Caso Correa: el juez admitió a cuatro querellantes adhesivos, además de los fiscales
Tres diputados provinciales del PJ-FPV, Fiscalía de Estado, la Oficina Anticorrupción y una ONG pidieron su incorporación al expediente que investiga a exfuncionarios provinciales y otras personas como parte de una asociación ilícita que cometió defraudación al estado chubutense.
El juez de garantías Sergio Piñeda convalidó que en el la investigación de la causa “Embrujo” se presenten como querellantes representantes de la Fiscalía de Estado, de la Oficina Antocorrupción, los diputados que realizaron la denuncia y la ONG Iniciativa Ciudadana.
Por el momento todos los querellantes lo hacen en carácter de “adhesivos”, es decir que acompañan en su totalidad la investigación que están llevando adelante los fiscales generales Alex Williams y Omar Rodriguez.
Los diputados del FPV Gabriela Dufour, Blas Meza Evans y Alejandra Marcilla se presentaron esta mañana a través de un letrado como querellantes en la causa, derivada de una denuncia por sobreprecios que habían presentado en su momento estos mismos legisladores, en tanto que también la Fiscalía de Estado y la Oficina Anticorrupción de Chubut se presentaron como querellantes, al igual que una ONG dedicada al esclarecimiento de los ilícitos económicos y casos de corrupción.
La Fiscalía de Estado fue representada por los doctoresCristian Martínez y Javier Stampone, en tanto que el Dr. Guillermo Hansen planteó la incorporación como querellante de la Oficina Anticorrupción. En el caso de los diputados provinciales del FPV, fue el Dr. Hugo Arnaldo Barone quien realizó la presentación, mientras que los abogados Alfredo Pérez Galimberti, Eduardo Hualpa y María Cristina Pagasartundua representaron a la ONG Iniciativa Ciudadana, en la que aparecen como integrantes Alberto Binder, Claudia Maria Iun, Aldo Griffiths y Ángel Callupil.
La inclusión de las querellas fue aceptada por los Fiscales que llevan adelante la investigación, en tanto que los abogados defensores de los detenidos en la causa plantearon sus reparos a las presentaciones realizadas. A pesar de esos planteos, el Juez Piñeda hizo lugar al pedido y a partir de ahora habrá cuatro querellantes constituidos en la causa.
La audiencia de presentación de los querellantes se realizó en el edificio del Superior Tribunal de Justicia en Rawson, habida cuenta la gran cantidad de personas presentes representadas en la oportunidad. En su resolución el juez Piñeda aprovechó además a descartar todo tipo de motivación política en su proceder.
El cuestionamiento que uno de los defensores había realizado para la rechazar la condición de querellante de la ONG Iniciativa ciudadana, fue rechazada por Piñeda.
El defensor Fabián Gabalachis había argumentado que Iniciativa Ciudadana se creó con posterioridad a los hechos investigados destacando que la mencionada organización “fue una consecuencia de los hechos investigados”.
Piñeda fue contundente al responderle en su resolución que el Código Procesal Penal del Chubut nada dice que el querellante debe reunir requisitos puntuales respecto de la fecha de creación o de su antigüedad.
“Nos estamos presentando como ciudadanos preocupados por la corrupción. Nuestra actuación no por política deja de ser jurídica porque claramente nuestra Constitución es política con efectos jurídicos”, destacó el abogado Hualpa uno de los integrantes de la ONG con representación en la zona. La misma es integrada además por el jurista Alberto Binder, creador del Código Procesal Penal que rige en el Chubut.
Por otro lado cabe destacar que todos los querellantes destacaron ser “adhesivos” o “adherentes” a la investigación que hasta el momento llevan adelantes los fiscales generales Williams y Rodriguez. Es decir que acompañan la línea investigativa que se sigue, la descripción de los hechos, las pruebas reunidas hasta el momento y las calificaciones legales elegidas para cada uno de los siete imputados.
En su resolución, el juez Piñeda destacó que el carácter de “adhesivo o autónomo” de cada uno de los querellantes, “puede ir mutando con el tiempo y el transcurrir de la investigación. Si se da esa circunstancia, deberé resolver en el momento, porque en este momento no sirve de nada hacer futurología”.
Respecto de la participación de los diputados provinciales que realizaron la denuncia y los posibles intereses políticos en la investigación, Piñeda fue contundente. Dijo que “esta es una investigación netamente jurídica más allá de las consecuencias políticas. Solo haré valer la aplicación del Código Procesal Penal y los derechos que tienen no solo las víctimas sino también los imputados. Esta es una causa penal muy importante y grave, por la gran cantidad de delitos que se investigan y la gran cantidad de documentación que se tiene como pruebas. A todo este proceso y las respectivas pruebas podrán acceder todas las partes”, indicó.
Vestidos de manera informal con ropa de gimnasia, jean y zapatillas, los siete imputados escucharon en silencio la marcha de la audiencia de constitución de querellantes, impecablemente organizada por la Oficina Judicial de Rawson.
Se trata de Diego Correa, Natalia Mc Leod, Diego Luters, Daniela Souza, Juan Carlos Ramón, Sandro Figueroa y Federico Gatica. Este último está imputado del delito de lavado de activos. Los restantes por el delito de asociación ilícita en perjuicio de la administración pública, Correa en carácter de jefe y las otras cinco personas restantes como partícipes necesarios.
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El juez de garantías Sergio Piñeda convalidó que en el la investigación de la causa “Embrujo” se presenten como querellantes representantes de la Fiscalía de Estado, de la Oficina Antocorrupción, los diputados que realizaron la denuncia y la ONG Iniciativa Ciudadana.
Por el momento todos los querellantes lo hacen en carácter de “adhesivos”, es decir que acompañan en su totalidad la investigación que están llevando adelante los fiscales generales Alex Williams y Omar Rodriguez.
Los diputados del FPV Gabriela Dufour, Blas Meza Evans y Alejandra Marcilla se presentaron esta mañana a través de un letrado como querellantes en la causa, derivada de una denuncia por sobreprecios que habían presentado en su momento estos mismos legisladores, en tanto que también la Fiscalía de Estado y la Oficina Anticorrupción de Chubut se presentaron como querellantes, al igual que una ONG dedicada al esclarecimiento de los ilícitos económicos y casos de corrupción.
La Fiscalía de Estado fue representada por los doctoresCristian Martínez y Javier Stampone, en tanto que el Dr. Guillermo Hansen planteó la incorporación como querellante de la Oficina Anticorrupción. En el caso de los diputados provinciales del FPV, fue el Dr. Hugo Arnaldo Barone quien realizó la presentación, mientras que los abogados Alfredo Pérez Galimberti, Eduardo Hualpa y María Cristina Pagasartundua representaron a la ONG Iniciativa Ciudadana, en la que aparecen como integrantes Alberto Binder, Claudia Maria Iun, Aldo Griffiths y Ángel Callupil.
La inclusión de las querellas fue aceptada por los Fiscales que llevan adelante la investigación, en tanto que los abogados defensores de los detenidos en la causa plantearon sus reparos a las presentaciones realizadas. A pesar de esos planteos, el Juez Piñeda hizo lugar al pedido y a partir de ahora habrá cuatro querellantes constituidos en la causa.
La audiencia de presentación de los querellantes se realizó en el edificio del Superior Tribunal de Justicia en Rawson, habida cuenta la gran cantidad de personas presentes representadas en la oportunidad. En su resolución el juez Piñeda aprovechó además a descartar todo tipo de motivación política en su proceder.
El cuestionamiento que uno de los defensores había realizado para la rechazar la condición de querellante de la ONG Iniciativa ciudadana, fue rechazada por Piñeda.
El defensor Fabián Gabalachis había argumentado que Iniciativa Ciudadana se creó con posterioridad a los hechos investigados destacando que la mencionada organización “fue una consecuencia de los hechos investigados”.
Piñeda fue contundente al responderle en su resolución que el Código Procesal Penal del Chubut nada dice que el querellante debe reunir requisitos puntuales respecto de la fecha de creación o de su antigüedad.
“Nos estamos presentando como ciudadanos preocupados por la corrupción. Nuestra actuación no por política deja de ser jurídica porque claramente nuestra Constitución es política con efectos jurídicos”, destacó el abogado Hualpa uno de los integrantes de la ONG con representación en la zona. La misma es integrada además por el jurista Alberto Binder, creador del Código Procesal Penal que rige en el Chubut.
Por otro lado cabe destacar que todos los querellantes destacaron ser “adhesivos” o “adherentes” a la investigación que hasta el momento llevan adelantes los fiscales generales Williams y Rodriguez. Es decir que acompañan la línea investigativa que se sigue, la descripción de los hechos, las pruebas reunidas hasta el momento y las calificaciones legales elegidas para cada uno de los siete imputados.
En su resolución, el juez Piñeda destacó que el carácter de “adhesivo o autónomo” de cada uno de los querellantes, “puede ir mutando con el tiempo y el transcurrir de la investigación. Si se da esa circunstancia, deberé resolver en el momento, porque en este momento no sirve de nada hacer futurología”.
Respecto de la participación de los diputados provinciales que realizaron la denuncia y los posibles intereses políticos en la investigación, Piñeda fue contundente. Dijo que “esta es una investigación netamente jurídica más allá de las consecuencias políticas. Solo haré valer la aplicación del Código Procesal Penal y los derechos que tienen no solo las víctimas sino también los imputados. Esta es una causa penal muy importante y grave, por la gran cantidad de delitos que se investigan y la gran cantidad de documentación que se tiene como pruebas. A todo este proceso y las respectivas pruebas podrán acceder todas las partes”, indicó.
Vestidos de manera informal con ropa de gimnasia, jean y zapatillas, los siete imputados escucharon en silencio la marcha de la audiencia de constitución de querellantes, impecablemente organizada por la Oficina Judicial de Rawson.
Se trata de Diego Correa, Natalia Mc Leod, Diego Luters, Daniela Souza, Juan Carlos Ramón, Sandro Figueroa y Federico Gatica. Este último está imputado del delito de lavado de activos. Los restantes por el delito de asociación ilícita en perjuicio de la administración pública, Correa en carácter de jefe y las otras cinco personas restantes como partícipes necesarios.
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