PROVINCIA

Legislatura: en plena sesión desalojaron de las barras a manifestantes antimineros


El presidente de la Cámara, Roddy Ingram, debió pedir un cuarto intermedio ante la situación de tensión. Adelantó que en breve se pondrá en práctica un nuevo protocolo de seguridad para controlar los ingresos. Hubo polémica por la cesión del yacimiento petrolero de Pampa del Castillo.
27/07/2018 02:00

4.865

Con la presencia de venticinco diputados, se realizó la sesión ordiaria de la Legislatura con posterioridad a la sesión en la que se reconocieron a los estudiantes con mejor promedio. Minutos después del comienzo se debió interrumpir con un cuarto intermedio por las interrupciones que desde las gradas se realizaban con gritos e insultos a los diputados por parte de personas que integraban un grupo identificado como antimineros.

Esto provocó que el presidente de la casa, Roddy Ingram, también pidiera el desalojo de dos personas y la prohibición para que ellos vuelvan a ingresar a la Legislatura. Además adelantó que en breve se pondrá en práctica un protocolo de seguridad para controlar el ingreso de las personas que presencian las sesiones.

Durante la hora de preferencia y a pedido del diputado del Frente para la Victoria, Blas Meza Evans, se aprobó un pedido de informes sobre la deuda y la intención de pago de Petrominera hacia Pampa Energía por el proyecto Ingentis.

Según denunció Meza Evans, “con el pago de siete millones de dólares por parte de Petrominera a Pampa Energía, estamos cerrando el círculo de una de las estafas más grandes de Chubut. Hace diez años nos metieron un buzón que ahora nos sale 200 millones como es el proyecto Ingentis”.

El legislador además adelantó que si se concreta este pago, denunciará a los funcionarios para que sean responsables de esta decisión. También mencionó que en el año 2012 la Fiscalía de Estado había presentado una denuncia contra el exgobernador Das Neves, Pablo Korn y Luis Tarrío quienes habían firmado el decreto Nº 1.321 de 7 de setiembre de 2010, por el cual se dispuso la capitalización en cuarenta millones de pesos y se autoriza a Petrominera a comprar el 10.95% de las acciones de Pampa Energía del proyecto Ingentis.

“Seguimos pagando Ingentis y eso es el colmo de la ridiculez. Que se paguen los siete millones de dólares a Pampa Energía responde a que no se avanzó en la denuncia presentada en 2012. Si la Justicia de Chubut hubiera avanzado en la investigación esta deuda no existiría”, aseguró Meza Evans.

Por último solicitó que se envíe una copia de sus palabras al gobernador Arcioni, al presidente de Petrominera Jorge Ávila, al fiscal de Estado y al fiscal de la causa, Daniel Báez.

El diputado del bloque Convergencia, Alfredo Di Filippo, propuso que en el convenio de CAPSA y PETROMINERA se puede dar un destino específico a los fondos obtenidos, “creo que si la Cámara toma la decisión política, estamos en condiciones de evitar mediante una ley este pago o en qué podemos invertirlo y así bloquear el pago a Ingentis”.

Por su parte el diputado de Cambiemos, Manuel Pagliaroni, hizo referencia al pedido de balances de Petrominera que se pretende y adelantó que los mismos serán “una vergüenza porque se ha descapitalizado”, con el convenio autorizado en la sesión del pasado martes para la UTE con CAPEX por el yacimiento de Pampa del Castillo.

A raíz de esta situación, su compañero de bloque, el diputado Eduardo Conde, presentó un pedido de informes y solicitó los balances de los últimos tres períodos de Petrominera. Además sugirió que los mismos no existen. Por tal motivo adelantó que si no llegan los mismos y se comprueba la irregularidad, se avanzará en una denuncia penal a los funcionarios del gobierno por incumplimiento en sus deberes públicos.

Además Conde reconoció que durante la sesión del pasado martes donde se aprobó con 14 votos el contrato de Capex para formar una UTE con Petrominera para la explotación de un yacimiento petrolero en Pampa del Castillo, “no se pudo responder a los argumentos que se esgrimían para su aprobación por la presión sindical que había en el recinto. Y esto nos viene pasando en la Legislatura, cuando las gradas están llenas se hace difícil expresar las distintas voces en el recinto. Creo que estamos en la antesala de una denuncia penal porque esta decisión que se aprobó se traduce en un perjuicio económico relevante para Petrominera. Hay una estimación de los dieciséis millones de dólares que pierde la empresa al retraerse en su participación societaria”.

También Conde aseguró que la función de Jorge “Loma” Ávila es incompatible, ya que es funcionario del gobierno al ser presidente de Petrominera pero además es el titular del sindicato de trabajadores petroleros.

Arenas silíceas

La diputada por Cambiemos, Jacqueline Caminoa, presentó sobre tablas un proyecto de ley para que el Ejecutivo informe sobre la actividad de extracción e industrialización de arenas silíceas que se efectúa en la localidad de Dolavon.

La legisladora, quien presentó la iniciativa junto a su par Eduardo Conde, señaló en la sesión que el Ejecutivo tendrá un plazo de cinco días para informar sobre el organismo responsable del control de las arenas silíceas, la calidad y categorización de la materia prima extraída de la mencionada localidad, además de pedir una copia de todas las actuaciones concernientes a la habilitación del establecimiento encargado de la explotación.

A su vez, en el artículo 4º, la Ley específica que el Gobierno deberá informar si se ha cumplido con las medidas de mitigación correspondientes establecidas en los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa que lleva adelante el emprendimiento.

Asimismo se pide el registro de extracción de la cantera en metros cúbicos o toneladas, y registro de venta de la planta de industrialización en metros cúbicos o toneladas con la debida intervención del organismo de regulación.

Añade la iniciativa detallar los montos de aranceles percibidos por la provincia en concepto de cánones correspondientes con la actividad y especificar el porcentaje de contribución de acuerdo a lo establecido en el artículo 47° de la ley XVII N°35.#


desalojo Legislatura manifestantes mineria