Pedirán al menos ocho años para Correa y que devuelva los bienes

Los fiscales Williams y Rodríguez presentaron la acusación para llevar a juicio a los 12 acusados de conformar una asociación ilícita.

06 SEP 2018 - 21:15 | Actualizado

Los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez, de la Unidad Anticorrupción, presentaron la acusación para elevar a juicio la causa El Embrujo” que sindica a Diego Correa de liderar una asociación ilícita para cometer delitos dentro del Estado Provincial. “El daño se ve reflejado en la salida del monto millonario del patrimonio del Estado Provincial, que según la valuación, supera los 35 millones de pesos”, indicaron en su acusación.

Los doce acusados son Correa, exsecretario privado de la Gobernación y extitular de la Unidad Gobernador; Diego Lüters; Natalia Mc Leod; Daniela Souza; Sandro Figueroa; Juan Carlos “Tato” Ramón; el contador Federico Gatica; los exfuncionarios Christian Gisande y Rubén “Bedo” Reinoso; además de Darío Correa; Giulana Mc Leod, y Jorge Godoy.

Los fiscales presentaron 131 testigos para que declaren en el juicio oral. Incluye miembros de las divisiones de Criminalística y de Investigaciones de la Policía; profesionales del Equipo Técnico Interdisciplinario de la Procuración General; funcionarios públicos y empresarios, entre otros. Hay más de 230 elementos de prueba documental. Los fiscales pidieron la inspección ocular de todos los inmuebles embargados y requirieron la reproducción de las intervenciones telefónicas obtenidas en la causa.

“Conductas delictivas”

Williams y Rodriguez sostienen que los acusados cometieron “conductas delictivas con lesión a varios bienes jurídicos, que van desde la tranquilidad pública, pasando por los delitos contra la administración pública, a la luz de las directrices de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, hasta llegar al lavado de activos, los cuales afectan el orden financiero y económico del Estado”.

Correa está sindicado como jefe de la asociación ilícita, fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y autolavado de activos. Los fiscales adelantaron que pedirán una pena no inferior a los ocho años de prisión, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El eslabón

A Lüters lo califican como “un eslabón esencial en la estructura delictiva”. Está acusado como miembro de la asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y enriquecimiento ilícito. Los fiscales estiman que la pena no será inferior a los seis años de prisión, más la inhabilitación perpetua.

A Souza le imputan ser miembro de la asociación ilícita; administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública y enriquecimiento ilícito. Como no posee antecedentes penales, pedirán no menos de cinco años de prisión.

A Mc Leod le imputan ser miembro de la asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. La pretensión punitiva se estima que no será inferior a los cuatro años y seis meses de prisión.

A Gatica le imputan lavado de activos agravado por habitualidad. Por su rol y las conductas desplegadas, pedirán para él cuatro años y seis meses de prisión, y una multa que partirá de los 5 millones de pesos por el lavado concretado.

A Ramón, como miembro de la asociación ilícita, le imputan administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. Le pedirán una pena no inferior a los cuatro años y 6 meses de prisión.

A Figueroa le imputan enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Para él pedirán una pena no menor de los cuatro años de prisión. A Godoy lo acusan de enriquecimiento ilícito y los fiscales pedirán al menos tres años de prisión, más inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Giuliana Mc Leod está acusada de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, y negociaciones incompatibles. La pretensión punitiva partirá del mínimo en los dos años de prisión.

A Darío Correa lo acusan de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública y negociaciones incompatibles. Pedirán para él dos años y seis meses de prisión; a Rubén “Bedo” Reinoso lo acusan de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y los fiscales pedirán dos años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

A Gisande lo acusan de administración fraudulenta y usurpación de autoridad. La pretensión punitiva partirá en los dos años de prisión, más inhabilitación perpetua para cargos públicos.

Los fiscales solicitaron “el decomiso de los bienes muebles e inmuebles” adquiridos con plata negra y de todo el material de electrónica secuestrado.

Resta aguardar que la Oficina Judicial fije audiencia para formular acusación y la “audiencia preliminar” que definirá si el caso va a juicio. Será un Tribunal Colegiado ya que la pena en expectativa es superior a los 6 años de prisión.

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06 SEP 2018 - 21:15

Los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez, de la Unidad Anticorrupción, presentaron la acusación para elevar a juicio la causa El Embrujo” que sindica a Diego Correa de liderar una asociación ilícita para cometer delitos dentro del Estado Provincial. “El daño se ve reflejado en la salida del monto millonario del patrimonio del Estado Provincial, que según la valuación, supera los 35 millones de pesos”, indicaron en su acusación.

Los doce acusados son Correa, exsecretario privado de la Gobernación y extitular de la Unidad Gobernador; Diego Lüters; Natalia Mc Leod; Daniela Souza; Sandro Figueroa; Juan Carlos “Tato” Ramón; el contador Federico Gatica; los exfuncionarios Christian Gisande y Rubén “Bedo” Reinoso; además de Darío Correa; Giulana Mc Leod, y Jorge Godoy.

Los fiscales presentaron 131 testigos para que declaren en el juicio oral. Incluye miembros de las divisiones de Criminalística y de Investigaciones de la Policía; profesionales del Equipo Técnico Interdisciplinario de la Procuración General; funcionarios públicos y empresarios, entre otros. Hay más de 230 elementos de prueba documental. Los fiscales pidieron la inspección ocular de todos los inmuebles embargados y requirieron la reproducción de las intervenciones telefónicas obtenidas en la causa.

“Conductas delictivas”

Williams y Rodriguez sostienen que los acusados cometieron “conductas delictivas con lesión a varios bienes jurídicos, que van desde la tranquilidad pública, pasando por los delitos contra la administración pública, a la luz de las directrices de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, hasta llegar al lavado de activos, los cuales afectan el orden financiero y económico del Estado”.

Correa está sindicado como jefe de la asociación ilícita, fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y autolavado de activos. Los fiscales adelantaron que pedirán una pena no inferior a los ocho años de prisión, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El eslabón

A Lüters lo califican como “un eslabón esencial en la estructura delictiva”. Está acusado como miembro de la asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y enriquecimiento ilícito. Los fiscales estiman que la pena no será inferior a los seis años de prisión, más la inhabilitación perpetua.

A Souza le imputan ser miembro de la asociación ilícita; administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública y enriquecimiento ilícito. Como no posee antecedentes penales, pedirán no menos de cinco años de prisión.

A Mc Leod le imputan ser miembro de la asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. La pretensión punitiva se estima que no será inferior a los cuatro años y seis meses de prisión.

A Gatica le imputan lavado de activos agravado por habitualidad. Por su rol y las conductas desplegadas, pedirán para él cuatro años y seis meses de prisión, y una multa que partirá de los 5 millones de pesos por el lavado concretado.

A Ramón, como miembro de la asociación ilícita, le imputan administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. Le pedirán una pena no inferior a los cuatro años y 6 meses de prisión.

A Figueroa le imputan enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Para él pedirán una pena no menor de los cuatro años de prisión. A Godoy lo acusan de enriquecimiento ilícito y los fiscales pedirán al menos tres años de prisión, más inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Giuliana Mc Leod está acusada de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, y negociaciones incompatibles. La pretensión punitiva partirá del mínimo en los dos años de prisión.

A Darío Correa lo acusan de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública y negociaciones incompatibles. Pedirán para él dos años y seis meses de prisión; a Rubén “Bedo” Reinoso lo acusan de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y los fiscales pedirán dos años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

A Gisande lo acusan de administración fraudulenta y usurpación de autoridad. La pretensión punitiva partirá en los dos años de prisión, más inhabilitación perpetua para cargos públicos.

Los fiscales solicitaron “el decomiso de los bienes muebles e inmuebles” adquiridos con plata negra y de todo el material de electrónica secuestrado.

Resta aguardar que la Oficina Judicial fije audiencia para formular acusación y la “audiencia preliminar” que definirá si el caso va a juicio. Será un Tribunal Colegiado ya que la pena en expectativa es superior a los 6 años de prisión.


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