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Detienen por corrupción al ex presidente de Guatemala y a diez de sus ministros


Álvaro Colom fue detenido y puesto en prisión preventiva junto a otros funcionarios de su gestión acusado de haber liderado una trama de corrupción para apoderarse 35 millones de dólares de fondos públicos que supuestamente iban a destinarse al desarrollo de un nuevo modelo de transporte público.
13/02/2018 19:15

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"Intervino de manera personal e institucional para facilitar el procedimiento fraudulento de la creación del acuerdo", dijo el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, en una conferencia de prensa sobre el llamado caso de Transurbano, en la que estuvo acompañado de la fiscal general, Thelma Aldana.

La investigación del fraude permitió de momento la captura de Colom y 10 de sus ex ministros, todos ellos detenidos hoy, mientras que otras personas están prófugas.

El ex mandatario y otros siete ex miembros de su gobierno fueron enviados a la cárcel capitalina Mariscal Zavala de manera preventiva, entre ellos el ex ministro de Finanzas y actual presidente de la ONG británica Oxfam, Juan Alberto Fuentes Knight.

Mientras que los ex titulares de Defensa y Ambiente, Abraham Valenzuela y Luis Ferrate, respectivamente, quedaron detenidos en centros de salud, según consignó la agencia de noticias EFE.

Otro ex funcionario, el ex ministro de Energía y Minas Alfredo Américo Pókus Yaquián, fue detenido horas más tarde por la policía, informó el diario local El Periódico.

Todos ellos están acusados de haber cometido los delitos de fraude y peculado (malversación) en la trama del llamado Transurbano.

Las detenciones se produjeron en el marco de una serie de 14 allanamientos impulsados por el Ministerio Público y la Cicig.

En la conferencia de prensa, Velázquez explicó que el gobierno entregó 35 millones de dólares a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) para la puesta en funcionamiento de este nuevo servicio.

Sin embargo, de ese total, 1,3 millones de dólares regresaron al sistema bancario guatemalteco enviados por una empresa que los entregó a "manos privadas", 13,9 se usaron para comprar maquinaria que está almacenada en una bodega "sin utilizar" y 6 millones de dólares para pagar gastos "no compatibles con el proyecto de inversión".

"El resto del dinero se gastó sin acreditar el destino, por lo que a la fecha está sujeto a investigación", explicó el abogado colombiano, quien detalló que parte de los 1,3 millones que regresaron a Guatemala fueron enviados al entonces secretario de la Presidencia Gustavo Alejos, ahora en prisión preventiva por varios casos.

"En el caso de la actual investigación, se pudo establecer que el artificio para engañar a la administración pública consistió en evitar la injerencia de actores y procedimientos que pudieran entorpecer u obstaculizar el propósito criminal: lograr la aprobación del acuerdo y la erogación de los recursos", resumió Aldana.

La Fiscalía anunció, asimismo, que solicitará un desafuero en contra del diputado del Parlamento Centroamericano Roger Haroldo Rodas Melgar por haber firmado junto al Gabinete en pleno el acuerdo gubernativo que dio vida al sistema de transporte Transurbano.

Colom era esperado esta semana en Honduras como representante especial de la OEA para encabezar la mesa de trabajo entre el Gobierno de Juan Orlando Hernández y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Además del ex gobernante y de Fuentes Knight, fueron puestos en prisión preventiva los ex ministros Salvador Gándara Gaitán (Gobernación), Ana Francisca del Rosario Ordóñez (Educación), Edgar Alfredo Rodríguez (Trabajo), Óscar Velásquez (Economía), Celso David Cerezo Mulet (Salud ) y Gerónimo Lancerio Chingo (Cultura).

El Transurbano es un sistema de transporte público de la Ciudad de Guatemala operado por el Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses (SIGA) e impulsado por el gobierno durante la administración de Colom

(2008-2012) y la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, y se paga con una tarjeta.

El caso se inició con una denuncia de la Contraloría General de Cuentas en 2015, que descubrió irregularidades en la adquisición del sistema prepago, porque se gastaron 33 millones de dólares de las arcas del Estado (autorizados por el Acuerdo Gubernativo 103-2009) para comprar equipos que no fueron usados.


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