Según la denuncia, en el geriátrico de Trelew murieron abuelos maltratados
En el geriatrico “Oasis” de Trelew el Ministerio Público Fiscal verificó el hacinamiento de al menos seis abuelos en un cuarto de pequeñas dimensiones. En ese lugar había una celda y en el allanamiento se fotografió a una abuela en la cama con un tacho para hacer sus necesidades.
Se secuestraron sellos de médicos y recetarios firmados en blanco. También se clausuró la cocina luego de que, como anticipó ayer este diario, se encontrara comida en mal estado.
Según el parte de prensa fiscal, la denuncia original incluye varios testimonios y fotos de una abuela con lesiones, que habría fallecido meses atrás en “La casita del horror”.
“Los testigos aducen malos tratos físicos y dan cuenta que varios residentes habrían perdido la vida”, dice el parte de prensa. Se secuestró una manguera que habría sido usada, conectada a una canilla, para realizarles enemas, lo que provocaba lesiones. Según el fiscal Fabián Moyano, por la noche ataba a los abuelos para que no se levantaran. Hay una chance de que declare una persona que pidió la reserva de identidad.
Destacó Fiscalía la forma oculta y clandestina en que se mantenía este sector con los vidrios tapados. Figuraba como casa particular de la imputada, que en realidad está en la planta alta, y en el sitio debajo nadie sabía de las seis camas, la celda c y el tacho a su lado. “Se remarcó la actividad lucrativa, ya que la propietaria cobra por tener a los abuelos, sin saberse aún quiénes son los familiares directos de la paciente encontrada en la celda, que se deduce, no informaba para no perder el ingreso monetario que le producía”.
Moyano pidió la apertura de investigación por seis meses. Algunos de los abuelos podrían declarar en Cámara Gessel.
La asesora Ivana Baskov confirmó que se convocó a familiares de todos los residentes para informarles del caso. Como este diario anticipó ayer, el juez Marcelo Nieto Di Biase impuso 15 días de prisión preventiva. En ese lapso Fiscalía podrá saber cuántos abuelos y allegados estarán en condiciones de ser entrevistados.
Por su parte, la fiscal María Tolomei explicó que la pena por el delito de abandono de persona y privación ilegítima de la libertad va de 2 a 6 años de prisión. Participó del allanamiento a la institución cuya dueña, Iluminada Lorenzo, está imputada. Se ubica en Juan José Valle y Cutillo, chacra 118.
Si bien en la causa interviene el fiscal Moyano, quien recibió la denuncia fue Tolomei. “Denunciaron que en un geriátrico personas eran maltratadas, había una obligada a dormir en una celda, son personas de la tercera edad y se justificaba ver qué pasaba. El allanamiento constató que estaban dadas las circunstancias de lo que decía la denuncia”.
“Había una parte del geriátrico que no estaba habilitada, no era un lugar conocido por los organismos de control, Municipalidad, Bomberos, Salud pública y Asesoría. Esa parte no se mostraba, estaba oculta”, relató.
“Existía esta especie de celda que se cerraba con candado de acuerdo a lo que cuentan la víctima y testigos que trabajaban en el lugar y alojadas. El relato es que tanto esta persona en la celda como otras que también estaban en el sector no habilitado de noche estaban encerrados sin vigilancia, sin cuidados y en una situación de desamparo que ponía en riesgo su salud. Es gente muy vulnerable, tres ancianos varones y tres mujeres”.
Aclaró la fiscal que el lugar es privado y tiene habilitación como geriátrico. “Esta situación se investiga. Tiene o tendría habilitación municipal. En principio es una institución privada con habilitación municipal, pero el sector en buenas condiciones, no la parte que se constató como abiertamente irregular”.
En cuanto a la calificación de abandono de persona, “si bien la denuncia es más amplia, no hay una imputación efectiva de lesiones. Después hay cuestiones donde intervino Salud pública, el cuidado de las personas de la ancianidad y Ministerio de Familia. Hay muchos planos que se superponen y tomaron parte en esa inspección ocular: Asesoría, Familia, Secretaría de Seguridad. Cada uno intervino y realizó las medidas. El lugar se está supervisando para ver qué medida van a tomar”.
Remarcó Tolomei que “se pidió que se mantuviera la detención por peligro de entorpecimiento. Hay que tomar declaraciones a las personas afectadas. Esa necesidad de tomar declaraciones sin interferencias motivó el pedido de prisión preventiva”.#
Se secuestraron sellos de médicos y recetarios firmados en blanco. También se clausuró la cocina luego de que, como anticipó ayer este diario, se encontrara comida en mal estado.
Según el parte de prensa fiscal, la denuncia original incluye varios testimonios y fotos de una abuela con lesiones, que habría fallecido meses atrás en “La casita del horror”.
“Los testigos aducen malos tratos físicos y dan cuenta que varios residentes habrían perdido la vida”, dice el parte de prensa. Se secuestró una manguera que habría sido usada, conectada a una canilla, para realizarles enemas, lo que provocaba lesiones. Según el fiscal Fabián Moyano, por la noche ataba a los abuelos para que no se levantaran. Hay una chance de que declare una persona que pidió la reserva de identidad.
Destacó Fiscalía la forma oculta y clandestina en que se mantenía este sector con los vidrios tapados. Figuraba como casa particular de la imputada, que en realidad está en la planta alta, y en el sitio debajo nadie sabía de las seis camas, la celda c y el tacho a su lado. “Se remarcó la actividad lucrativa, ya que la propietaria cobra por tener a los abuelos, sin saberse aún quiénes son los familiares directos de la paciente encontrada en la celda, que se deduce, no informaba para no perder el ingreso monetario que le producía”.
Moyano pidió la apertura de investigación por seis meses. Algunos de los abuelos podrían declarar en Cámara Gessel.
La asesora Ivana Baskov confirmó que se convocó a familiares de todos los residentes para informarles del caso. Como este diario anticipó ayer, el juez Marcelo Nieto Di Biase impuso 15 días de prisión preventiva. En ese lapso Fiscalía podrá saber cuántos abuelos y allegados estarán en condiciones de ser entrevistados.
Por su parte, la fiscal María Tolomei explicó que la pena por el delito de abandono de persona y privación ilegítima de la libertad va de 2 a 6 años de prisión. Participó del allanamiento a la institución cuya dueña, Iluminada Lorenzo, está imputada. Se ubica en Juan José Valle y Cutillo, chacra 118.
Si bien en la causa interviene el fiscal Moyano, quien recibió la denuncia fue Tolomei. “Denunciaron que en un geriátrico personas eran maltratadas, había una obligada a dormir en una celda, son personas de la tercera edad y se justificaba ver qué pasaba. El allanamiento constató que estaban dadas las circunstancias de lo que decía la denuncia”.
“Había una parte del geriátrico que no estaba habilitada, no era un lugar conocido por los organismos de control, Municipalidad, Bomberos, Salud pública y Asesoría. Esa parte no se mostraba, estaba oculta”, relató.
“Existía esta especie de celda que se cerraba con candado de acuerdo a lo que cuentan la víctima y testigos que trabajaban en el lugar y alojadas. El relato es que tanto esta persona en la celda como otras que también estaban en el sector no habilitado de noche estaban encerrados sin vigilancia, sin cuidados y en una situación de desamparo que ponía en riesgo su salud. Es gente muy vulnerable, tres ancianos varones y tres mujeres”.
Aclaró la fiscal que el lugar es privado y tiene habilitación como geriátrico. “Esta situación se investiga. Tiene o tendría habilitación municipal. En principio es una institución privada con habilitación municipal, pero el sector en buenas condiciones, no la parte que se constató como abiertamente irregular”.
En cuanto a la calificación de abandono de persona, “si bien la denuncia es más amplia, no hay una imputación efectiva de lesiones. Después hay cuestiones donde intervino Salud pública, el cuidado de las personas de la ancianidad y Ministerio de Familia. Hay muchos planos que se superponen y tomaron parte en esa inspección ocular: Asesoría, Familia, Secretaría de Seguridad. Cada uno intervino y realizó las medidas. El lugar se está supervisando para ver qué medida van a tomar”.
Remarcó Tolomei que “se pidió que se mantuviera la detención por peligro de entorpecimiento. Hay que tomar declaraciones a las personas afectadas. Esa necesidad de tomar declaraciones sin interferencias motivó el pedido de prisión preventiva”.#