Pacto Fiscal: cómo afectará a los municipios la pérdida del impuesto por Ingresos Brutos
Los intendentes exigen su aprobación pero los especialistas advierten riesgos. Nadie sabe cómo se compensará la plata que se pierde.
La adhesión al Consenso Fiscal firmado el año pasado entre la Nación y 23 provincias –entre ellas Chubut- que sigue durmiendo en la Legislatura ha tenido diversas interpretaciones y todavía no se han puesto de acuerdo todas las fuerzas políticas para aprobarlo. De hecho, Chubut es una de las dos firmantes (la otra es La Pampa) que todavía no le ha entregado al Gobierno nacional la adhesión parlamentaria que desde la Casa Rosada consideran fundamental para seguir asistiendo económica y financieramente al Gobierno de Mariano Arcioni.
Más allá de los contrapuntos políticos, este diario logró armar una evaluación técnica de los pros y los contras del Pacto Fiscal. En este sentido, y a la luz de la opinión de los especialistas en temas tributarios, resulta por lo menos curioso que desde hace varias semanas sean los intendentes los que se han puesto al frente del reclamo a los legisladores para que se apruebe ese pacto. Es que una de las conclusiones del análisis del Consenso Fiscal firmado el año pasado, es el perjuicio que sufrirían los municipios de Chubut por la modificación gradual del Impuesto a los Ingresos Brutos, una de las fuentes de recaudación más importantes, sobre todo en los municipios de mayor envergadura.
El Consenso Fiscal posee ciertos aspectos que pueden destacarse, que de alguna manera pueden repercutir en los municipios de nuestra provincia. En él se establecen compromisos comunes, otros asumidos por la Nación y por último por las Provincias y sus municipios.
Entre los primeros se pueden destacar la eliminación del artículo 104 de la Ley de Ganancias, ingresando en su totalidad a la masa coparticipable, pero destinado a Obras y Programas Sociales. Además, la vigencia durante el 2018 de leyes (la 26075, Art. 7; y la 26206, Art. 11), que aseguran las transferencias a municipios para cubrir gastos de educación, especificados en las leyes mencionadas.
Para los especialistas, consensuar una nueva Ley de Coparticipación es imprescindible. Este punto –según los tributaristas consultados- es fundamental para poder evaluar la posible existencia de una pérdida de participación de Chubut dentro de la nueva masa coparticipable, y en ese caso la forma de compensación.
Los compromisos asumidos por la Nación que pueden impactar son varios: uno, las formas de compensar a las provincias por las pérdidas que le pudiera ocasionar la eliminación del Artículo 104 de la Ley de Ganancias. Esa compensación tendrá destino específico y no ingresaría a Rentas Generales.
Otro, la distribución del Fondo Federal sin considerar a la Nación, ni las provincias que no adhieren o no cumplen el consenso. Las provincias acordaron que las valuaciones fiscales de los inmuebles converjan en el tiempo con las valuaciones de mercado.
Entre los compromisos asumidos por las provincias, se encuentra principalmente la eliminación gradual del Impuesto a los Ingresos Brutos. En este sentido, se refiere fundamentalmente a aspectos como la eliminación de tratamientos diferenciales basados en el lugar de radicación o ubicación; la desgravación de actividades y servicios de exportación; el establecimiento de exenciones; los límites de las alícuotas o la obligación de disminuirlas progresivamente.
En este marco, los municipios tendrán la responsabilidad de establecer un nuevo régimen de coparticipación de recursos provinciales. Además de establecer un régimen legal de responsabilidad fiscal, similar al nacional.
Asimismo, deberán adecuar las tasas municipales de manera tal que se correspondan con la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio y sus importes guarden una razonable proporcionalidad con el costo de este último.
Aunque es difícil de medir con precisión el impacto del Pacto Fiscal en los municipios, sí se pueden mensurar las implicancias en el mediano plazo. Por ejemplo, en los municipios de Chubut, la recaudación de tributos tiene un componente diferencial al resto del país. Esto por la potestad de cobro del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los contribuyentes directos y del Acuerdo Interjurisdiccional.
En el caso de Trelew, por ejemplo, este tributo representa más del 56% del total de impuestos que recauda el municipio, significando casi un 25% de los ingresos de esta jurisdicción municipal.
Evidentemente, los municipios chubutenses perderán recaudación si se diera el caso de una eliminación total o desgravación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Si bien el consenso firmado no incluye a todas las actividades, en algunos casos elimina la posibilidad de cobro del tributo y en otros lo reduce y limita.
En Trelew ya se cumplen con las exenciones en rubros como Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca. Pero los casos preocupantes para esa jurisdicción se corresponden con otras actividades de peso: por ejemplo, la Industria, que actualmente tiene una alícuota del 1% y ahora tendría que reducirla un 50% para 2021 y eliminarla completamente para 2022.
Otro caso es el de Electricidad, Agua y Gas: posee una alícuota del 2,5% y también debe reducirse un 50% para 2021 y eliminarse para 2022. En el caso de la Construcción, posee una alícuota del 2,5% y debe reducirse al 2% para 2020.
En tanto, para el Transporte existe hoy una alícuota del 2,5% y deber+a reducirse al 2% para 2019 y eliminarse para 2021.
Según evalúan los especialistas, para el caso de Ingresos Brutos debería considerarse la recaudación y esfuerzo de cada municipio, con una compensación que integre Rentas Generales, tal como lo hace el impuesto actualmente. Asimismo, es importante mantenerla actualizada con elementos automáticos como la actualización con índices de precios o manteniendo los porcentajes de incidencia en los ingresos municipales.
También es destacable mencionar que las bases imponibles de las actividades de Transporte, Construcción e Industria en la ciudad de Trelew se encontraron entre el 12% y el 15% sobre el total en los años 2016 y 2017. En la tasa de Comercio e Industria o Tasa de Inspección de Comercios e Industrias -denominación variada de acuerdo a la jurisdicción-, también los municipios tendrán una pérdida de recaudación, en especial de aquellos contribuyentes que se encuentran registrados en Convenio Multilateral para Ingresos Brutos, ya que su base imponible mensual se emplea para el cómputo de la tasa mencionada.
El monto de esta tasa sobre el total de Ingresos Municipales ronda el 18%. El desafío, entonces, para no perder recaudación en estos casos también corresponde a los municipios ya que se impone la obligatoriedad de mantener una concreta, efectiva e individualizada prestación del servicio, con importes que guarden una razonable proporcionalidad con el costo del mismo. Lo que inclusive la Corte Suprema de Justicia de la Nación en varios fallos ha aceptado, y dada la necesidad imperiosa de fondos en los municipios, corre grandes riesgos en los municipios a partir de ahora.
Las implicancias en el corto plazo también hay que tenerlas en cuenta: para los municipios resulta importante que se pueda determinar la forma de compensación ante la pérdida de coparticipación que sufriría la Provincia.
Asimismo, debería coordinarse con la Provincia el mecanismo de traspaso de fondos para los municipios del Fondo Educativo cuando correspondiere, que hasta la fecha no se ha realizado.
Claro está, entonces, que una problemática potencial adicional de los municipios resultará de los nuevos cálculos de coparticipación y del posicionamiento de la provincia en los índices finales. A partir de allí también deberían generarse nuevos índices de coparticipación entre los municipios de Chubut.
Es evidente que ningún municipio de la provincia desea perder recaudación alguna y en este estado de las cosas resultará muy dificultoso consensuar nuevos índices sin un esfuerzo adicional de la provincia. La discusión se ha iniciado en el ámbito de Responsabilidad Fiscal Provincial, pero sin grandes avances por esos motivos.
Los bonos que se distribuirán entre las provincias también pueden ser un mecanismo de compensación para los municipios. De los $ 5 mil millones para 2018 y los $ 12 mil millones para el 2019, se podría distribuir un porcentaje a definir entre los municipios.
Asimismo, debería consensuarse rápidamente una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal entre los municipios y la Provincia que considere los aspectos que surgen de la ley nacional.
El plazo de cumplimiento de todos los compromisos asumidos se dará el 31 de diciembre de 2019. Es decir, los tiempos se acortan y los municipios deberán pensar de qué manera compensarán estas pérdidas en menos de dos años.#
La adhesión al Consenso Fiscal firmado el año pasado entre la Nación y 23 provincias –entre ellas Chubut- que sigue durmiendo en la Legislatura ha tenido diversas interpretaciones y todavía no se han puesto de acuerdo todas las fuerzas políticas para aprobarlo. De hecho, Chubut es una de las dos firmantes (la otra es La Pampa) que todavía no le ha entregado al Gobierno nacional la adhesión parlamentaria que desde la Casa Rosada consideran fundamental para seguir asistiendo económica y financieramente al Gobierno de Mariano Arcioni.
Más allá de los contrapuntos políticos, este diario logró armar una evaluación técnica de los pros y los contras del Pacto Fiscal. En este sentido, y a la luz de la opinión de los especialistas en temas tributarios, resulta por lo menos curioso que desde hace varias semanas sean los intendentes los que se han puesto al frente del reclamo a los legisladores para que se apruebe ese pacto. Es que una de las conclusiones del análisis del Consenso Fiscal firmado el año pasado, es el perjuicio que sufrirían los municipios de Chubut por la modificación gradual del Impuesto a los Ingresos Brutos, una de las fuentes de recaudación más importantes, sobre todo en los municipios de mayor envergadura.
El Consenso Fiscal posee ciertos aspectos que pueden destacarse, que de alguna manera pueden repercutir en los municipios de nuestra provincia. En él se establecen compromisos comunes, otros asumidos por la Nación y por último por las Provincias y sus municipios.
Entre los primeros se pueden destacar la eliminación del artículo 104 de la Ley de Ganancias, ingresando en su totalidad a la masa coparticipable, pero destinado a Obras y Programas Sociales. Además, la vigencia durante el 2018 de leyes (la 26075, Art. 7; y la 26206, Art. 11), que aseguran las transferencias a municipios para cubrir gastos de educación, especificados en las leyes mencionadas.
Para los especialistas, consensuar una nueva Ley de Coparticipación es imprescindible. Este punto –según los tributaristas consultados- es fundamental para poder evaluar la posible existencia de una pérdida de participación de Chubut dentro de la nueva masa coparticipable, y en ese caso la forma de compensación.
Los compromisos asumidos por la Nación que pueden impactar son varios: uno, las formas de compensar a las provincias por las pérdidas que le pudiera ocasionar la eliminación del Artículo 104 de la Ley de Ganancias. Esa compensación tendrá destino específico y no ingresaría a Rentas Generales.
Otro, la distribución del Fondo Federal sin considerar a la Nación, ni las provincias que no adhieren o no cumplen el consenso. Las provincias acordaron que las valuaciones fiscales de los inmuebles converjan en el tiempo con las valuaciones de mercado.
Entre los compromisos asumidos por las provincias, se encuentra principalmente la eliminación gradual del Impuesto a los Ingresos Brutos. En este sentido, se refiere fundamentalmente a aspectos como la eliminación de tratamientos diferenciales basados en el lugar de radicación o ubicación; la desgravación de actividades y servicios de exportación; el establecimiento de exenciones; los límites de las alícuotas o la obligación de disminuirlas progresivamente.
En este marco, los municipios tendrán la responsabilidad de establecer un nuevo régimen de coparticipación de recursos provinciales. Además de establecer un régimen legal de responsabilidad fiscal, similar al nacional.
Asimismo, deberán adecuar las tasas municipales de manera tal que se correspondan con la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio y sus importes guarden una razonable proporcionalidad con el costo de este último.
Aunque es difícil de medir con precisión el impacto del Pacto Fiscal en los municipios, sí se pueden mensurar las implicancias en el mediano plazo. Por ejemplo, en los municipios de Chubut, la recaudación de tributos tiene un componente diferencial al resto del país. Esto por la potestad de cobro del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los contribuyentes directos y del Acuerdo Interjurisdiccional.
En el caso de Trelew, por ejemplo, este tributo representa más del 56% del total de impuestos que recauda el municipio, significando casi un 25% de los ingresos de esta jurisdicción municipal.
Evidentemente, los municipios chubutenses perderán recaudación si se diera el caso de una eliminación total o desgravación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Si bien el consenso firmado no incluye a todas las actividades, en algunos casos elimina la posibilidad de cobro del tributo y en otros lo reduce y limita.
En Trelew ya se cumplen con las exenciones en rubros como Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca. Pero los casos preocupantes para esa jurisdicción se corresponden con otras actividades de peso: por ejemplo, la Industria, que actualmente tiene una alícuota del 1% y ahora tendría que reducirla un 50% para 2021 y eliminarla completamente para 2022.
Otro caso es el de Electricidad, Agua y Gas: posee una alícuota del 2,5% y también debe reducirse un 50% para 2021 y eliminarse para 2022. En el caso de la Construcción, posee una alícuota del 2,5% y debe reducirse al 2% para 2020.
En tanto, para el Transporte existe hoy una alícuota del 2,5% y deber+a reducirse al 2% para 2019 y eliminarse para 2021.
Según evalúan los especialistas, para el caso de Ingresos Brutos debería considerarse la recaudación y esfuerzo de cada municipio, con una compensación que integre Rentas Generales, tal como lo hace el impuesto actualmente. Asimismo, es importante mantenerla actualizada con elementos automáticos como la actualización con índices de precios o manteniendo los porcentajes de incidencia en los ingresos municipales.
También es destacable mencionar que las bases imponibles de las actividades de Transporte, Construcción e Industria en la ciudad de Trelew se encontraron entre el 12% y el 15% sobre el total en los años 2016 y 2017. En la tasa de Comercio e Industria o Tasa de Inspección de Comercios e Industrias -denominación variada de acuerdo a la jurisdicción-, también los municipios tendrán una pérdida de recaudación, en especial de aquellos contribuyentes que se encuentran registrados en Convenio Multilateral para Ingresos Brutos, ya que su base imponible mensual se emplea para el cómputo de la tasa mencionada.
El monto de esta tasa sobre el total de Ingresos Municipales ronda el 18%. El desafío, entonces, para no perder recaudación en estos casos también corresponde a los municipios ya que se impone la obligatoriedad de mantener una concreta, efectiva e individualizada prestación del servicio, con importes que guarden una razonable proporcionalidad con el costo del mismo. Lo que inclusive la Corte Suprema de Justicia de la Nación en varios fallos ha aceptado, y dada la necesidad imperiosa de fondos en los municipios, corre grandes riesgos en los municipios a partir de ahora.
Las implicancias en el corto plazo también hay que tenerlas en cuenta: para los municipios resulta importante que se pueda determinar la forma de compensación ante la pérdida de coparticipación que sufriría la Provincia.
Asimismo, debería coordinarse con la Provincia el mecanismo de traspaso de fondos para los municipios del Fondo Educativo cuando correspondiere, que hasta la fecha no se ha realizado.
Claro está, entonces, que una problemática potencial adicional de los municipios resultará de los nuevos cálculos de coparticipación y del posicionamiento de la provincia en los índices finales. A partir de allí también deberían generarse nuevos índices de coparticipación entre los municipios de Chubut.
Es evidente que ningún municipio de la provincia desea perder recaudación alguna y en este estado de las cosas resultará muy dificultoso consensuar nuevos índices sin un esfuerzo adicional de la provincia. La discusión se ha iniciado en el ámbito de Responsabilidad Fiscal Provincial, pero sin grandes avances por esos motivos.
Los bonos que se distribuirán entre las provincias también pueden ser un mecanismo de compensación para los municipios. De los $ 5 mil millones para 2018 y los $ 12 mil millones para el 2019, se podría distribuir un porcentaje a definir entre los municipios.
Asimismo, debería consensuarse rápidamente una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal entre los municipios y la Provincia que considere los aspectos que surgen de la ley nacional.
El plazo de cumplimiento de todos los compromisos asumidos se dará el 31 de diciembre de 2019. Es decir, los tiempos se acortan y los municipios deberán pensar de qué manera compensarán estas pérdidas en menos de dos años.#