“En esa zona no hubo ni hay propiedad comunitaria”

Eduardo Zabaleta, abogado del comprador de las tierras en discusión.

Expresivo. Zabaleta levanta su mano en ejercicio de la defensa ante la mirada de Camilo Rechene, su cliente.
13 DIC 2018 - 20:54 | Actualizado

Eduardo Zabaleta, abogado del ganadero Camilo Rechene, comprador de las tierras en discusión, le aseguró al Superior Tribunal de Justicia que en esa zona “no hubo ni hay propiedad comunitaria, por eso no son aplicables las normas que garantizan derechos a las comunidades indígenas”.
Explicó que la Resolución 60/07 del IAC “no cayó del cielo” sino que tiene antecedentes que la respaldan como una operación entre particulares. Como en 1978, cuando según su versión Provincia adjudicó en venta los lotes a Victorino Pilquiman, quien años después los transferiría a sus hijos y éstos a Rechene. El letrado calificó al reclamo de la comunidad aborigen como “una creación libre, un relato”
“Pretender lo contrario viola principios elementales. Mientras la Constitución Nacional siga siendo lo que es, no es posible reformarla; se pretende disociar y disgregar políticamente y social el territorio, restringiendo derechos reconocidos”.
En 1973 Victorino pidió constancia y declaró ante la Policía que venía ocupando esas tierras. El abogado mencionó en la audiencia un informe de los inspectores de la época según el cual “la ocupación fue con hacienda propia, en forma individual, y explotación personal”.
Hasta hubo pobladores que pidieron a Victorino permiso para alambrar. “Quiere decir que ya hablaban de lotes y de posesiones distintas”. El mismo permiso le pidió Victorino a Crecencio. “Se lo negó porque dijo que no era lindero. Así reconoció que no eran tierras comunes, y admitió la individualidad de su ocupación”.
Zabaleta mencionó a varios pobladores de la zona que son adjudicatarios en venta y tienen su título de propiedad. Subrayó que Victorino cumplió los requisitos que le pedían para que su permiso precario de ocupación se transformara en derecho: mejoró el campo, incluyendo herramientas, útiles, marcas y señales para la hacienda. En 1978 el IAC se lo adjudicó en venta. “Ocupó la tierra y cumplió las obligaciones para estar en condiciones de acceder”, dijo Zabaleta. “Es un derecho incorporado a su patrimonio”.
Según su defensa Crecencio –pese a que en 2007 iniciaría el amparo- fue notificado por la Comisaría de Gastre de que a Victorino le habían adjudicado las hectáreas. “No se puede decir que no fue escuchado ni que no participó del trámite; no es cierto que haya recibido un trámite desigual”, dijo el abogado.
“Las explotaciones son individuales e independientes, no son propiedades comunitarias. Mal se puede hoy cuestionar esa Resolución. Crecencio reconocía nuestra ocupación y la prueba es agotadora”.

Herederas

También hablaron Margarita y Norma Huentelaf, hijas y sucesoras de Victorino Pilquiman. Fueron quienes cedieron las tierras a Rechene. “Vendimos en buena ley porque nunca existió una comunidad, nunca conocimos a un lonko ni sabemos qué es. Decimos la verdad”.
La mayor es Margarita. Desde sus 11 años acompañó a su padre, analfabeto, con los trámites y pagos en Rawson. “Nunca hubo una comunidad, todo lo que tenía en su campito es particular, todos tenían su pedacito, eso no fue nunca de los pueblos originarios. No los conocíamos”. #

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Expresivo. Zabaleta levanta su mano en ejercicio de la defensa ante la mirada de Camilo Rechene, su cliente.
13 DIC 2018 - 20:54

Eduardo Zabaleta, abogado del ganadero Camilo Rechene, comprador de las tierras en discusión, le aseguró al Superior Tribunal de Justicia que en esa zona “no hubo ni hay propiedad comunitaria, por eso no son aplicables las normas que garantizan derechos a las comunidades indígenas”.
Explicó que la Resolución 60/07 del IAC “no cayó del cielo” sino que tiene antecedentes que la respaldan como una operación entre particulares. Como en 1978, cuando según su versión Provincia adjudicó en venta los lotes a Victorino Pilquiman, quien años después los transferiría a sus hijos y éstos a Rechene. El letrado calificó al reclamo de la comunidad aborigen como “una creación libre, un relato”
“Pretender lo contrario viola principios elementales. Mientras la Constitución Nacional siga siendo lo que es, no es posible reformarla; se pretende disociar y disgregar políticamente y social el territorio, restringiendo derechos reconocidos”.
En 1973 Victorino pidió constancia y declaró ante la Policía que venía ocupando esas tierras. El abogado mencionó en la audiencia un informe de los inspectores de la época según el cual “la ocupación fue con hacienda propia, en forma individual, y explotación personal”.
Hasta hubo pobladores que pidieron a Victorino permiso para alambrar. “Quiere decir que ya hablaban de lotes y de posesiones distintas”. El mismo permiso le pidió Victorino a Crecencio. “Se lo negó porque dijo que no era lindero. Así reconoció que no eran tierras comunes, y admitió la individualidad de su ocupación”.
Zabaleta mencionó a varios pobladores de la zona que son adjudicatarios en venta y tienen su título de propiedad. Subrayó que Victorino cumplió los requisitos que le pedían para que su permiso precario de ocupación se transformara en derecho: mejoró el campo, incluyendo herramientas, útiles, marcas y señales para la hacienda. En 1978 el IAC se lo adjudicó en venta. “Ocupó la tierra y cumplió las obligaciones para estar en condiciones de acceder”, dijo Zabaleta. “Es un derecho incorporado a su patrimonio”.
Según su defensa Crecencio –pese a que en 2007 iniciaría el amparo- fue notificado por la Comisaría de Gastre de que a Victorino le habían adjudicado las hectáreas. “No se puede decir que no fue escuchado ni que no participó del trámite; no es cierto que haya recibido un trámite desigual”, dijo el abogado.
“Las explotaciones son individuales e independientes, no son propiedades comunitarias. Mal se puede hoy cuestionar esa Resolución. Crecencio reconocía nuestra ocupación y la prueba es agotadora”.

Herederas

También hablaron Margarita y Norma Huentelaf, hijas y sucesoras de Victorino Pilquiman. Fueron quienes cedieron las tierras a Rechene. “Vendimos en buena ley porque nunca existió una comunidad, nunca conocimos a un lonko ni sabemos qué es. Decimos la verdad”.
La mayor es Margarita. Desde sus 11 años acompañó a su padre, analfabeto, con los trámites y pagos en Rawson. “Nunca hubo una comunidad, todo lo que tenía en su campito es particular, todos tenían su pedacito, eso no fue nunca de los pueblos originarios. No los conocíamos”. #


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