La Corte Suprema de Chile denuncia condiciones infrahumanas en las cárceles
Los presos alojados en 53 centros penitenciarios chilenos sufren excesivos períodos de encierro, irregulares horarios de alimentación, hacinamiento y uso demasiado frecuente de celdas de aislamiento, según las conclusiones de un informe de la Corte Suprema publicado hoy.
De las 53 cárceles estudiadas, 25 presentan problemas graves de sobrepoblación, como el Centro de Detención Preventiva de Santiago Sur, que pese a tener capacidad para 2.384 internos, en el momento de la elaboración del documento tenía 4.486, lo que supone un exceso del 88%.
Este dato contrasta con los presentados por Gendarmería, encargada de las cárceles en Chile, que asegura que la sobrepoblación “no supera el 1% de la capacidad de los establecimientos”, pero la diferencia surge a partir de que este relevamiento promedia datos obtenidos en cárceles que alojan pocos reclusos.
Este problema de sobrepoblación da lugar a situaciones frecuentes de hacinamiento, ya que los presidiarios pasan la mayoría de su tiempo encerrados en calabozos colectivos cuya capacidad se ve superada.
En este sentido, la Corte Suprema señala que 34 de los centros mantienen a los presos encerrados en celdas, individuales o colectivas, durante 15 horas al día, y solamente en 7 penales se les mantiene en encierro menos de 14 horas diarias.
Esta práctica vulnera la norma que asegura ocho horas diarias de descanso para los internos, y el informe concluye que estos horarios son “incompatibles y disfuncionales a los objetivos de reinserción social”.
La Corte Suprema también detectó casos de alimentación deficiente de los reclusos, ya que en 16 de los centros examinados no reciben comida durante períodos de 16 horas.
También quedó establecido en el informe que, de los 53 recintos, solamente dos cuentan con agua caliente.
El documento también alerta sobre la excesiva permanencia de reclusos en celdas de aislamiento, algunas veces sin luz eléctrica y en condiciones antihigiénicas, por períodos superiores a 60 días, pese a que por norma no se deberían superar los 15.
La Corte Suprema denunció que estas condiciones deficientes y violaciones de los derechos de los presos se han mantenido durante 15 años, ya que el primer informe de estas características se publicó en 2003.
De las 53 cárceles estudiadas, 25 presentan problemas graves de sobrepoblación, como el Centro de Detención Preventiva de Santiago Sur, que pese a tener capacidad para 2.384 internos, en el momento de la elaboración del documento tenía 4.486, lo que supone un exceso del 88%.
Este dato contrasta con los presentados por Gendarmería, encargada de las cárceles en Chile, que asegura que la sobrepoblación “no supera el 1% de la capacidad de los establecimientos”, pero la diferencia surge a partir de que este relevamiento promedia datos obtenidos en cárceles que alojan pocos reclusos.
Este problema de sobrepoblación da lugar a situaciones frecuentes de hacinamiento, ya que los presidiarios pasan la mayoría de su tiempo encerrados en calabozos colectivos cuya capacidad se ve superada.
En este sentido, la Corte Suprema señala que 34 de los centros mantienen a los presos encerrados en celdas, individuales o colectivas, durante 15 horas al día, y solamente en 7 penales se les mantiene en encierro menos de 14 horas diarias.
Esta práctica vulnera la norma que asegura ocho horas diarias de descanso para los internos, y el informe concluye que estos horarios son “incompatibles y disfuncionales a los objetivos de reinserción social”.
La Corte Suprema también detectó casos de alimentación deficiente de los reclusos, ya que en 16 de los centros examinados no reciben comida durante períodos de 16 horas.
También quedó establecido en el informe que, de los 53 recintos, solamente dos cuentan con agua caliente.
El documento también alerta sobre la excesiva permanencia de reclusos en celdas de aislamiento, algunas veces sin luz eléctrica y en condiciones antihigiénicas, por períodos superiores a 60 días, pese a que por norma no se deberían superar los 15.
La Corte Suprema denunció que estas condiciones deficientes y violaciones de los derechos de los presos se han mantenido durante 15 años, ya que el primer informe de estas características se publicó en 2003.