Son más de 200 lo muertos por las protestas en Nicaragua
Un organismo humanitario aseguró hoy que la cifra de muertos en Nicaragua se elevó a 215, a dos meses del estallido de las protestas en país, mientras se aleja la posibilidad de una pronta solución y recrudece la acción de fuerzas policiales y paramilitares contra manifestantes civiles que exigen la renuncia del presidente Daniel Ortega.
Pese a que el gobierno registra 46 muertos desde el inicio del conflicto el 18 de abril, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) contabilizó 215 muertos y más de 1.400 heridos, en la crisis más grave y compleja de los últimas décadas en el país centroamericano.
El pasado 16 de abril, el gobierno de Ortega anunció la aprobación de una reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en riesgo de quiebra por un millonario déficit.
La resolución fue rápidamente rechazada por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), el cual advirtió que se trató de una decisión unilateral que "rompe el modelo de diálogo y consenso" con el gobierno.
En los días subsiguientes, los estudiantes ocuparon las calles en contra de la reforma, por entender que afectaba a miles de trabajadores y jubilados nicaragüenses.
Las manifestaciones se extendieron a 14 ciudades del país y cobraron fuerza debido a la violenta acción de la Policía y grupos paramilitares contra civiles desarmados.
Las protestas y su represión siguieron reproduciéndose hasta hoy, pese a que Ortega derogó la reforma previsional pocos días después de que fuera sancionada.
El 16 de mayo, tras un mes de tensiones, se instaló el diálogo nacional, pero se suspendió una semana después por falta de consenso entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica, que desde entonces exige la salida de Ortega del poder.
Si bien el diálogo se reanudó el pasado viernes y el gobierno se comprometió a "cesar la violencia venga de donde venga", presuntos policías y paramilitares atacaron ayer una vivienda en Managua y seis miembros de una familia murieron calcinados.
El suceso estremeció a la ciudadanía, mientras vecinos y sobrevivientes de la tragedia culparon a Ortega por el ataque, que puso en duda la credibilidad del gobierno en el cumplimiento de sus compromisos.
"Las acciones criminales perpetradas por el gobierno violentan flagrantemente los derechos de niños y niñas", advirtió el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en un comunicado en el que denunció "acciones de terrorismo de Estado contra la población civil", según recogió la agencia de noticias DPA.
En las últimas dos semanas, Managua y otras ciudades se vieron presas del terror por la inédita presencia de francotiradores en lugares públicos y la movilización de hombres fuertemente armados en redadas contra opositores al gobierno.
Entre otros acuerdos del diálogo, el gobierno accedió el viernes a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y la Unión Europea envíen misiones a Nicaragua para apoyar una investigación de las muertes ocurridas en las protestas, sancionar a los responsables y resarcir a las familias de las víctimas.
No obstante, el punto más arduo de las negociaciones es la democratización, debido a que la oposición intentará incluir a toda costa temas como una reforma constitucional, el adelanto de las elecciones de 2021 y la salida de Ortega del poder a corto plazo.
"No aceptaremos imposiciones que rompan el ordenamiento jurídico y las reglas del juego establecidas para cambiar gobiernos a través de elecciones", advirtió el canciller Denis Moncada, jefe de la delegación oficial en el diálogo.
El diálogo se reanudará mañana, con mesas de trabajo que avanzarán en temas de discusión que serán votadas por la mesa plenaria al día siguiente.
Hasta ahora, el principal reclamo del gobierno fue que los campesinos retiren más de 140 "tranques" (retenes) que impiden la circulación de unos 4.000 furgones de carga con mercaderías varados hace semanas sobre las carreteras que comunican con el resto de Centroamérica, lo que supone millonarias pérdidas al país.
"No vamos a quitar los 'tranques' hasta que no se vaya Daniel Ortega", respondió tajante la líder campesina Francisca Ramírez, sumando presión al gobierno en medio del conflicto que tiene paralizado al país. La mayoría de las escuelas y colegios, y todas las universidades de Nicaragua siguen cerradas.
De estas últimas, dos están bajo control de decenas de estudiantes atrincherados en sus instalaciones, a menudo atacadas a balazos por policías y fuerzas irregulares.
De acuerdo con los economistas, las pérdidas en el país suman más de 1.000 millones de dólares, una cifra muy alta para el segundo país más pobre de Centroamérica.
Los principales daños afectan a las exportaciones, la construcción, el turismo y la inversión externa, con su consecuente impacto en la imagen del país.
Pese a que el gobierno registra 46 muertos desde el inicio del conflicto el 18 de abril, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) contabilizó 215 muertos y más de 1.400 heridos, en la crisis más grave y compleja de los últimas décadas en el país centroamericano.
El pasado 16 de abril, el gobierno de Ortega anunció la aprobación de una reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en riesgo de quiebra por un millonario déficit.
La resolución fue rápidamente rechazada por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), el cual advirtió que se trató de una decisión unilateral que "rompe el modelo de diálogo y consenso" con el gobierno.
En los días subsiguientes, los estudiantes ocuparon las calles en contra de la reforma, por entender que afectaba a miles de trabajadores y jubilados nicaragüenses.
Las manifestaciones se extendieron a 14 ciudades del país y cobraron fuerza debido a la violenta acción de la Policía y grupos paramilitares contra civiles desarmados.
Las protestas y su represión siguieron reproduciéndose hasta hoy, pese a que Ortega derogó la reforma previsional pocos días después de que fuera sancionada.
El 16 de mayo, tras un mes de tensiones, se instaló el diálogo nacional, pero se suspendió una semana después por falta de consenso entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica, que desde entonces exige la salida de Ortega del poder.
Si bien el diálogo se reanudó el pasado viernes y el gobierno se comprometió a "cesar la violencia venga de donde venga", presuntos policías y paramilitares atacaron ayer una vivienda en Managua y seis miembros de una familia murieron calcinados.
El suceso estremeció a la ciudadanía, mientras vecinos y sobrevivientes de la tragedia culparon a Ortega por el ataque, que puso en duda la credibilidad del gobierno en el cumplimiento de sus compromisos.
"Las acciones criminales perpetradas por el gobierno violentan flagrantemente los derechos de niños y niñas", advirtió el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en un comunicado en el que denunció "acciones de terrorismo de Estado contra la población civil", según recogió la agencia de noticias DPA.
En las últimas dos semanas, Managua y otras ciudades se vieron presas del terror por la inédita presencia de francotiradores en lugares públicos y la movilización de hombres fuertemente armados en redadas contra opositores al gobierno.
Entre otros acuerdos del diálogo, el gobierno accedió el viernes a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y la Unión Europea envíen misiones a Nicaragua para apoyar una investigación de las muertes ocurridas en las protestas, sancionar a los responsables y resarcir a las familias de las víctimas.
No obstante, el punto más arduo de las negociaciones es la democratización, debido a que la oposición intentará incluir a toda costa temas como una reforma constitucional, el adelanto de las elecciones de 2021 y la salida de Ortega del poder a corto plazo.
"No aceptaremos imposiciones que rompan el ordenamiento jurídico y las reglas del juego establecidas para cambiar gobiernos a través de elecciones", advirtió el canciller Denis Moncada, jefe de la delegación oficial en el diálogo.
El diálogo se reanudará mañana, con mesas de trabajo que avanzarán en temas de discusión que serán votadas por la mesa plenaria al día siguiente.
Hasta ahora, el principal reclamo del gobierno fue que los campesinos retiren más de 140 "tranques" (retenes) que impiden la circulación de unos 4.000 furgones de carga con mercaderías varados hace semanas sobre las carreteras que comunican con el resto de Centroamérica, lo que supone millonarias pérdidas al país.
"No vamos a quitar los 'tranques' hasta que no se vaya Daniel Ortega", respondió tajante la líder campesina Francisca Ramírez, sumando presión al gobierno en medio del conflicto que tiene paralizado al país. La mayoría de las escuelas y colegios, y todas las universidades de Nicaragua siguen cerradas.
De estas últimas, dos están bajo control de decenas de estudiantes atrincherados en sus instalaciones, a menudo atacadas a balazos por policías y fuerzas irregulares.
De acuerdo con los economistas, las pérdidas en el país suman más de 1.000 millones de dólares, una cifra muy alta para el segundo país más pobre de Centroamérica.
Los principales daños afectan a las exportaciones, la construcción, el turismo y la inversión externa, con su consecuente impacto en la imagen del país.