Ocho intendentes de la Meseta presentaron un anteproyecto de zonificación minera
Los presidentes de ocho comunas rurales de la meseta central presentaron en la Legislatura el anteproyecto para la zonificación de la provincia prevista en la ley provincial Nº 5001 sobre la actividad minera en Chubut.
El ingreso formal por mesa de entradas incluye un escrito firmado por los jefes comunales de Gan Gan, Ricardo Sepúlveda; de Lagunita Salada, Miguel Ancamil; de Telsen, Leonardo Bowman; Gastre, Marcelo Aranda; Las Plumas, Nilda Tolosa; Los Altares, Mario Oviedo; Paso del Sapo, Víctor Candia y el intendente de Paso de Indios Mario Pichiñan.
Bowman explicó que los intendentes de la meseta tomaron la iniciativa de presentar el anteproyecto porque “luego de la reunión de Telsen el tema quedó en stand by y seguimos con la misma iniciativa en busca de alternativas de solución para la situación que se vive, extrema y compleja”.
“Esta cuestión se habla con Nación y Provincia pero es una iniciativa nuestra. Para las cuestiones técnicas pedimos una mano a la Cámara Minera, que planeó las distintas zonas. Ahora esperemos que se inicie la discusión”, detalló Bowman. “Buscamos la zonificación, el primer paso para avanzar en la discusión. No tuvimos contacto con los diputados, sabemos lo que se ve en los medios y sus pronunciamientos particulares. Ahora esperamos se abra la discusión”.
El anteproyecto consta de 4 artículos. En el primero se expresa que “la industria minera en la provincia de Chubut se realizará teniendo en cuenta la sustentabilidad que promuevan el desarrollo integral y armónico de la provincia , con participación social y cumplimiento con los mejores estándares ambientales, sociales y económicas que aseguren la protección de los ecosistemas, la biodiversidad y la calidad de vida de comunidades”.
Luego se establecen las coordenadas de la zonificación en la meseta central, en donde se podría practicar la actividad. Asimismo se diseña un “ordenamiento territorial ambiental” para la industria, el cual incluye estudios científicos que establecen los fundamentos técnicos, sociales, económicos y ambientales”.
Se estipula la evaluación de impacto ambiental con lo que se debe garantizar el derecho a la “participación ciudadana mediante los instrumentos formales de consulta a las comunidades locales”.
El ingreso formal por mesa de entradas incluye un escrito firmado por los jefes comunales de Gan Gan, Ricardo Sepúlveda; de Lagunita Salada, Miguel Ancamil; de Telsen, Leonardo Bowman; Gastre, Marcelo Aranda; Las Plumas, Nilda Tolosa; Los Altares, Mario Oviedo; Paso del Sapo, Víctor Candia y el intendente de Paso de Indios Mario Pichiñan.
Bowman explicó que los intendentes de la meseta tomaron la iniciativa de presentar el anteproyecto porque “luego de la reunión de Telsen el tema quedó en stand by y seguimos con la misma iniciativa en busca de alternativas de solución para la situación que se vive, extrema y compleja”.
“Esta cuestión se habla con Nación y Provincia pero es una iniciativa nuestra. Para las cuestiones técnicas pedimos una mano a la Cámara Minera, que planeó las distintas zonas. Ahora esperemos que se inicie la discusión”, detalló Bowman. “Buscamos la zonificación, el primer paso para avanzar en la discusión. No tuvimos contacto con los diputados, sabemos lo que se ve en los medios y sus pronunciamientos particulares. Ahora esperamos se abra la discusión”.
El anteproyecto consta de 4 artículos. En el primero se expresa que “la industria minera en la provincia de Chubut se realizará teniendo en cuenta la sustentabilidad que promuevan el desarrollo integral y armónico de la provincia , con participación social y cumplimiento con los mejores estándares ambientales, sociales y económicas que aseguren la protección de los ecosistemas, la biodiversidad y la calidad de vida de comunidades”.
Luego se establecen las coordenadas de la zonificación en la meseta central, en donde se podría practicar la actividad. Asimismo se diseña un “ordenamiento territorial ambiental” para la industria, el cual incluye estudios científicos que establecen los fundamentos técnicos, sociales, económicos y ambientales”.
Se estipula la evaluación de impacto ambiental con lo que se debe garantizar el derecho a la “participación ciudadana mediante los instrumentos formales de consulta a las comunidades locales”.