Tres empresarios libres: aportaron información y ofrecieron obras para no ir a juicio

Patricio Musante, Juan Salaberry y Esteban Torraca propusieron reparar comisarías y ampliar un Centro de Acción Familiar. No hay prueba de que hayan integrado una asociación ilícita. En dos semanas se define si el juez acepta la probation. Fiscalía avaló la oferta pero los querellantes quieren revisarla.

10 AGO 2018 - 21:43 | Actualizado

En dos semanas el juez Sergio Piñeda definirá si admite la suspensión del juicio a prueba para los empresarios de la construcción Patricio Musante, Juan Ignacio Salaberry y Esteban Torraca, imputados por el caso Revelación. Los tres ofrecieron como reparación ejecutar obras a beneficio de la comunidad a cambio de no ser sometidos a juicio oral y público.

Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, fiscales de la Unidad Anticorrupción, aceptaron la probation. Pero Fiscalía de Estado, la Unidad Anticorrupción, los diputados querellantes del Frente Para la Victoria y la ONG “Iniciativa Ciudadana” pidieron tiempo para revisar con cuidado las propuestas antes de opinar si son razonables con los montos de los retornos.

El plazo es el viernes 24 de agosto pero si hay acuerdo, el tema puede resolverse antes. Piñeda sí revocó la prisión domiciliaria para los tres y levantó los embargos e inhibiciones que pesaban sobre ellos. También alivió imputaciones: de miembros de una asociación ilícita con penas de cárcel efectiva, Musante y Torraca pasaron a “cohecho activo”, un episodio cada uno y excarcelable. Todas las partes respaldaron esta decisión. Salaberry ya tenía esta imputación.

Torraca propuso ejecutar en tres meses varias mejoras en la Comisaría del barrio General Mosconi de Comodoro Rivadavia: aprovechar espacios que hoy esa dependencia no usa y hacer, por ejemplo, un estacionamiento para vehículos secuestrados, además de reparar los calabozos, pintura y arreglos en las redes de agua, gas y energía. Aunque estaba nombrada en la causa, también fue desvinculada Fiorella Torraca, su hermana.

Musante ofertó edificar en 6 meses un Salón de Usos Múltiples de 7,5 por 7 metros para en el Centro de Acción Familiar de Gaiman, donde van chicos de escasos recursos. La obra incluiría arreglo de veredas, portón y medianeras. Y la instalación de un cartel dejando en claro el número de expediente y la causa que originó su obligación de hacer la obra.

Salaberry, dueño de Arteco, una empresa familiar más chica, quiere construir un paredón de 70 metros de largo por 2,5 de alto en el patio de la Comisaría 4ª, para cerrar un espacio que se usa para vehículos secuestrados. También colocaría un tanque cisterna de 1.200 litros para resolver los problemas de agua de la Seccional de Trelew y pintaría adentro y afuera. Preguntó todo a los jefes policiales.

Iturrioz calificó a la oferta como “interesante y seductora” teniendo en cuenta, por ejemplo, que las comisarías donde los propios empresarios estuvieron presos “son vetustas, húmedas e inhumanas”.

Ante la insinuación de que es una sanción leve, explicó que “en el Ministerio Público Fiscal no queremos transformarnos en cruzados para que los imputados se pudran en un calabozo sucio y maloliente, no es nuestra función”. Para el investigador comodorense, “nos debemos abocar a los funcionarios públicos porque eran los que debían cuidar los fondos públicos”.

Por su parte, Nápoli admitió que “no pudimos comprobar que hayan integrado una asociación ilícita”, al justificar la aceptación de la probation. Los tres declararon y confesaron fechas, montos y nombres de las coimas. Pero no hay más pruebas en su contra. El fiscal aclaró que sí está probado que “la maquinaria delictiva” que integró el resto de los funcionarios públicos presos “funcionaba con la magnitud que revelamos”, pero sin la participación de estos empresarios. “No queremos destruir la matriz productiva de las constructoras de Chubut, porque hay familias que dependen de ellas y queremos que sostengan su giro comercial. Es justo que esto se otorgue”.

Pidió que un ingeniero o un maestro mayor de obras verifique el avance de los proyectos de la probation. Durante un año y medio los imputados deberán seguir estrictas pautas de conducta y no cometer nuevos delitos.

Si la probation se admite y la cumplen, serán sobreseídos. Pero no impedirá que el Estado chubutense demande a los empresarios y les exija un resarcimiento civil.

Guillermo Iglesias, defensor de Torraca, dijo que un juicio oral hubiese sido una “estigmatización innecesaria”. Federico Ruffa, abogado de Patricio Musante, admitió que la corrupción en la obra pública “siempre existió y está mal” pero considero que “se deberá sentar en el banquillo de los acusados a los órganos de control del Estado, porque este pequeño grupo de empresarios no puede hacerse cargo de la corrupción en todo el sistema”.

El querellante Alfredo Pérez Galimberti representó a Iniciativa Ciudadana y a los diputados Blas Meza Evans, Gabriela Dufour y Alejandra Marcilla. “Hace 30 años Alejandro Fernández Vecino denunció la cartelización de la obra pública y para lograrlo se destruyeron los organismos de control. Tenemos necesidad de que no se repita pero que nadie se crea que el sistema penal puede terminar con la corrupción sistémica”.#

Ninín, con permiso

Andrés Ninín, el periodista involucrado en el caso Revelación y con arresto domiciliario en casa de su exesposa en Rada Tilly, logró permiso para salidas laborales de lunes a lunes de 9 a 20 para trabajar en su radio de calle Sarmiento de Comodoro Rivadavia, realizar tareas periodísticas y contratar publicidades en su coche. No podrá ir a otra ciudad. El fiscal Héctor Iturrioz destacó la predisposición de Ninín para colaborar con el proceso y con las pautas de su detención.

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10 AGO 2018 - 21:43

En dos semanas el juez Sergio Piñeda definirá si admite la suspensión del juicio a prueba para los empresarios de la construcción Patricio Musante, Juan Ignacio Salaberry y Esteban Torraca, imputados por el caso Revelación. Los tres ofrecieron como reparación ejecutar obras a beneficio de la comunidad a cambio de no ser sometidos a juicio oral y público.

Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, fiscales de la Unidad Anticorrupción, aceptaron la probation. Pero Fiscalía de Estado, la Unidad Anticorrupción, los diputados querellantes del Frente Para la Victoria y la ONG “Iniciativa Ciudadana” pidieron tiempo para revisar con cuidado las propuestas antes de opinar si son razonables con los montos de los retornos.

El plazo es el viernes 24 de agosto pero si hay acuerdo, el tema puede resolverse antes. Piñeda sí revocó la prisión domiciliaria para los tres y levantó los embargos e inhibiciones que pesaban sobre ellos. También alivió imputaciones: de miembros de una asociación ilícita con penas de cárcel efectiva, Musante y Torraca pasaron a “cohecho activo”, un episodio cada uno y excarcelable. Todas las partes respaldaron esta decisión. Salaberry ya tenía esta imputación.

Torraca propuso ejecutar en tres meses varias mejoras en la Comisaría del barrio General Mosconi de Comodoro Rivadavia: aprovechar espacios que hoy esa dependencia no usa y hacer, por ejemplo, un estacionamiento para vehículos secuestrados, además de reparar los calabozos, pintura y arreglos en las redes de agua, gas y energía. Aunque estaba nombrada en la causa, también fue desvinculada Fiorella Torraca, su hermana.

Musante ofertó edificar en 6 meses un Salón de Usos Múltiples de 7,5 por 7 metros para en el Centro de Acción Familiar de Gaiman, donde van chicos de escasos recursos. La obra incluiría arreglo de veredas, portón y medianeras. Y la instalación de un cartel dejando en claro el número de expediente y la causa que originó su obligación de hacer la obra.

Salaberry, dueño de Arteco, una empresa familiar más chica, quiere construir un paredón de 70 metros de largo por 2,5 de alto en el patio de la Comisaría 4ª, para cerrar un espacio que se usa para vehículos secuestrados. También colocaría un tanque cisterna de 1.200 litros para resolver los problemas de agua de la Seccional de Trelew y pintaría adentro y afuera. Preguntó todo a los jefes policiales.

Iturrioz calificó a la oferta como “interesante y seductora” teniendo en cuenta, por ejemplo, que las comisarías donde los propios empresarios estuvieron presos “son vetustas, húmedas e inhumanas”.

Ante la insinuación de que es una sanción leve, explicó que “en el Ministerio Público Fiscal no queremos transformarnos en cruzados para que los imputados se pudran en un calabozo sucio y maloliente, no es nuestra función”. Para el investigador comodorense, “nos debemos abocar a los funcionarios públicos porque eran los que debían cuidar los fondos públicos”.

Por su parte, Nápoli admitió que “no pudimos comprobar que hayan integrado una asociación ilícita”, al justificar la aceptación de la probation. Los tres declararon y confesaron fechas, montos y nombres de las coimas. Pero no hay más pruebas en su contra. El fiscal aclaró que sí está probado que “la maquinaria delictiva” que integró el resto de los funcionarios públicos presos “funcionaba con la magnitud que revelamos”, pero sin la participación de estos empresarios. “No queremos destruir la matriz productiva de las constructoras de Chubut, porque hay familias que dependen de ellas y queremos que sostengan su giro comercial. Es justo que esto se otorgue”.

Pidió que un ingeniero o un maestro mayor de obras verifique el avance de los proyectos de la probation. Durante un año y medio los imputados deberán seguir estrictas pautas de conducta y no cometer nuevos delitos.

Si la probation se admite y la cumplen, serán sobreseídos. Pero no impedirá que el Estado chubutense demande a los empresarios y les exija un resarcimiento civil.

Guillermo Iglesias, defensor de Torraca, dijo que un juicio oral hubiese sido una “estigmatización innecesaria”. Federico Ruffa, abogado de Patricio Musante, admitió que la corrupción en la obra pública “siempre existió y está mal” pero considero que “se deberá sentar en el banquillo de los acusados a los órganos de control del Estado, porque este pequeño grupo de empresarios no puede hacerse cargo de la corrupción en todo el sistema”.

El querellante Alfredo Pérez Galimberti representó a Iniciativa Ciudadana y a los diputados Blas Meza Evans, Gabriela Dufour y Alejandra Marcilla. “Hace 30 años Alejandro Fernández Vecino denunció la cartelización de la obra pública y para lograrlo se destruyeron los organismos de control. Tenemos necesidad de que no se repita pero que nadie se crea que el sistema penal puede terminar con la corrupción sistémica”.#

Ninín, con permiso

Andrés Ninín, el periodista involucrado en el caso Revelación y con arresto domiciliario en casa de su exesposa en Rada Tilly, logró permiso para salidas laborales de lunes a lunes de 9 a 20 para trabajar en su radio de calle Sarmiento de Comodoro Rivadavia, realizar tareas periodísticas y contratar publicidades en su coche. No podrá ir a otra ciudad. El fiscal Héctor Iturrioz destacó la predisposición de Ninín para colaborar con el proceso y con las pautas de su detención.


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