Food Arts: siguen en riesgo 110 empleos
Trabajadores de Food Arts y dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación se movilizaron a la Municipalidad de Puerto Madryn para reunirse con el intendente Ricardo Sastre para destrabar el conflicto en la empresa, que tiene en vilo 110 empleos.
El jefe comunal no está en la ciudad pero fueron recibidos por funcionarios para analizar el fallo de la Cámara de Apelaciones que cierra los caminos a una posible solución para la planta.
Los jueces resolvieron no innovar ante el pedido de uno de los socios de reabrir la planta, que no pudo trabajar durante la temporada de aguas nacionales por la disputa entre los dueños. La sentencia pone en serio riesgo la continuidad de las fuentes laborales. El STIA pidió una reunión con el Gobierno nacional para que intervenga y siente a las partes; el gremio dejó abierta la posibilidad de llevar al caso al Consejo Federal de Pesca.
Luis Núñez, secretario general del STIA, comentó que en la resolución los jueces “no hicieron lugar al recurso presentado por la empresa Food Arts contra Ipesur; a partir de esto será imposible que la Municipalidad otorgue la habilitación correspondiente, así como desde el Senasa”.
Según los fundamentos de los jueces, al momento de presentarse el pedido de no innovar, la planta ya tenía caídas las habilitaciones para trabajar y el pedido fue a destiempo. “Están pidiendo que no se innove sobre algo que ya no estaba habilitado”, dijo el gremialista, quien calificó el revés judicial como “lamentable porque tendrá derivaciones con los trabajadores que no tienen nada que ver en la cuestión entre los privados”.
El gremio pedirá a la Secretaría de Trabajo que intervenga más activamente. “Se pidieron reuniones a los representantes involucrados en el conflicto pero se presenta uno y el otro falta”. Se solicitará al organismo laboral que los empresarios sean llevados por la fuerza pública porque “queremos saber qué harán”. Núñez planteará ante las autoridades provinciales este inconveniente. “Esto no es tierra de nadie sino que vivimos en un Estado de Derecho. Queremos que se convoque a los empresarios”.
El inconveniente central es una disputa de los socios que derivó en la caducidad de la habilitación comercial. La empresa no pudo trabajar toda la temporada de langostino en aguas nacionales y despediría a 50 efectivos y 60 temporarios. “Si al tema tengo que llevarlo al Consejo para que revise los permisos de estas empresas lo haremos porque queremos la continuidad laboral. Esto independientemente de las peleas intestinas de los empresarios”.#
El jefe comunal no está en la ciudad pero fueron recibidos por funcionarios para analizar el fallo de la Cámara de Apelaciones que cierra los caminos a una posible solución para la planta.
Los jueces resolvieron no innovar ante el pedido de uno de los socios de reabrir la planta, que no pudo trabajar durante la temporada de aguas nacionales por la disputa entre los dueños. La sentencia pone en serio riesgo la continuidad de las fuentes laborales. El STIA pidió una reunión con el Gobierno nacional para que intervenga y siente a las partes; el gremio dejó abierta la posibilidad de llevar al caso al Consejo Federal de Pesca.
Luis Núñez, secretario general del STIA, comentó que en la resolución los jueces “no hicieron lugar al recurso presentado por la empresa Food Arts contra Ipesur; a partir de esto será imposible que la Municipalidad otorgue la habilitación correspondiente, así como desde el Senasa”.
Según los fundamentos de los jueces, al momento de presentarse el pedido de no innovar, la planta ya tenía caídas las habilitaciones para trabajar y el pedido fue a destiempo. “Están pidiendo que no se innove sobre algo que ya no estaba habilitado”, dijo el gremialista, quien calificó el revés judicial como “lamentable porque tendrá derivaciones con los trabajadores que no tienen nada que ver en la cuestión entre los privados”.
El gremio pedirá a la Secretaría de Trabajo que intervenga más activamente. “Se pidieron reuniones a los representantes involucrados en el conflicto pero se presenta uno y el otro falta”. Se solicitará al organismo laboral que los empresarios sean llevados por la fuerza pública porque “queremos saber qué harán”. Núñez planteará ante las autoridades provinciales este inconveniente. “Esto no es tierra de nadie sino que vivimos en un Estado de Derecho. Queremos que se convoque a los empresarios”.
El inconveniente central es una disputa de los socios que derivó en la caducidad de la habilitación comercial. La empresa no pudo trabajar toda la temporada de langostino en aguas nacionales y despediría a 50 efectivos y 60 temporarios. “Si al tema tengo que llevarlo al Consejo para que revise los permisos de estas empresas lo haremos porque queremos la continuidad laboral. Esto independientemente de las peleas intestinas de los empresarios”.#