Sobreprecios en Educación: revelaron cómo desde una escuela de Madryn se contrataba el transporte
Tanto el exministro Fernando Menchi como el titular de Educación Técnica de la cartera educativa, Pablo Casutti, explicaron sobre la operatoria de contrataciones de servicios de transportes estudiantiles y qué se hacía desde la Escuela 703 de la ciudad del Golfo y de una misma agencia de turismo.
En la continuidad del juicio oral y público por presuntos sobreprecios en la contratación de transportes estudiantiles en el que se encuentran imputadas cuatro personas, dos testigos destacaron el desvío de fondos desde el Ministerio de Educación a una escuela de Puerto Madryn para que contrate de manera directa el servicio del que se sospecha se abonaron cifras por encima de las existentes en el mercado para ese tipo de viajes.
Se trata de la Escuela 703 de esa ciudad, donde Marcelo Gallichio -uno de los imputados- “era docente de enseñanza práctica con dos cargos, además de las 20 horas prácticas que tenía”, tal como lo dijo en la audiencia el testigo Pablo Casutti.
Este testigo, precisamente, reemplazó a Gallichio en el área de Educación Técnica del Ministerio y junto al exministro Fernando Menchi promovieron la investigación de las irregularidades.
Gallicho es el principal imputado, ya que se encuentra involucrado en los cuatro hechos que se investigan. Entre otros depósitos, a esa escuela el Ministerio giró 700.000 pesos para la contratación del transporte de una treintena de alumnos y docentes, indicó un parte de Fiscalía.
“Es mucho dinero para que una escuela realice un contrato directo. Va en contra de las reglamentaciones provinciales y además fue observado por el Tribunal de Cuentas y la Contaduría General de la provincia. Además esa escuela de Madryn realizaba la contratación a nombre de otras escuelas que también tenían que viajar. Toda esa tarea debió hacerla el Ministerio de Educación y no una escuela, que además era siempre la misma”, dijo Casutti.
En procura de dar detalles de las irregularidades que motivaron la denuncia y la actuación de la Justicia, el testigo agregó que “además lo demuestran las fechas de las notas que indican que el expediente de pago de la contratación directa se hacía después del viaje. Era siempre a una misma empresa, ´Roble Tours´, de Puerto Madryn. Cuando el señor José Luis Robles fue a reclamar por el pago, le dijimos que no se lo podíamos abonar porque existía una observación del Ministerio de Educación de Nación que había enviado el dinero para ese destino específico”.
Educación afectada
Agregó que esas “irregularidades, el desorden y la falta de rendición de los fondos”, afectaban el envío de más fondos rotativos. “Para seguir recibiendo dinero había que rendir los anteriores. Y como no se habían aprobado las rendiciones por las irregularidades detectadas, no enviaban más fondos. Como era un fondo limitado, cuando uno paga de más, es plata que no va para otro proyecto entonces se afectan los alumnos, los establecimientos educativos”, indicó.
De manera similar había declarado el lunes el exministro Menchi. Dijo que a poco de asumir “me llamó la atención que las contrataciones por montos tan importantes se realicen de manera directa”.
Agregó que del análisis de los expedientes que habían sido rechazados por el Ministerio nacional que enviaba los fondos, “también me llamó la atención que los fondos se derivaban desde el Ministerio de Educación siempre a una misma escuela, la 703 de Puerto Madryn. Por ejemplo administró un viaje a Río Gallegos y ni siquiera viajaron sus alumnos”, indicó.
El trabajo de investigación estuvo a cargo de la fiscal de Rawson Griselda Encina que dividió la investigación en cuatro hechos que se convirtieron en la base de la acusación. El fiscal general Osvaldo Heiber representa en el juicio al Ministerio Público Fiscal y los abogados Martín Castro y Rodrigo Miquelarena a la Fiscalía del Estado del Chubut en carácter de querellantes.
Los defensores Omar López y Damián D’Antonio, asisten a Marcelo Gallichio, Gladys Harrys y Rubén Zárate. Por su parte el defensor particular Sergio Miranda defiende a Sergio Combina. Gallichio, Harrys, Zárate y Combina, están imputados del delito de “administración infiel en perjuicio del erario público” en carácter de “coautores”.
La audiencia proseguirá este miércoles con la presencia de más testigos de las partes y está previsto además tomar testimonios por el sistema de video conferencia a testigos que se encuentran en la Capital Federal, Esquel y Comodoro Rivadavia. El tribunal de enjuiciamiento está integrado por los jueces Mirta Moreno, Fabio Monti y Sergio Piñeda.
En la continuidad del juicio oral y público por presuntos sobreprecios en la contratación de transportes estudiantiles en el que se encuentran imputadas cuatro personas, dos testigos destacaron el desvío de fondos desde el Ministerio de Educación a una escuela de Puerto Madryn para que contrate de manera directa el servicio del que se sospecha se abonaron cifras por encima de las existentes en el mercado para ese tipo de viajes.
Se trata de la Escuela 703 de esa ciudad, donde Marcelo Gallichio -uno de los imputados- “era docente de enseñanza práctica con dos cargos, además de las 20 horas prácticas que tenía”, tal como lo dijo en la audiencia el testigo Pablo Casutti.
Este testigo, precisamente, reemplazó a Gallichio en el área de Educación Técnica del Ministerio y junto al exministro Fernando Menchi promovieron la investigación de las irregularidades.
Gallicho es el principal imputado, ya que se encuentra involucrado en los cuatro hechos que se investigan. Entre otros depósitos, a esa escuela el Ministerio giró 700.000 pesos para la contratación del transporte de una treintena de alumnos y docentes, indicó un parte de Fiscalía.
“Es mucho dinero para que una escuela realice un contrato directo. Va en contra de las reglamentaciones provinciales y además fue observado por el Tribunal de Cuentas y la Contaduría General de la provincia. Además esa escuela de Madryn realizaba la contratación a nombre de otras escuelas que también tenían que viajar. Toda esa tarea debió hacerla el Ministerio de Educación y no una escuela, que además era siempre la misma”, dijo Casutti.
En procura de dar detalles de las irregularidades que motivaron la denuncia y la actuación de la Justicia, el testigo agregó que “además lo demuestran las fechas de las notas que indican que el expediente de pago de la contratación directa se hacía después del viaje. Era siempre a una misma empresa, ´Roble Tours´, de Puerto Madryn. Cuando el señor José Luis Robles fue a reclamar por el pago, le dijimos que no se lo podíamos abonar porque existía una observación del Ministerio de Educación de Nación que había enviado el dinero para ese destino específico”.
Educación afectada
Agregó que esas “irregularidades, el desorden y la falta de rendición de los fondos”, afectaban el envío de más fondos rotativos. “Para seguir recibiendo dinero había que rendir los anteriores. Y como no se habían aprobado las rendiciones por las irregularidades detectadas, no enviaban más fondos. Como era un fondo limitado, cuando uno paga de más, es plata que no va para otro proyecto entonces se afectan los alumnos, los establecimientos educativos”, indicó.
De manera similar había declarado el lunes el exministro Menchi. Dijo que a poco de asumir “me llamó la atención que las contrataciones por montos tan importantes se realicen de manera directa”.
Agregó que del análisis de los expedientes que habían sido rechazados por el Ministerio nacional que enviaba los fondos, “también me llamó la atención que los fondos se derivaban desde el Ministerio de Educación siempre a una misma escuela, la 703 de Puerto Madryn. Por ejemplo administró un viaje a Río Gallegos y ni siquiera viajaron sus alumnos”, indicó.
El trabajo de investigación estuvo a cargo de la fiscal de Rawson Griselda Encina que dividió la investigación en cuatro hechos que se convirtieron en la base de la acusación. El fiscal general Osvaldo Heiber representa en el juicio al Ministerio Público Fiscal y los abogados Martín Castro y Rodrigo Miquelarena a la Fiscalía del Estado del Chubut en carácter de querellantes.
Los defensores Omar López y Damián D’Antonio, asisten a Marcelo Gallichio, Gladys Harrys y Rubén Zárate. Por su parte el defensor particular Sergio Miranda defiende a Sergio Combina. Gallichio, Harrys, Zárate y Combina, están imputados del delito de “administración infiel en perjuicio del erario público” en carácter de “coautores”.
La audiencia proseguirá este miércoles con la presencia de más testigos de las partes y está previsto además tomar testimonios por el sistema de video conferencia a testigos que se encuentran en la Capital Federal, Esquel y Comodoro Rivadavia. El tribunal de enjuiciamiento está integrado por los jueces Mirta Moreno, Fabio Monti y Sergio Piñeda.