Todo a comisión: frenaron el Pacto Fiscal y el Presupuesto
No se trataron los proyectos y el bloque dasnevista estuvo de acuerdo. Aprobaron un proyecto de Emergencia del FpV.
En una sesión extraordinaria de casi dos horas, los diputados provinciales aprobaron una Ley de Emergencia Económica surgida en el propio seno de la Legislatura y no la enviada por el Poder Ejecutivo; la Emergencia de los Servicios Públicos; la de los anestesistas y la modificación del sistema tributario de las comunas rurales.
Sin embargo, pasaron a comisión dos proyectos clave para el Gobierno provincial: la adhesión al Pacto Fiscal firmada por el gobernador Mariano Arcioni con el presidente Mauricio Macri, y el Presupuesto 2018. Además se rechazó la insistencia para modificar el veto dispuesto por el Ejecutivo a la utilización por parte de los municipios de parte de los fondos del bono de endeudamiento para gastos corrientes.
El dato que no se puede soslayar es que el bloque de Chubut Somos Todos, que representa los intereses del oficialismo en la Legislatura, se mostró sorpresivamente pasivo e, inclusive, fue quien propuso que el tratamiento del Pacto Fiscal pasara a comisión.
El Orden del Día contenía trece puntos. El primero era el Proyecto de Ley General Nº156/17, por el cual se aprobaba el Convenio Fiscal firmado por Arcioni, Macri y otros 22 gobernadores.
Este punto era uno de los más conflictivos y por el cual muchos gremios estaban presentes, ya que se oponen. Fue el presidente del bloque oficialista, Jerónimo García, quien ante la falta de acompañamiento adelantado por sus pares de los otros bloques, solicitó apenas comenzó la sesión que se pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Las tribunas aplaudieron y vivaron el resultado de la votación.
El punto dos también refería a otro expediente crítico que finalmente y, luego de las modificaciones planteadas por el bloque del Frente para la Victoria, se aprobó por unanimidad: la Ley de Emergencia Económica Financiera y Administrativa del Estado Provincial.
El diputado Blas Mesa Evans lo defendió al expresar que no se podía declarar la emergencia económica en los términos que proponía el Ejecutivo pero sí reconociendo que es necesaria una ley de emergencia.
“El FPV propuso que se introduzcan cláusulas sobre la emergencia para que no pueda afectar a las plantas de los trabajadores de la Administración Pública. Estuvimos todos de acuerdo y por eso en el artículo primero queda claro que las negociaciones colectivas no están afectadas por la Emergencia. La declaración no autoriza en modo alguno la modificación de los salarios de los empleados públicos. Hubo consenso al introducir el congelamiento de la planta para que no se produzcan ingresos ni egresos y se deroga el decreto Nº 1.338”.
El texto aprobado por unanimidad expresa en sus artículos: el plazo del estado de emergencia es por doce meses a partir de la sanción (el original del Ejecutivo era por dos años); quedan comprendidos en los alcances de la ley los Poderes Legislativo y Judicial; queda exceptuado el Banco del Chubut S.A; las vacantes que se produzcan no podrán ser cubiertas salvo imperiosa necesidad, y se suspenden las ejecuciones de sentencias, acuerdos conciliatorios y laudos arbitrales que condenen al Estado Provincial al pago de sumas de dinero.
Cuando se comenzó a tratar el expediente de la Emergencia de los Servicios Públicos Esenciales de Energía Eléctrica y Agua Potable, se sumó al recinto la diputada del bloque unipersonal María Cecilia Torres Otárola.
Tomó la palabra el diputado José Grazzini (FpV), quien cuestionó al Gobierno por su posición ante las cooperativas del interior. En este caso, la emergencia fue declarada por doce meses y aprobada por la totalidad de los diputados presentes.
La diputada Viviana Navarro (FpV) expresó que en Comodoro Rivadavia hace ocho días que no hay agua: “Esto no puede ser, el gobernador se debe enterar. Es falta de inversión, no nos prestan atención y la deuda que tiene la Provincia con la Cooperativa por el mantenimiento del acueducto es de más de 120 millones de pesos. Vinieron los concejales a pedirnos ayuda”, dijo la diputada.
El diputado -también comodorense- Javier Touriñan (FpV) pidió que con la prórroga de esta ley de emergencia de servicios públicos “se pongan en funcionamiento los mecanismos previstos en la ley y se solucionen los problemas estructurales. Por iniciativa de los concejales de Comodoro se juntaron mil firmas de vecinos que piden una solución al problema del agua”.
Fue el último punto del Orden del Día el que generó un verdadero debate en el recinto ya que el FPV cambió su posición respecto a la sostenida los meses anteriores. Por lo tanto, no se aprobó la autorización para que los municipios puedan usar parte de los fondos del bono para gastos corrientes. La discusión refería al rechazo del veto dispuesto por el Poder Ejecutivo al uso de parte del bono de endeudamiento por 650 millones de dólares, en las municipalidades para gastos como el pago de sueldos.
El diputado Grazzini adelantó que el bloque no acompaña la iniciativa. “Queremos analizar dónde y cómo se fue gastando este fondo. No tenemos conocimiento fehaciente salvo una simple planilla donde figuran algunos municipios”, dijo.
Quien retrucó esta postura fue el diputado Alfredo Di Filippo (Convergencia), ante el planteo del FPV, ya que había sido el impulsor del proyecto original que permitía a los municipios usar parte de los fondos en gastos corrientes y no todo en obra pública. “Me sorprende el planteo de Grazzini porque este es el fondo que tanto pelearon los intendentes como el mismo FPV. Creíamos que era una manera simple de dar solución a los municipios y ayudarlos. Hay intendentes que ya usaron los fondos para pagar los sueldos sin tener la autorización de la ley”.
Hubo votación pero el proyecto contó con el acompañamiento de diez diputados. Se requerían dieciséis votos para su aprobación (dos tercios de los presentes). Los diputados que acompañaron la postura de Di Filippo fueron Sergio Brúscoli (Convergencia), Florencia Papaiani, Javier Cunha y Leandro Espinosa (Frente de Agrupaciones Peronistas), María Cecilia Torres Otárola (Juntos por Chubut) y los oficialistas Roddy Ingram, Alejandro Albaini, Zulema Andén y Cristina De Luca. Cuando finalizó la sesión, cerca de las 18, quedaban en el recinto 22 diputados.#
En una sesión extraordinaria de casi dos horas, los diputados provinciales aprobaron una Ley de Emergencia Económica surgida en el propio seno de la Legislatura y no la enviada por el Poder Ejecutivo; la Emergencia de los Servicios Públicos; la de los anestesistas y la modificación del sistema tributario de las comunas rurales.
Sin embargo, pasaron a comisión dos proyectos clave para el Gobierno provincial: la adhesión al Pacto Fiscal firmada por el gobernador Mariano Arcioni con el presidente Mauricio Macri, y el Presupuesto 2018. Además se rechazó la insistencia para modificar el veto dispuesto por el Ejecutivo a la utilización por parte de los municipios de parte de los fondos del bono de endeudamiento para gastos corrientes.
El dato que no se puede soslayar es que el bloque de Chubut Somos Todos, que representa los intereses del oficialismo en la Legislatura, se mostró sorpresivamente pasivo e, inclusive, fue quien propuso que el tratamiento del Pacto Fiscal pasara a comisión.
El Orden del Día contenía trece puntos. El primero era el Proyecto de Ley General Nº156/17, por el cual se aprobaba el Convenio Fiscal firmado por Arcioni, Macri y otros 22 gobernadores.
Este punto era uno de los más conflictivos y por el cual muchos gremios estaban presentes, ya que se oponen. Fue el presidente del bloque oficialista, Jerónimo García, quien ante la falta de acompañamiento adelantado por sus pares de los otros bloques, solicitó apenas comenzó la sesión que se pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Las tribunas aplaudieron y vivaron el resultado de la votación.
El punto dos también refería a otro expediente crítico que finalmente y, luego de las modificaciones planteadas por el bloque del Frente para la Victoria, se aprobó por unanimidad: la Ley de Emergencia Económica Financiera y Administrativa del Estado Provincial.
El diputado Blas Mesa Evans lo defendió al expresar que no se podía declarar la emergencia económica en los términos que proponía el Ejecutivo pero sí reconociendo que es necesaria una ley de emergencia.
“El FPV propuso que se introduzcan cláusulas sobre la emergencia para que no pueda afectar a las plantas de los trabajadores de la Administración Pública. Estuvimos todos de acuerdo y por eso en el artículo primero queda claro que las negociaciones colectivas no están afectadas por la Emergencia. La declaración no autoriza en modo alguno la modificación de los salarios de los empleados públicos. Hubo consenso al introducir el congelamiento de la planta para que no se produzcan ingresos ni egresos y se deroga el decreto Nº 1.338”.
El texto aprobado por unanimidad expresa en sus artículos: el plazo del estado de emergencia es por doce meses a partir de la sanción (el original del Ejecutivo era por dos años); quedan comprendidos en los alcances de la ley los Poderes Legislativo y Judicial; queda exceptuado el Banco del Chubut S.A; las vacantes que se produzcan no podrán ser cubiertas salvo imperiosa necesidad, y se suspenden las ejecuciones de sentencias, acuerdos conciliatorios y laudos arbitrales que condenen al Estado Provincial al pago de sumas de dinero.
Cuando se comenzó a tratar el expediente de la Emergencia de los Servicios Públicos Esenciales de Energía Eléctrica y Agua Potable, se sumó al recinto la diputada del bloque unipersonal María Cecilia Torres Otárola.
Tomó la palabra el diputado José Grazzini (FpV), quien cuestionó al Gobierno por su posición ante las cooperativas del interior. En este caso, la emergencia fue declarada por doce meses y aprobada por la totalidad de los diputados presentes.
La diputada Viviana Navarro (FpV) expresó que en Comodoro Rivadavia hace ocho días que no hay agua: “Esto no puede ser, el gobernador se debe enterar. Es falta de inversión, no nos prestan atención y la deuda que tiene la Provincia con la Cooperativa por el mantenimiento del acueducto es de más de 120 millones de pesos. Vinieron los concejales a pedirnos ayuda”, dijo la diputada.
El diputado -también comodorense- Javier Touriñan (FpV) pidió que con la prórroga de esta ley de emergencia de servicios públicos “se pongan en funcionamiento los mecanismos previstos en la ley y se solucionen los problemas estructurales. Por iniciativa de los concejales de Comodoro se juntaron mil firmas de vecinos que piden una solución al problema del agua”.
Fue el último punto del Orden del Día el que generó un verdadero debate en el recinto ya que el FPV cambió su posición respecto a la sostenida los meses anteriores. Por lo tanto, no se aprobó la autorización para que los municipios puedan usar parte de los fondos del bono para gastos corrientes. La discusión refería al rechazo del veto dispuesto por el Poder Ejecutivo al uso de parte del bono de endeudamiento por 650 millones de dólares, en las municipalidades para gastos como el pago de sueldos.
El diputado Grazzini adelantó que el bloque no acompaña la iniciativa. “Queremos analizar dónde y cómo se fue gastando este fondo. No tenemos conocimiento fehaciente salvo una simple planilla donde figuran algunos municipios”, dijo.
Quien retrucó esta postura fue el diputado Alfredo Di Filippo (Convergencia), ante el planteo del FPV, ya que había sido el impulsor del proyecto original que permitía a los municipios usar parte de los fondos en gastos corrientes y no todo en obra pública. “Me sorprende el planteo de Grazzini porque este es el fondo que tanto pelearon los intendentes como el mismo FPV. Creíamos que era una manera simple de dar solución a los municipios y ayudarlos. Hay intendentes que ya usaron los fondos para pagar los sueldos sin tener la autorización de la ley”.
Hubo votación pero el proyecto contó con el acompañamiento de diez diputados. Se requerían dieciséis votos para su aprobación (dos tercios de los presentes). Los diputados que acompañaron la postura de Di Filippo fueron Sergio Brúscoli (Convergencia), Florencia Papaiani, Javier Cunha y Leandro Espinosa (Frente de Agrupaciones Peronistas), María Cecilia Torres Otárola (Juntos por Chubut) y los oficialistas Roddy Ingram, Alejandro Albaini, Zulema Andén y Cristina De Luca. Cuando finalizó la sesión, cerca de las 18, quedaban en el recinto 22 diputados.#