, cuando se descubrió que semanas antes del atentado, donde murieron 3.000 personas, había telefoneado al salafista sirio-español Imad Eddin Barakat, Abu Dahdah, con un críptico mensaje.
Shakur le comunicó a su interlocutor sirio-español que “habían entrado en el campo de la aviación” y que “habían degollado el pájaro”, a partir de lo cual policías y fiscales españoles interpretaron que esta persona había tenido alguna relación o conocimiento de los ataques.
Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acaba de reconocer que ha habido un funcionamiento anormal de la Administración de la Justicia en este caso y da la razón al marroquí.
El Ministerio de Justicia deberá ahora acordar la cantidad con la que se indemniza a Farid Hilali en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, según informa el diario español El País.
Barakat, el receptor de la llamada, era un pez muy gordo para los servicios de inteligencia españoles.
Por orden del entonces juez Baltasar Garzón su teléfono llevaba meses intervenido y, tras el atentado en Nueva York se descubrió que sus datos personales estaban anotados en la agenda de uno de los miembros del comando yihadista que vivía en Hamburgo (Alemania) con el líder del comando terrorista suicida, el egipcio Mohamed Atta.
Durante años fue un misterio saber quién estaba detrás del alias Skakur, el hombre que supuestamente había anunciado por teléfono el atentado. Años más tarde se lo identificó como Farid Halali, un marroquí detenido en Reino Unido en 2003 por inmigración ilegal.
Garzón dictó en 2004 una orden de detención y pidió su extradición a España por estos hechos.
Halali permaneció preso en Londres durante 1.320 días hasta que fue extraditado a España e ingresó en la prisión de Soto del Real en febrero de 2008.
El Juzgado Central de Instrucción número cinco decretó prisión provisional incondicional sin fianza porque, alegó, “los hechos pueden ser constitutivos de múltiples delitos de conspiración para asesinatos terroristas a través de la organización terrorista Al Qaeda”.
Halali fue puesto en libertad bajo fianza 391 días después con la obligación de comparecer cada día ante la Audiencia Nacional. Nada más salir en libertad fue detenido y se le inició un proceso de expulsión.
El sumario concluyó en mayo de 2012 y en octubre de ese mismo año la Sección Tercera de la Audiencia Nacional estimó su recurso y dictó auto de sobreseimiento libre que no fue recurrido por la Fiscalía.
Los jueces estimaron que no había pruebas de que Halali tuviera conocimiento de los atentados del 11-S. Es decir, que el delito por el que había estado preso tanto tiempo nunca se produjo. No existió.
La defensa de Halali reclama ahora al Estado, a través del Consejo General del Poder Judicial, 1,8 millones de euros por la prisión indebida y los padecimientos de la causa. El caso judicial duró ocho años y medio, de los cuales cuatro años, ocho meses y 10 días estuvo privado de libertad, argumenta.
Durante tres años y ocho meses tuvo que comparecer ante el Juzgado, se le prohibió salir del país y no pudo obtener permiso de residencia y trabajo. Esto le impidió conseguir una ocupación laboral o subsidios.
“Esta situación no solo le confinó en un limbo legal, sino que le acarreó tanto a él como a su esposa, una angustia justificada ante la posibilidad de ser deportado a Marruecos, donde más tarde sería internado en prisión y sometido a torturas por el simple hecho de haber sido imputado como terrorista”, señala el escrito de reclamación dirigido al Ministerio de Justicia y al CGPJ.
Imad Eddin Barakat, considerado como uno de los fundadores de Al Qaeda en España, fue condenado a 12 años de prisión por pertenencia a organización terrorista, pero el Tribunal Supremo anuló la condena por conspiración para cometer el 11-S.
Sobre la frase de “que habían degollado al pájaro” el alto tribunal sentenció que “solamente por vía de deducción no puede obtenerse la conclusión alcanzada por los jueces”. Barakat cumplió su condena íntegra.
Tras el del 11-S Shakur fue uno de los hombres que más atención despertó en los servicios de información de todo el mundo, en especial de la CIA y el FBI, cuando se descubrió que semanas antes del atentado, donde murieron 3.000 personas, había telefoneado al salafista sirio-español Imad Eddin Barakat, Abu Dahdah, con un críptico mensaje.
Shakur le comunicó a su interlocutor sirio-español que “habían entrado en el campo de la aviación” y que “habían degollado el pájaro”, a partir de lo cual policías y fiscales españoles interpretaron que esta persona había tenido alguna relación o conocimiento de los ataques.
Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acaba de reconocer que ha habido un funcionamiento anormal de la Administración de la Justicia en este caso y da la razón al marroquí.
El Ministerio de Justicia deberá ahora acordar la cantidad con la que se indemniza a Farid Hilali en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, según informa el diario español El País.
Barakat, el receptor de la llamada, era un pez muy gordo para los servicios de inteligencia españoles.
Por orden del entonces juez Baltasar Garzón su teléfono llevaba meses intervenido y, tras el atentado en Nueva York se descubrió que sus datos personales estaban anotados en la agenda de uno de los miembros del comando yihadista que vivía en Hamburgo (Alemania) con el líder del comando terrorista suicida, el egipcio Mohamed Atta.
Durante años fue un misterio saber quién estaba detrás del alias Skakur, el hombre que supuestamente había anunciado por teléfono el atentado. Años más tarde se lo identificó como Farid Halali, un marroquí detenido en Reino Unido en 2003 por inmigración ilegal.
Garzón dictó en 2004 una orden de detención y pidió su extradición a España por estos hechos.
Halali permaneció preso en Londres durante 1.320 días hasta que fue extraditado a España e ingresó en la prisión de Soto del Real en febrero de 2008.
El Juzgado Central de Instrucción número cinco decretó prisión provisional incondicional sin fianza porque, alegó, “los hechos pueden ser constitutivos de múltiples delitos de conspiración para asesinatos terroristas a través de la organización terrorista Al Qaeda”.
Halali fue puesto en libertad bajo fianza 391 días después con la obligación de comparecer cada día ante la Audiencia Nacional. Nada más salir en libertad fue detenido y se le inició un proceso de expulsión.
El sumario concluyó en mayo de 2012 y en octubre de ese mismo año la Sección Tercera de la Audiencia Nacional estimó su recurso y dictó auto de sobreseimiento libre que no fue recurrido por la Fiscalía.
Los jueces estimaron que no había pruebas de que Halali tuviera conocimiento de los atentados del 11-S. Es decir, que el delito por el que había estado preso tanto tiempo nunca se produjo. No existió.
La defensa de Halali reclama ahora al Estado, a través del Consejo General del Poder Judicial, 1,8 millones de euros por la prisión indebida y los padecimientos de la causa. El caso judicial duró ocho años y medio, de los cuales cuatro años, ocho meses y 10 días estuvo privado de libertad, argumenta.
Durante tres años y ocho meses tuvo que comparecer ante el Juzgado, se le prohibió salir del país y no pudo obtener permiso de residencia y trabajo. Esto le impidió conseguir una ocupación laboral o subsidios.
“Esta situación no solo le confinó en un limbo legal, sino que le acarreó tanto a él como a su esposa, una angustia justificada ante la posibilidad de ser deportado a Marruecos, donde más tarde sería internado en prisión y sometido a torturas por el simple hecho de haber sido imputado como terrorista”, señala el escrito de reclamación dirigido al Ministerio de Justicia y al CGPJ.
Imad Eddin Barakat, considerado como uno de los fundadores de Al Qaeda en España, fue condenado a 12 años de prisión por pertenencia a organización terrorista, pero el Tribunal Supremo anuló la condena por conspiración para cometer el 11-S.
Sobre la frase de “que habían degollado al pájaro” el alto tribunal sentenció que “solamente por vía de deducción no puede obtenerse la conclusión alcanzada por los jueces”. Barakat cumplió su condena íntegra.