Comodoro: un fallo ordenó al municipio buscar urgente un sitio para depositar la basura
La Municipalidad también tiene un mes para clausurar la Escombrera Sur y el relleno sanitario, lugar donde hoy se depositan los residuos. Los jueces advirtieron sobre el poco control para que la empresa cumpla con el contrato, pese a que ya cobró más de mil millones de pesos en algo más de 3 años.
Por Rolando Tobárez / @rtobarez
La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia le ordenó a esa Municipalidad que inicie, en un plazo de 30 días, la evaluación ambiental para establecer el sitio de disposición final de los residuos sólidos urbanos que genera la ciudad. En el mismo plazo deberá iniciar la clausura, cierre y remediación de la Escombrera Sur y el relleno sanitario contiguo, donde hoy va la basura.
También en un mes deberá incorporar al servicio de recolección a los barrios Chacras, Dr. René Favaloro y Km 17, al barrio “sin identificar” contiguo a barrio Saavedra sobre el camino Roque González, y a “Balcón del Paraíso”.
La Cámara además ordenó que se cumpla con el Servicio de Recolección Diferenciada de Residuos. Esto incluye instalar los iglúes y Puntos Verdes que aún faltan. Se deben elegir tres terrenos para la construcción de tres Puntos Verdes Integrales.
Al fallo lo firmaron Fernando Nahuelanca y Silvia Alonso, que decidieron sobre el reclamo de 17 vecinos de la ciudad petrolera y de Rada Tilly. Es el primer amparo ambiental vinculado al servicio de recolección en Comodoro.
La sentencia consideró que el municipio “no puede renunciar” a su deber de controlar la actividad de la concesionaria. “Sus deberes van mucho más allá del pago de las facturas que le son presentadas al cobro”. Debe fiscalizar que Clear Urbana SA cumpla con el contrato para no violar el derecho a un ambiente sano. En el caso no hubo estudio de impacto ambiental ni audiencia pública con los vecinos antes de iniciar el servicio.
En agosto de 2016, los vecinos del barrio Chacras denunciaron con fotos la puesta en marcha de una Planta de Tratamientos de Residuos Sólidos Urbanos. Constataron “severas irregularidades”: perros y gaviotas sueltos entre la basura tirada y sin tratamiento, roturas de los fardos de residuos compactados (llamados “balas”) y olor fétido de material en descomposición.
Al predio podía entrar cualquiera. Ningún cartel avisaba nada. Las “balas” no estaban tapadas con tierra. Nada impedía que la lluvia o la nieve escurra los líquidos. Había botellas de plástico y metal sin compactar. A simple vista el terreno no estaba impermeabilizado ni había sistema para la recolección de lixiviados. Detectaron residuos electrónicos y orgánicos, lámparas fluorescentes, aerosoles, electrodomésticos, cartuchos de impresoras. Para la Municipalidad era un “Parque ambiental Modelo”.
A esta planta ingresaban hasta 130 toneladas diarias de basura. “Los daños están a la vista y verificable por cualquier persona (olores, putrefacción, animales, insectos)”. Tales elementos “por su poder contaminante afectarán las capas del suelo y los gases atmosféricos resultantes suspendidos en el aire y fácil traslado por las características climáticas, constituirán perjuicios reales o potenciales para la salud de las personas, en lo inmediato de carácter vecinal”.
En el primer semestre de 2017, dos años más tarde de la firma del contrato, la Escombrera Sur ya se había transformado en relleno sanitario. Pero los residuos no debían ir allí. “Fue una alteración sustancial del servicio originariamente licitado y patentiza –cuando menos- la improvisación técnica de la concedente”, dice el fallo. El lugar original acordado de disposición final era otro: zona norte del ejido urbano, a 27 kilómetros de la Planta. “Sorprende que a escaso tiempo de la elaboración del pliego se cambie el destino, con las implicancias que tendría en la estructura de costos”. Como el lugar original era demasiado caro, se decidió dejarlos en la Escombrera Sur, pegada a la Planta.
Hay notas oficiales internas del municipio que ya pedían urgente un cambio del sitio ante el colapso de la Escombrera. Se trabajaba “en emergencia por la saturación del basural”, además de su cercanía con barrios poblados. “Por el volumen diario que se deposita se considera necesario iniciar la búsqueda y tramitación respectiva para un sitio definitivo”. Las proyecciones decían que en 2017 ya no habría lugar para más basura.
“El análisis de la implementación de la política de gestión integral de los residuos demuestra la existencia de vicios estructurales”, dice la sentencia. Por eso es necesario definir un nuevo lugar que incluya un estudio de impacto ambiental, la audiencia pública de los interesados y potenciales afectados y el certificado de aptitud ambiental.
En cuanto a la negativa de implementar la recolección en algunos barrios, “sorprende que la Municipalidad sostenga que no corresponden a urbanizaciones regulares donde ni siquiera hay calles proyectadas. El análisis del pliego licitatorio demuestra que casi todos esos barrios efectivamente son reconocidos y tienen prevista la prestación”. Decir que son asentamientos irregulares “es un argumento inaudito para denegar el servicio. La política pública para la gestión responsable e integral de residuos no puede ignorar a parte de la población”.
En los barrios sin recolección “sus habitantes tienen hoy una relación conflictiva con la basura. Los desechos se acumulan con bastante frecuencia en los lugares que no han sido ocupados con viviendas”. Se generan basurales y riesgos para la salud debido al contacto directo y las quemas periódicas de los vecinos para disminuir el volumen de residuos acumulados, contaminando el aire. Se degradan los espacios públicos, quedando barrios enteros sin espacios verdes ni lugares de esparcimiento o deportivos. La falta de espacios públicos de esparcimiento “genera un impacto negativo en niños y jóvenes. Es preciso diseñar un sistema de recolección que permita servir a todos los vecinos de dichas villas o asentamientos”.
También hay “severos incumplimientos” para controlar que se haga con la recolección diferenciada de basura. En octubre de 2017 la empresa informó que se ubicaron 117 iglúes, cuando en rigor “debía colocar 100 en los primeros 180 días del contrato y luego como mínimo mil por año: 1.000 en 2016, 1.000 en 2017 y otros mil en este año. La diferencia entre estas cantidades es alarmante y la autoridad de aplicación no ha explicado cómo y por qué no se cumplió”.
El contrato incluye la obligación de construir 6 Puntos Verdes Integrales y 24 Selectivos, para la separación en residuos orgánicos, peligrosos y electrónicos. No se cumplió como se debía.
“La conducta procesal del municipio es reprochable”, advirtieron los camaristas. “Hay notable carencia de prueba y notables incumplimientos (…) Las deficiencias son severas puesto que en un sistema que propicia la selección en origen y el reciclaje es necesario montar la infraestructura para que las personas que generan residuos domiciliarios puedan cumplir con las pautas que el propio Estado municipal fijaó para lograr estándares ambientales mínimos”.
Basta cumplir el contrato para evitar la proliferación de los basurales clandestinos a cielo abierto. Desde 2015 y hasta junio de este año, el municipio le pagó a la empresa $1.057.465.987,39, más el monto directo que cobra la firma de cada vecino que abona la tarifa de higiene urbana. #
Por Rolando Tobárez / @rtobarez
La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia le ordenó a esa Municipalidad que inicie, en un plazo de 30 días, la evaluación ambiental para establecer el sitio de disposición final de los residuos sólidos urbanos que genera la ciudad. En el mismo plazo deberá iniciar la clausura, cierre y remediación de la Escombrera Sur y el relleno sanitario contiguo, donde hoy va la basura.
También en un mes deberá incorporar al servicio de recolección a los barrios Chacras, Dr. René Favaloro y Km 17, al barrio “sin identificar” contiguo a barrio Saavedra sobre el camino Roque González, y a “Balcón del Paraíso”.
La Cámara además ordenó que se cumpla con el Servicio de Recolección Diferenciada de Residuos. Esto incluye instalar los iglúes y Puntos Verdes que aún faltan. Se deben elegir tres terrenos para la construcción de tres Puntos Verdes Integrales.
Al fallo lo firmaron Fernando Nahuelanca y Silvia Alonso, que decidieron sobre el reclamo de 17 vecinos de la ciudad petrolera y de Rada Tilly. Es el primer amparo ambiental vinculado al servicio de recolección en Comodoro.
La sentencia consideró que el municipio “no puede renunciar” a su deber de controlar la actividad de la concesionaria. “Sus deberes van mucho más allá del pago de las facturas que le son presentadas al cobro”. Debe fiscalizar que Clear Urbana SA cumpla con el contrato para no violar el derecho a un ambiente sano. En el caso no hubo estudio de impacto ambiental ni audiencia pública con los vecinos antes de iniciar el servicio.
En agosto de 2016, los vecinos del barrio Chacras denunciaron con fotos la puesta en marcha de una Planta de Tratamientos de Residuos Sólidos Urbanos. Constataron “severas irregularidades”: perros y gaviotas sueltos entre la basura tirada y sin tratamiento, roturas de los fardos de residuos compactados (llamados “balas”) y olor fétido de material en descomposición.
Al predio podía entrar cualquiera. Ningún cartel avisaba nada. Las “balas” no estaban tapadas con tierra. Nada impedía que la lluvia o la nieve escurra los líquidos. Había botellas de plástico y metal sin compactar. A simple vista el terreno no estaba impermeabilizado ni había sistema para la recolección de lixiviados. Detectaron residuos electrónicos y orgánicos, lámparas fluorescentes, aerosoles, electrodomésticos, cartuchos de impresoras. Para la Municipalidad era un “Parque ambiental Modelo”.
A esta planta ingresaban hasta 130 toneladas diarias de basura. “Los daños están a la vista y verificable por cualquier persona (olores, putrefacción, animales, insectos)”. Tales elementos “por su poder contaminante afectarán las capas del suelo y los gases atmosféricos resultantes suspendidos en el aire y fácil traslado por las características climáticas, constituirán perjuicios reales o potenciales para la salud de las personas, en lo inmediato de carácter vecinal”.
En el primer semestre de 2017, dos años más tarde de la firma del contrato, la Escombrera Sur ya se había transformado en relleno sanitario. Pero los residuos no debían ir allí. “Fue una alteración sustancial del servicio originariamente licitado y patentiza –cuando menos- la improvisación técnica de la concedente”, dice el fallo. El lugar original acordado de disposición final era otro: zona norte del ejido urbano, a 27 kilómetros de la Planta. “Sorprende que a escaso tiempo de la elaboración del pliego se cambie el destino, con las implicancias que tendría en la estructura de costos”. Como el lugar original era demasiado caro, se decidió dejarlos en la Escombrera Sur, pegada a la Planta.
Hay notas oficiales internas del municipio que ya pedían urgente un cambio del sitio ante el colapso de la Escombrera. Se trabajaba “en emergencia por la saturación del basural”, además de su cercanía con barrios poblados. “Por el volumen diario que se deposita se considera necesario iniciar la búsqueda y tramitación respectiva para un sitio definitivo”. Las proyecciones decían que en 2017 ya no habría lugar para más basura.
“El análisis de la implementación de la política de gestión integral de los residuos demuestra la existencia de vicios estructurales”, dice la sentencia. Por eso es necesario definir un nuevo lugar que incluya un estudio de impacto ambiental, la audiencia pública de los interesados y potenciales afectados y el certificado de aptitud ambiental.
En cuanto a la negativa de implementar la recolección en algunos barrios, “sorprende que la Municipalidad sostenga que no corresponden a urbanizaciones regulares donde ni siquiera hay calles proyectadas. El análisis del pliego licitatorio demuestra que casi todos esos barrios efectivamente son reconocidos y tienen prevista la prestación”. Decir que son asentamientos irregulares “es un argumento inaudito para denegar el servicio. La política pública para la gestión responsable e integral de residuos no puede ignorar a parte de la población”.
En los barrios sin recolección “sus habitantes tienen hoy una relación conflictiva con la basura. Los desechos se acumulan con bastante frecuencia en los lugares que no han sido ocupados con viviendas”. Se generan basurales y riesgos para la salud debido al contacto directo y las quemas periódicas de los vecinos para disminuir el volumen de residuos acumulados, contaminando el aire. Se degradan los espacios públicos, quedando barrios enteros sin espacios verdes ni lugares de esparcimiento o deportivos. La falta de espacios públicos de esparcimiento “genera un impacto negativo en niños y jóvenes. Es preciso diseñar un sistema de recolección que permita servir a todos los vecinos de dichas villas o asentamientos”.
También hay “severos incumplimientos” para controlar que se haga con la recolección diferenciada de basura. En octubre de 2017 la empresa informó que se ubicaron 117 iglúes, cuando en rigor “debía colocar 100 en los primeros 180 días del contrato y luego como mínimo mil por año: 1.000 en 2016, 1.000 en 2017 y otros mil en este año. La diferencia entre estas cantidades es alarmante y la autoridad de aplicación no ha explicado cómo y por qué no se cumplió”.
El contrato incluye la obligación de construir 6 Puntos Verdes Integrales y 24 Selectivos, para la separación en residuos orgánicos, peligrosos y electrónicos. No se cumplió como se debía.
“La conducta procesal del municipio es reprochable”, advirtieron los camaristas. “Hay notable carencia de prueba y notables incumplimientos (…) Las deficiencias son severas puesto que en un sistema que propicia la selección en origen y el reciclaje es necesario montar la infraestructura para que las personas que generan residuos domiciliarios puedan cumplir con las pautas que el propio Estado municipal fijaó para lograr estándares ambientales mínimos”.
Basta cumplir el contrato para evitar la proliferación de los basurales clandestinos a cielo abierto. Desde 2015 y hasta junio de este año, el municipio le pagó a la empresa $1.057.465.987,39, más el monto directo que cobra la firma de cada vecino que abona la tarifa de higiene urbana. #