Causa Embrujo: seis meses de prisión para Daniela Souza
El juez Piñeda determinó que la mujer detenida en el marco de la causa por presunta asociación ilícita y defraudación al estado, quede detenida mientras dura la investigación
El juez Sergio César Piñeda determinó este mediodía que Daniela María Inés Souza permanezca detenida por el plazo de seis meses, mientras dura la investigación del Ministerio Público Fiscal, en el marco de la causa contra una banda por presunta asociación ilícita y defraudación al estado.
Se realizó esta mañana en Rawson la audiencia de control de detención de Souza, la mujer detenida ayer a la madrugada en Arroyo Verde cuando regresaba a Chubut de un viaje en el exterior y que es sindicada por la Justicia como la sexta integrante de un grupo de personas que conformaban una asociación ilícita y que cometieron defraudación al estado.
Souza ingresó a la audiencia acompañada por la abogada María Laura Martensen para cumplir con el mismo trámite que el pasado viernes tuvieron que afrontar los exfuncionarios Diego Correa y Diego Lüters, la esposa del primero, Natalia McLeod y los empresarios Sandro Figueroa y Juan Carlos "Tato" Ramón.
En el inicio de la audiencia el Fiscal Omar Rodríguez planteó que Sousa es integrante de la banda delictiva liderada por quien hasta hace pocas semanas era responsable de la Unidad Gobernador, Diego Correa. Para los investigadores Corre estaba detrás de la empresa Dual Core y Souza era su subordinada.
Del mismo modo Rodríguez involucró a Souza, Lüter, Ramón y Correa en las licitaciones ficticias que se hacian para beneficiar a la mencionada firma, al tiempo que mencionó la participación de la detenida en otra empresa investigada. Se trata de Sepat, una firma dedicada a servicios de eventos que habría obtenido varias contrataciones directas y en la cual participaban algunos de los detenidos.
Durante la audiencia la Fiscalia relató al menos cinco hechos concretos con participación directa de Daniela Souza, además de señalar que era empleada de Diego Correa. De acuerdo a la versión de los fiscales Correa se escondía detrás de Souza para las contrataciones y por eso es partícipe necesaria de la asociación ilícita.
También mencionaron la existencia de documentación que acreditaría que Souza sacaba materiales a cuenta de Correa en empresas en comercio de Trelew.
Por otra parte el Fiscal Alex Williams informó que en algunos casos provincia pagaba por obras de cañería y albañilería, pero la firma Dual Core presupuestaba solo trabajos de pintura.
Entre otros datos que trascendieron en la audiencia de hoy, los fiscales indicaron que Correa le pagaba a Souza el alquiler de un inmueble en playa por valor de $22.800 además del servicio de limpieza por un valor de $3.100 y hasta el cuidado de las uñas por $500 al mes.
La abogada María Laura Martensen, a cargo de la defensa técnica de la imputada pidió la liberación de la misma ya que según dijo, Souza “no cuenta con medios económicos ni bienes”, sin embargo el juez Piñeda determinó q Souza siga detenida por el plazo de seis meses y además pidió explicaciones a Policía por el hecho de que la mujer hubiera sido detenida en el puesto policial de Arroyo Verde y no en el aeropuerto internacional de Ezeiza, cuando regresó el país.
El juez Sergio César Piñeda determinó este mediodía que Daniela María Inés Souza permanezca detenida por el plazo de seis meses, mientras dura la investigación del Ministerio Público Fiscal, en el marco de la causa contra una banda por presunta asociación ilícita y defraudación al estado.
Se realizó esta mañana en Rawson la audiencia de control de detención de Souza, la mujer detenida ayer a la madrugada en Arroyo Verde cuando regresaba a Chubut de un viaje en el exterior y que es sindicada por la Justicia como la sexta integrante de un grupo de personas que conformaban una asociación ilícita y que cometieron defraudación al estado.
Souza ingresó a la audiencia acompañada por la abogada María Laura Martensen para cumplir con el mismo trámite que el pasado viernes tuvieron que afrontar los exfuncionarios Diego Correa y Diego Lüters, la esposa del primero, Natalia McLeod y los empresarios Sandro Figueroa y Juan Carlos "Tato" Ramón.
En el inicio de la audiencia el Fiscal Omar Rodríguez planteó que Sousa es integrante de la banda delictiva liderada por quien hasta hace pocas semanas era responsable de la Unidad Gobernador, Diego Correa. Para los investigadores Corre estaba detrás de la empresa Dual Core y Souza era su subordinada.
Del mismo modo Rodríguez involucró a Souza, Lüter, Ramón y Correa en las licitaciones ficticias que se hacian para beneficiar a la mencionada firma, al tiempo que mencionó la participación de la detenida en otra empresa investigada. Se trata de Sepat, una firma dedicada a servicios de eventos que habría obtenido varias contrataciones directas y en la cual participaban algunos de los detenidos.
Durante la audiencia la Fiscalia relató al menos cinco hechos concretos con participación directa de Daniela Souza, además de señalar que era empleada de Diego Correa. De acuerdo a la versión de los fiscales Correa se escondía detrás de Souza para las contrataciones y por eso es partícipe necesaria de la asociación ilícita.
También mencionaron la existencia de documentación que acreditaría que Souza sacaba materiales a cuenta de Correa en empresas en comercio de Trelew.
Por otra parte el Fiscal Alex Williams informó que en algunos casos provincia pagaba por obras de cañería y albañilería, pero la firma Dual Core presupuestaba solo trabajos de pintura.
Entre otros datos que trascendieron en la audiencia de hoy, los fiscales indicaron que Correa le pagaba a Souza el alquiler de un inmueble en playa por valor de $22.800 además del servicio de limpieza por un valor de $3.100 y hasta el cuidado de las uñas por $500 al mes.
La abogada María Laura Martensen, a cargo de la defensa técnica de la imputada pidió la liberación de la misma ya que según dijo, Souza “no cuenta con medios económicos ni bienes”, sin embargo el juez Piñeda determinó q Souza siga detenida por el plazo de seis meses y además pidió explicaciones a Policía por el hecho de que la mujer hubiera sido detenida en el puesto policial de Arroyo Verde y no en el aeropuerto internacional de Ezeiza, cuando regresó el país.